La vaca atada

En el último medio siglo, la cadena global de carne bovina cambió. El aumento sostenido de la demanda mundial, principalmente apuntalado por China, llevó a que la producción creciera de forma acelerada, pasando de 28 millones de toneladas en 1961 a 59,3 millones en 2022. En esa vorágine, se comenzó a consolidar una industria controlada por cada vez menos actores, más grandes y con redes en todo el mundo. En ese contexto, varias empresas de origen brasileño irrumpieron en el escenario regional.

Apalancadas por los siempre ávidos capitales financieros y el apoyo del gobierno norteño –fundamentalmente durante la primera década de los 2000–, la estrategia consistió en ampliar la presencia y acaparar cada vez más participación en los mercados, mediante la adquisición de plantas instaladas en los distintos países del Cono Sur. Entre esos grandes jugadores se encontraba Minerva Foods, una empresa de origen familiar creada en 1957 por la familia Vilela de Queiroz y dedicada a la cría de ganado y al transporte de animales, que recién hacia finales de la década del 90 adquirió su primer frigorífico en Brasil. Minerva creció mucho en poco tiempo y actualmente controla unas 25 plantas en el continente, con una capacidad de faena diaria de 29.500 cabezas de ganado. Además, cuenta con cuatro plantas en Australia.

Al igual que Paraguay, Argentina y Colombia, Uruguay no escapó a esta red de expansión de la industria cárnica norteña. El aumento de la participación del grupo en el principal mercado de exportación nacional fue veloz. En 2011 arribaron al país con la compra del frigorífico Pul SA. Tres años más tarde, ampliaron su participación con la adquisición del Frigorífico Carrasco y, en 2017, hicieron lo mismo con la planta de Canelones. En poco más de seis años pasaron a acaparar un 17 por ciento de las ventas hacia el exterior. Así y todo, hasta mediados del año pasado no era el jugador más grande, lo que suponía cierta garantía de competencia interna. Pero entonces las condiciones internacionales cambiaron y Minerva se lanzó por una estrategia más agresiva.

DE PUNTA

Luego de un período de colocaciones y demanda excepcional, el vertiginoso retroceso en los precios internacionales del último año fue el empujón final para el giro estratégico que emprendieron algunas firmas instaladas en el país. La primera en acusar el golpe fue la japonesa NH Foods Ltd., dueña del frigorífico Breeders & Packers Uruguay (BPU). Pese a contar con la planta más nueva y moderna del país, con capacidad para faenar 1.200 cabezas de ganado por día, venía registrando resultados negativos millonarios en los últimos tres ejercicios. Ante esa situación, la firma decidió desprenderse de su frigorífico, y, a fines del año pasado, Minerva anunció que había llegado a un acuerdo para su adquisición. La transacción fue por unos 40 millones de dólares, menos de la tercera parte de lo que habían pagado los japoneses cuando la compraron (135 millones de dólares). Con esa compra, el gigante brasileño pasó a controlar el 26,8 por ciento del total de divisas ingresadas al país por las ventas de carne bovina al exterior. Pero eso no fue todo.

Afectada por millonarias deudas, Marfrig, una de las empresas más grandes del mundo en producción de carne bovina, decidió centrar su negocio en las plantas de producción con mayor valor agregado, desprendiéndose de parte de sus activos en la región (así lo definieron desde la empresa en un comunicado). Esta decisión derivó en una negociación con Minerva, su competidora directa, interesada en esas plantas. En términos comerciales, el acuerdo, que se dio a conocer formalmente el 28 de agosto, implica la venta de 16 plantas frigoríficas por unos 1.500 millones de dólares. Once se encuentran ubicadas en Brasil, tres en Uruguay, una en Argentina y otra en Chile. El director ejecutivo de la empresa, Fernando Galletti de Queiroz, declaró: «Con esta operación aumentamos nuestra presencia geográfica y nuestra capacidad de arbitraje».

De concretarse el negocio, Minerva sumará las tres plantas en manos de Marfrig (Inaler, Colonia y Cledinor) y pasará a concentrar siete frigoríficos en nuestro país. De acuerdo con los datos de Uruguay XXI, los siete frigoríficos representan el 44,5 por ciento del total de divisas que ha ingresado al país por las ventas de carne bovina al exterior en lo que va del año (unos 769 millones de dólares). La adquisición de esas plantas también le permitiría a Minerva reforzar su posición respecto a la cantidad de ganado faenado. De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), a 2022, pasaría a concentrar el 42,6 por ciento de la faena bovina total: 1.028.460 animales.

