La rebelión de los jubilados

Unas 100 mil personas marcharon por la avenida principal de Santiago el 24 de julio, y otras decenas de miles lo hicieron en las ciudades importantes de las regiones para defender su derecho a una vejez tranquila, sin la angustia de saber que su jubilación puede quedar reducida a cero si viven demasiado o si caen las bolsas en Fráncfort o Londres.

Protestas en Santiago de Chile

Fueron más que los estudiantes en su mejor momento: unas 100 mil personas marcharon por la avenida principal de Santiago el 24 de julio, y otras decenas de miles lo hicieron en las ciudades importantes de las regiones para defender su derecho a una vejez tranquila, sin la angustia de saber que su jubilación puede quedar reducida a cero si viven demasiado o si caen las bolsas en Fráncfort o Londres. “No + Afp”, era la consigna que se repetía en demanda de cambios radicales al sistema de jubilaciones creado por la dictadura y mantenido por todos los gobiernos democráticos. Las administradoras de fondos de pensiones (Afp, similares a las Afap de Uruguay) son la creación más emblemática del neoliberalismo chileno, hijas del cálculo y la imaginación de José Piñera, ex ministro de Trabajo del régimen de Augusto Pinochet y hermano de Sebastián Piñera. De raíces democristianas, José Piñera se vinculó a la dictadura después de haber pasado estudiando en Harvard los años violentos del boicot y derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. A fines de la década de 1970 pasó a integrar el círculo de jóvenes talentos reclutados por Pinochet para “modernizar” el país, y a los 30 años llegó al Ministerio de Trabajo.

Como parte de la ofensiva para desmantelar el Estado, el joven ministro recibió del gobierno plenos poderes para sustituir el sistema público de jubilaciones y pensiones, supuestamente deficitario, y remplazarlo por uno de ahorro privado. Con ese cambio todos los trabajadores fueron obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos a las administradoras privadas, sin que hubiera aporte alguno de los empleadores. La excepción: los miembros de las fuerzas armadas y la policía, que hasta la actualidad se jubilan a través del sistema fiscal, en el cual sus pensiones se mantienen estables.

Piñera dejó claros en un libro unos objetivos de la reforma que poco tenían que ver con el discurso oficial de hacer que los chilenos tuvieran mejores jubilaciones: la privatización del sistema “significó una disminución gigantesca del poder político del Estado sobre la economía”, y “equivalió a privatizar varias decenas de las empresas que efectivamente pasaron al sector privado”. Por lo menos diez de los ex ministros de la dictadura fueron y siguen siendo miembros de los directorios de las Afp, donde conviven sin problemas con ex funcionarios de los gobiernos democráticos, incluidos varios del primer gobierno de Michelle Bachelet. Al igual que los militares, ninguno de ellos tiene la obligación de entregar un porcentaje de sus ingresos a las administradoras, porque la ley que rige el sistema –impuesta por el gobierno militar– establece el aporte compulsivo sólo para los trabajadores en relación de dependencia o los independientes de medianos y bajos recursos.

Según la Fundación Sol, que estudia las condiciones del trabajo en Chile, más que para beneficiar a los cotizantes el sistema de Afp sirve para dar financiamiento barato a las grandes empresas, en las cuales las administradoras invierten mediante acciones. Según Marco Kremerman, economista de Sol, los grupos empresariales son así subsidiados por los trabajadores y obtienen fondos a una tasa de interés más baja que la imperante en el mercado. Unos 170.000 millones de dólares contiene el cofre de las Afp.

Un ejemplo dado por la Fundación Sol para demostrar cómo el dinero de los trabajadores proporciona capital a las empresas es el del grupo de la familia Matte, propietaria de una compañía fabricante de papeles y cartones que fue un símbolo de la resistencia de la derecha económica al gobierno de Allende. Como accionistas de nueve empresas del grupo Matte, que incluyen bancos, forestales, papeleras y compañías de electricidad y telefonía, las Afp dieron a ese conglomerado empresarial 4.500 millones de dólares. Por otra parte, en el entrecruzamiento de intereses que es común en el mundo empresarial chileno, las grandes empresas participan en la propiedad de las Afp, cuyas ganancias son obtenidas de la comisión que cobran a cada aportante y que está entre 0,5 y 1,5 por ciento, adicional al 10 por ciento del salario mensual que se debe entregar por ley. Unos 2,3 millones de dólares diarios es lo que deja esa comisión en manos de los dueños de las Afp, con un aumento del beneficio entre 2014 y 2016 cercano al 70 por ciento. Entretanto, la jubilación promedio llegó en 2015 a 382 dólares.

A causa de la marcha contra las administradoras, José Piñera resolvió abandonar el circuito internacional de bien pagadas conferencias y clases en las cuales vende el modelo económico chileno, e hizo una declaración de tono mesiánico: “Suspendo mi cruzada mundial, para luchar de nuevo en Chile”. En El Mercurio y La Tercera, los diarios de mayor circulación e ine-quívocamente aliados de la derecha empresarial, la noticia de la manifestación del domingo 24 fue puesta en páginas y sectores marginales; una medición hecha entre el día siguiente y el domingo 7 indicó que entre ambos medios publicaron 41 artículos favorables a las Afp y sólo nueve con posiciones contrarias al sistema.

Hace un año el gobierno recibió el informe sobre las Afp preparado por una comisión de expertos, que recomendó cambios de fondo. Bachelet demoró un pronunciamiento, pero la salida a las calles de la ciudadanía hizo que el martes 9 anunciara algunas modificaciones. Lo más novedoso, al menos para la realidad de Chile, es que los empleadores deberán complementar en un 5 por ciento el aporte de los trabajadores, para llevarlo al 15; además, cuando los fondos sufran pérdidas, las Afp tendrán que devolver las comisiones; se creará una administradora estatal, y se buscará la forma de dar a los cotizantes una representación en los directorios. Buenas intenciones, que deben pasar por el cedazo parlamentario, del cual la derecha suele tener el mango.

Artículos relacionados