—¿Qué representó la causa de la Operación Océano con relación al abordaje judicial de la violencia sexual y violencia de género?
—Creo que implicó, primero que nada, visibilizar las innumerables consecuencias que tiene la violencia sexual en las víctimas. Y, después, ser conscientes sobre la necesidad de todas y todos los operadores de estar preparados y de formarnos en estos temas. Sobre todo desde el entendido de poder amalgamar, armonizar todas las garantías y que se respete el debido proceso de todos los participantes, no solo de las víctimas, sino también de los imputados. A mi entender, es un hito dentro de este tipo de investigaciones, que vino a marcar un antes y un después.
—¿Por qué?
—Porque, si bien no es la primera denuncia ni la primera investigación –porque lamentablemente casos como este hay día por medio–, la Operación Océano tuvo una repercusión mediática que hizo que la sociedad estuviese –al menos en su momento– bastante más alerta de lo que iba sucediendo. Ese trabajo que la Justicia hace todos los días pasó a ser una preocupación de la sociedad. Es un antes y un después porque vino a concientizar sobre cuestiones que estaban naturalizadas, como la acción que configura el delito, que es realizar actos eróticos y sexuales a cambio de una retribución o promesa de retribución con menores de edad.
—¿Esa concientización es coyuntural o permanente?
—Siendo muy sincera, por la volatilidad con la que se maneja la información, sobre todo en redes sociales y en los medios de comunicación, creo que es coyuntural. Desearía que fuera algo permanente, porque se necesitan cambios estructurales a nivel sociocultural que sería deseable que se instalaran, pero que no se instalan de un día para el otro. Quizás hay lenguajes muy diferentes entre lo jurídico y otro tipo de espacios, entonces no alcanza con que una persona vea algo en la televisión, un posteo en Twitter o en otra red social sobre lo que está pasando en la Operación Océano. Eso no alcanza, falta información para cambiar esa naturalización que existe sobre ciertas prácticas sociales que constituyen delito. Se necesitan cambios más profundos, que van de la mano de la formación y de la información un poco más sólida que, muchas veces, a nivel macro, no encuentra los espacios para canalizarse.
—La cobertura de los medios de comunicación que, en principio, como usted decía, permitió visibilizar esta problemática ¿operó con un efecto contrario al potenciar la voz de las defensas de los imputados?
—Lo que siento es que cuando se inició la causa hubo un boom de información, que ayudó a que la gente se acercara y conociera sobre el tema. Pero en un momento –hablo por mí, pero creo que fue la postura de todas las defensas de las víctimas– se entendió que no era saludable ese nivel de exposición, sobre todo por el daño que estaban atravesando las víctimas, que sigue, que continúa en el tiempo y que fue muchísimo, con secuelas muy profundas. No ayudaba estar hablando todo el tiempo del tema porque las expone mucho más. Muchas veces se llegaron a filtrar las direcciones en donde viven, los centros de estudios a los que concurren, el lugar donde asisten a terapia o el lugar donde han estado internadas. Eso generó un desbalance en la información que hizo que la prensa, con el válido derecho de seguir informando, mostrara por muchísimo tiempo la voz de la defensa de los imputados.
—¿Las defensas ganaron el centro del ring en cuanto al juicio mediático?
—Es una opción, es una estrategia. Es verdad que la información queda un poco polarizada, y, como sucede en la vida cuando uno escucha una sola campana, suele quedarse con conclusiones incompletas o parcializadas.
—En el proceso penal de la Operación Océano, ¿se pudo visualizar el cúmulo de estrategias defensivas para estas causas?
—Lastimosamente, no ha sido la excepción. Existe una práctica, un ejercicio de la abogacía que no comparto, que tiene que ver con poner el foco en las víctimas. Este tipo de problemáticas tiene una particularidad muy negativa, que son las dificultades probatorias: son situaciones que, en general, suceden en la intimidad, con ausencia de testigos. Todo esto hace muy difícil la prueba, muchas veces solo se cuenta con el relato de la víctima –que no es el caso de la Operación Océano, en el que hay muchas pruebas–. Entonces, una estrategia de la contraparte es acudir a atacar esa única prueba, desacreditarla, desestabilizarla, intentar que no esté en condiciones emocionales o físicas de acudir a la sede judicial a prestar declaración. Desde esa estrategia logran desacreditar y debilitar el curso de la investigación.
—¿Qué significa el concepto de mala víctima?