Ante la noticia, las gremiales que nuclean a los productores ganaderos han manifestado su enérgico rechazo. Consultado por el semanario, Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, sostuvo que el acuerdo «no le va a hacer bien al mercado», ya que un solo actor tendrá poder de compra sobre la producción de «siete millones de hectáreas ganaderas». En tanto, Fernando López, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, agregó que ya cuando se encontraba en análisis la compra del BPU, habían planteado su preocupación; «ahora es mayor», dijo. «Nos preocupa cómo puede afectar la transparencia de las transacciones que una empresa tenga el 45 por ciento de la faena y el 65 por ciento de la capacidad instalada», aseveró. En la misma línea se posicionó el presidente del INAC, Conrado Ferber. En una rueda de prensa realizada en setiembre, Ferber manifestó que la compra de Minerva era una «pésima noticia», ya que se restringirán las opciones de los productores y un grupo quedaría «con casi la mitad de la faena nacional».

La concreción del acuerdo dependerá de que los países en donde se encuentran instaladas las plantas evalúen y aprueben la concentración. En Brasil, el tema está trancado, porque el tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica no cuenta con el quorum mínimo para tomar una decisión (véase la nota de Alex Mirkhan, en esta edición). Mientras que, en el ámbito local, el trámite formal recién ingresaba por estos días. Quien se encargará de analizar si el acuerdo puede derivar en un abuso de posición dominante en la industria frigorífica será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Deberá hacerlo en un contexto de alta tensión y limitada independencia operativa.

DAÑOS COLATERALES

La preocupación de los productores tiene su fundamento. Una eventual posición dominante, como la que se prevé, le permitiría a Minerva Foods tener una mayor incidencia a la hora de negociar los precios que les paga a los productores por la materia prima, habilitando la captura de un margen de ganancia mayor por las ventas al exterior. La posibilidad no resulta lejana. En 2009, un estudio¹ que analizó el mercado del ganado vacuno para faena con el fin de aportar elementos de discusión sobre posibles «conductas, prácticas o recomendaciones anticompetitivas» pasibles de ser sancionadas constató que no existía una transmisión perfecta de precios entre los productores y la industria. Es decir, por ejemplo, ante una variación del 1 por ciento del ingreso promedio de exportación, el precio del novillo se incrementó en 0,69 por ciento; la diferencia resultante era captada por los frigoríficos.

El estudio también concluyó que, en ese momento, no era posible confirmar o descartar una posición dominante tal que fuera capaz de incidir en la formación de precios del sector. La industria cambió desde entonces y ahora las facilidades serían mayores. Para hacerlo Minerva podría apelar a prácticas que han sido denunciadas hace años por los productores, como la limitación del ingreso de animales a los establecimientos, para que los productores tengan que vender por urgencia a un menor precio –principalmente ocurre en momentos de sequía–, o la utilización de su propio ganado. Ello sería posible porque, además de contar con cuatro plantas frigoríficas, Minerva poseé su propio feedlot (establecimiento de engorde de ganado a corral), con una capacidad para albergar unas 8.500 cabezas de ganado. En tanto, con la compra de las plantas de Marfrig, sumaría las 20 mil que tiene en su propiedad el Establecimiento Colonia, el feedlot más grande del país. El ingreso de sus propios animales le permitiría incidir en los precios de compra en momentos de baja oferta de ganado para faena.

Estos problemas se agravan al incluir en la ecuación a los pequeños productores y criadores. A diferencia de los grandes empresarios, que generan una parte importante de la materia de producción y negocian en función de ello, los pequeños productores tienen una capacidad de negociación reducida, y su margen de acción ante un agente que controla la mitad del mercado es aún menor. Otra capa del asunto se observa si sumamos los posibles impactos sobre los trabajadores de la industria, que no solo enfrentan condiciones laborales adversas, sino que ven mermada su capacidad de negociación salarial y de condiciones ante una empresa que no solo crece, sino que hace uso habitual de la rotación de la actividad entre sus plantas, echando mano de la herramienta del seguro de paro para mantener sus márgenes de ganancia (véase nota de Salvador Neves en esta edición).

Pero los hipotéticos efectos derivados de una industria concentrada no impactarían únicamente en los sectores empresarial y trabajador. Siendo Uruguay un país tomador de precios, para las colocaciones en el exterior los valores de venta son fijados internacionalmente. En cambio, a escala local, si bien estos acompañan a los de afuera, su fijación resulta más opaca. Considerando que, de concretarse el negocio, Minerva pasaría a encargarse del abastecimiento de uno de cada tres quilos de la carne bovina refrigerada y productos cárnicos que se consumen en el país –de acuerdo con los datos de 2019 relevados por INAC–, esa arbitrariedad a la hora de fijar los precios en el mercado interno podría dar lugar a una incidencia empresarial directa. En síntesis, la empresa podría aumentar arbitrariamente los precios por el simple hecho de controlar una parte importante del mercado.

