La rabia contra el gobierno en Haití

Estado mafioso

Sostenido por la OEA y la misión local de la ONU, el oficialismo haitiano enfrenta denuncias de violencia policial y paramilitar, mientras en el país aumentan las riquezas de una minoría.

Protestas contra el gobierno de Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, el 14 de febrero Afp, Valérie Baeriswyl

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país, cuando su mandato finalizó el 7 de febrero, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino hacia una nueva dictadura haitiana.

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata, ante todo, de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que François y Jean-Claude Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. En este sentido, los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas en bidonvilles (asentamientos) de Puerto Príncipe.

El fenómeno de las bandas armadas que se propaga actualmente en todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la Policía. Incluso, reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió durante la masacre de La Saline, en noviembre de 2018, en la que fueron ejecutadas 60 personas, entre ellas mujeres y niños. Matanzas como esta han sido documentadas por asociaciones de derechos humanos y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los secuestros se han vuelto habituales, al punto de que nadie sabe en qué momento alguien puede ser secuestrado y torturado en los calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Sólo en el mes de enero se registraron al menos 60 secuestros, y en todo 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados.

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse está la creación de la famosa Agencia Nacional de Inteligencia, integrada por agentes que están por encima de la Justicia, la Policía y la administración: se les prohíbe comparecer ante tribunales y sólo rinden cuentas al presidente de la república. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al Ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) al proveer de armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. En cuanto a la Policía, devino, en gran medida, una Policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, que llevan el uniforme policial mientras realizan secuestros.

AFERRADO AL PODER

La Constitución de Haití prevé, en su artículo 134-2, que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción, sino en la de su elección y que, sobre esta base, debe considerarse su mandato de cinco años. Esto significa que el de Moïse concluyó el pasado 7 de febrero y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene, debido a que tardó un año en asumir por irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones.

Moïse fue elegido en octubre de 2015, con una participación del 20 por ciento del padrón electoral, y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata de un mismo proceso electoral). Cabe destacar que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600 mil votos en un país con 11 millones de habitantes. Sectores opositores eligieron al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento de la comunidad internacional.

¿Existe, realmente, un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la quincuagésima legislatura en enero de 2020, cuando aplicó el mismo criterio legal que ahora dice que no rige para él. A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador, pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de los Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales. Se convirtió, a la vez, en Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, emitió unos 40 decretos y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del Ejecutivo». Mientras tanto, redujo las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo.

Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido —Tèt Kale (cabezas calvas)—, al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, el presidente declaró que lo que hará será redactar una nueva carta magna.

Pero al gobierno le faltaba controlar los tribunales de casación. Simulando un intento de golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente a un juez de casación y a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

«ECONOMÍA DE VIOLENCIA»

Jovenel Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas, tras haber sido elegido como candidato por el expresidente Michel Martelly. Durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares de un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del llamado Fondo Petrocaribe, tras la publicación, del Tribunal Superior de Cuentas y lo Contencioso Administrativo, de un informe detallado en el cual el propio Moïse era mencionado (véase «Kote kòb Petrocaribe a?», Brecha, 15-II-19).

Diversas asociaciones defienden, en todo el país, la necesidad de un proceso judicial por este caso, que remite a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el que participan varios miembros del partido Tèt Kale. Para debilitar estos reclamos populares ha sido necesario mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las masacres que las bandas armadas realizan con total impunidad.

Casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder: los sindicatos, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, las asociaciones de derechos humanos, los movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, los movimientos campesinos y todos los partidos políticos, con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y, a veces, balas reales contra los manifestantes. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y la Organización de los Estados Americanos, sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse sólo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar a un personal político que actúa cada vez más como una mafia. Una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal y hace de Haití un espacio para los negocios y no un país con reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema se ha convertido en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero de 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y existe una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia del magnate golpista Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir estevia para la empresa Coca-Cola. Masacres, secuestros, robo de dinero público son, en Haití, la expresión de un Estado mafioso que retoma –para perdurar– el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Asistimos a la creación de una Somalia en las Américas», dijo hace poco al Washington Post Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó en contra de Nicolás Maduro; ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

*   Sociólogo y escritor haitiano especializado en las relaciones entre religión, cultura y política en la región del Caribe. Profesor de la Universidad Estatal de Haití.

(Publicado originalmente en Nueva Sociedad con el título «Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso». Traducción de Gustavo Recalde. Brecha publica fragmentos con autorización.)

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