—Tanto la mala víctima como la buena víctima son estereotipos, son construcciones que se han forjado para materializar ciertos preconceptos de cómo debería comportarse una víctima en un proceso judicial. Con certeza diría que la víctima más atacada es la víctima de violencia sexual. El gran problema de este tipo de causas son los estereotipos y los prejuicios. Cuando se transita una investigación con base en estereotipos y prejuicios no se están garantizando los derechos de las vícitmas, sino que estás generando evidencia, y una eventual prueba, de mala calidad. Y eso no impacta solo en el derecho de las víctimas, sino en el debido proceso de los imputados, aunque esto pretenda no entenderse. Para desacreditarlas se carga a las víctimas con ciertas mochilas o expectativas que deberían cumplir para responder a determinado statu quo.
—¿Por ejemplo?
—Hay muchos adjetivos. Si vamos a la buena víctima, es quien está dispuesta a declarar en ciertas condiciones. La buena o la mala víctima responden a esa carga que se le pretende atribuir a la víctima. Si viene una víctima que no se adecua a ese encuadre, será un flanco para atacarla o desacreditarla.
—¿Está vinculado con esa estrategia de que la víctima es culpable de su propio padecimiento?
—Tiene que ver con las asignaciones que se les han dado a los roles de género. Históricamente, han existido ciertos comportamientos o atribuciones que debe cumplir la mujer –cómo comportarse, cómo vestirse o no hablar de determinada manera–, y cuando eso no está presente se tiende a atacar: «Fue violada, pero vestía una minifalda». O casos mucho más crudos, que no están sacados de los libros, sino que han sucedido en la realidad, en Uruguay y en otros países, donde se han hecho conclusiones probatorias basadas en máximas de la experiencia que son espurias, como que un tribunal entienda que como la víctima vestía prendas de lencería erótica y de color rojo antes de una violación había salido dispuesta a mantener relaciones sexuales. O que se tome en cuenta si una víctima anteriormente realizó trabajos de filmografía erótica o si subió publicaciones a redes sociales con ropa interior. Hay un desfasaje entre la normativa y la práctica; no se puede analizar la vida privada ni la vida sexual previa de la víctima, tampoco la posterior.
—¿Los jueces y fiscales en Uruguay cumplen con estas disposiciones?
—Muchas veces es difícil en las prácticas mantener el equilibrio de respetar irrestrictamente el derecho de las víctimas y armonizar los derechos del imputado de producir prueba tendiente a probar su inocencia. Hay muchos mitos que se han podido constrastar, pero que en las prácticas siguen estando. Por ejemplo, decir que la perspectiva de géneros o la ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género vino a limitar la posibilidad de producir prueba para el imputado, a generar estándares más flexibles, a condenar sin pruebas. Eso es un mito, no tiene sustento normativo y lo que hace es confundir. Lo que prevé la normativa internacional y la interna son limitaciones para evitar la revictimización, pero no le impiden al imputado producir prueba que permita probar su inocencia.
—Las defensas suelen decir que se ha subvertido el proceso en favor de las víctimas.
—Entiendo que no. Sí se han generado mecanismos de prevención y de protección, y mecanismos tendientes a garantizar derechos de las víctimas, a visibilizar una problemática que estaba completamente naturalizada. Esto no le impide al imputado uno de los grandes derechos del debido proceso que es producir prueba. Lo que sucede es que está siendo bastante difícil ese equilibrio entre no invadir la esfera privada de la víctima y permitir determinadas pruebas. Muchas veces, la defensa solicita pruebas que no tienen que ver con probar la inocencia, sino con atacar a la víctima. Es un círculo vicioso. No puedo decir que se está limitando mi derecho a defensa si lo que estoy impidiendo y se me rechaza es, por ejemplo, como se ha pedido, todo el historial de chats de la víctima en redes sociales. Quizás pueda haber algo con el hecho puntual, pero tiene que estar sólidamente argumentado de por qué es necesario.
—¿Esa es una de las formas de revictimización que aún persisten?
—Sí.
—¿Qué otras existen?
—Se ha llegado a pedir análisis de cuentas bancarias para pretender probar determinado nivel de vida, que va de la mano con los estereotipos. Ante un hecho de violencia sexual se busca conocer qué nivel socioeconómico tiene la víctima para determinar si evidentemente está atravesando una vulneración. Las vulneraciones trascienden a todos los grupos sociales; es un mito asociarlo solo a la clase social. Esto incluye otro estereotipo: en los casos de explotación sexual la buena víctima es la niña, adolescente o mujer pobre que realiza un acto sexual a cambio de un dinero para comer. Hay otras vulneraciones: la víctima puede ser de un estatus social más elevado y estar atravesando otro tipo de vulneraciones desde lo emocional, lo psicofísico, que no tienen que ver con lo económico.
—¿Es una forma de decir que la víctima lo hizo porque quería?