La otra posibilidad, que también afectaría a los consumidores uruguayos, tiene que ver con la eventualidad de que el producto sea sustituido por uno de menor calidad. De esto también hay incipientes señales. La importación de algunos cortes de carne a Uruguay no es nueva, pero en los últimos años ha venido aumentando sostenidamente. Mientras que en 2014 se importaron poco más de 2 mil toneladas, en lo que va del año llevan ingresadas más de 28 mil. A su vez, en 2022 se habilitó la importación de nuevos cortes desde Brasil (desde aquellos estados con un estatus sanitario igual o superior al uruguayo). Además de Brasil, el otro país desde el cual se trae esa carne es Paraguay. En las góndolas cárnicas uruguayas ya se encuentran cortes provenientes de plantas de Minerva Foods en Paraguay.

EMBRETADOS

La CPDC deberá evaluar la transacción analizando técnicamente los posibles impactos sobre los productores, los trabajadores y los consumidores. Con base en los resultados, se expedirá, aunque será el gobierno el que tome la decisión final. Es de esperar que el informe técnico ayude a defender la posición elegida, aunque la resolución sin dudas será política. Las opciones posibles para el gobierno son tres: aceptar el negocio tal cual se propone, hacerlo de forma parcial o no aceptarlo. El dilema no es menor.

Aun contando con un eventual análisis positivo por parte de la CPDC, aceptar el negocio no resulta una decisión sencilla para el gobierno. Los sectores agropecuarios son una base política fundamental del Partido Nacional, por lo que una resolución que contravenga sus intereses podría tener consecuencias importantes en sus aspiraciones electorales futuras; máxime cuando –por ejemplo– los lineamientos de impronta nacionalista de Cabildo Abierto (CA) pueden ganar terreno, de cara a la contienda del próximo año. El apoyo del movimiento Un Solo Uruguay a la recolección de firmas impulsada para la reestructuración de deudas a las personas físicas que impulsa CA puede interpretarse como una señal. El contexto actual tampoco es el mejor; el gobierno viene golpeado por sucesivos escándalos públicos y la ausencia de medidas para frenar la caída del dólar ha sido señalada insistentemente por los productores.

Así y todo, negarse a la concreción del negocio tampoco se muestra como una opción viable para el gobierno. No solo porque contravendría buena parte de su fundamentación ideológica –algo que no pesó tanto en otros casos similares recientes–, sino porque existe el riesgo latente de que, frustrada la transacción, Marfrig decida cerrar sus plantas. Ciertamente las posibilidades de que esto último suceda son relativamente bajas, pero es uno de los escenarios posibles, explicitado incluso por Marfrig. Y a ello se suma la buena relación que mantiene Minerva Foods con el gobierno. Ambos han tenido varias reuniones por el tema; además, de la mano de la firma, recientemente se abrió el mercado de exportación de lengua hacia Japón (un objetivo que fue anunciado antes por Minerva –en un reporte trimestral– que por el propio gobierno).

PUNTO MEDIO

«Es una decisión compleja no permitir la concreción del negocio.» Las declaraciones del ministro Fernando Mattos en el programa Valor Agregado,de Radio Carve, son indicadores de que el gobierno se encuentra en la búsqueda de un punto intermedio. Una de las opciones que se barajan por estos días, según supo el semanario, es limitar la operativa, habilitando la transacción únicamente de una o dos plantas. De esta manera se permitiría la concreción del negocio, pero se evitaría que Minerva Foods se haga con una posición tan dominante. Aun así, esta propuesta tiene un escollo por superar: las partes han manifestado que el negocio sería por las tres plantas o nada. Y en su propuesta, tienen presente que, aun cuando los niveles de concentración alcanzarían la mitad de la industria, los límites aceptables de concentración no son rígidos y la decisión también se encuentra atravesada por otros factores.

El camino que buscaría recorrer el gobierno estaría acompañado de alguna medida tendiente a la flexibilización de los tiempos y permisos necesarios para la exportación de ganado en pie. Esta «válvula de escape», tal como la definió el propio Mattos, funciona como una opción para la colocación de ganado por parte de los productores, en caso de que la industria baje sus precios de forma considerable. La exportación de ganado vivo, sin ningún valor agregado en el ámbito local, tampoco es nueva. En los últimos años su uso se ha vuelto cada vez más recurrente, pasando de 100 millones de dólares exportados en 2019 a 243 millones de dólares en lo que va de 2023. Turquía es el principal destino.

Aún resta un tiempo para que se conozca la resolución del gobierno. La comisión tiene 60 días para expedirse a partir del ingreso del trámite. Mientras tanto, las gremiales rurales mantienen reuniones con diferentes autoridades y buscan inclinar la balanza a su favor. El presidente Luis Lacalle Pou deberá afrontar una decisión que, en términos políticos, le puede terminar costando mucho más de lo que hoy se puede permitir.

1. Daniela Alfaro y Martín Olivera, Transmisión de precios y poder de mercado: el caso del ganado vacuno para faena.