—Sí. También de quitarle peso a otros daños que a veces se exponen como parte de la plataforma fáctica.
—¿Cómo es la aplicación de la ley 19.580 en los tribunales uruguayos?
—Creo que todavía estamos a mitad de camino. En el sentido de que no está el presupuesto que la ley necesita, la infraestructura, porque desde el punto de vista edilicio no se garantizan los estándares internacionales, porque muchas veces se concurre a las audiencias y, si bien la espera es en salas separadas, la entrada es la misma; las víctimas se cruzan con su agresor o son citados a las pericias por los equipos técnicos a la misma hora. Suceden esas cuestiones que hace que no estén garantizadas en un todo las garantías de las víctimas. Eso en Montevideo. Imagínese en el interior, que ni siquiera tiene juzgados que ediliciamente estén preparados, medianamente, para este tipo de audiencias. Falta tomarnos en serio a la perspectiva de géneros.
—¿Por qué?
—Falta tomar consciencia de lo que implica. Un debate en serio en el sistema jurídico sobre qué es y qué no es perspectiva de géneros, y tomar conciencia de cómo ejercemos la abogacía. Para tomar conciencia primero hay que conocer, inevitablemente me tengo que formar. Después puedo seguir pensando que la ley está mal, pero con argumentos.
—Ese es un debate jurídico, pero también político e ideológico.
—Históricamente el derecho ha sido creado por y para hombres, con una visión masculina predominante, hegemónica. Todo lo que venga a revertir ese statu quo va a molestar, va a generar resistencias y el no diálogo, que es lo que no puede suceder. No se puede perder el diálogo. Se manejan tantos mitos que generan ciertas corazas en algunos operadores que hacen que sea muy díficil implementar una normativa, que quizás tenga cosas para mejorar, pero que a nivel regional es de avanzada.
—¿Existe un abuso de denuncias falsas?
—Cuando uno expresa una idea tiene que tener un sustento. Hoy en día, ni en Uruguay ni en los países cercanos hay investigaciones empíricas que den cuenta de un porcentaje de estas supuestas denuncias falsas.
—¿Es una idea que se sustenta en discursos?
—Creo que sí. No lo estoy afirmando ni negando, pero si se quiere instalar ese discurso que sea de manera seria y que se muestre de manera empírica, con cifras, para mejorar el sistema. Instalar un discurso en lo que yo creo que sucede es muy irresponsable. Además, no es serio escudarse, simplemente, en las denuncias falsas, porque invisibiliza otras cuestiones que necesitan la protección del Estado.
—¿La feminización del Poder Judicial y las fiscalías ayudó en la aplicación de la perspectiva de géneros en estas causas?
—La feminización responde a un aumento que viene desde más atrás, vinculado con el ingreso cada vez mayor de mujeres y disidencias a determinados niveles educativos, y la Facultad de Derecho es un gran ejemplo. Después esas mujeres y disidencias van a ejercer determinados roles, en la fiscalía, en el Poder Judicial, en la defensa pública, en la defensa privada. Pero eso no garantiza de por sí una perspectiva de géneros en las investigaciones y en el transitar del proceso. El solo hecho de ser mujer no tiene nada que ver con respetar estos estándares. Para eso tengo que formarme, porque todo lo que está atrás es un trasfondo patriarcal de la sociedad, que está presente en todos los integrantes de la sociedad y que tiene que ver con pautas de crianza que se han multiplicado en el tiempo para mantener cierto statu quo. Muchas veces caemos en un formalismo mágico: solo por el hecho de invocar la perspectiva de géneros creemos que la aplicamos, cuando no necesariamente es así. Hay que romper el mito, que está presente en hombres y mujeres, de que la perspectiva de géneros tiene que ver con ausencia de pruebas.
—¿Qué relevancia tiene que integrantes de la Suprema Corte de Justicia hablen de la necesidad de aplicar la perspectiva de géneros?
—Vuelvo a lo mismo. No hay que caer en un formalismo mágico, y no digo que los ministros lo hayan hecho: el solo hecho de decir que se está aplicando la perspectiva no garantiza que se lo esté haciendo. Hubo sentencias en las que se dejaba entrever que se estaba aplicando la perspectiva de géneros y, sin embargo, tuvieron un tratamiento de la prueba sexista y un abordaje estereotipado de la víctima. Por eso, más allá de lo que uno declare, que es importante, no debemos quedarnos solo con las etiquetas. Lo que se debe hacer es aplicar la norma. No nos gusta hablar de perspectiva de géneros, bueno, digamos que se está aplicando la ley 19.580. Si no me gusta esa interpretación o no estoy de acuerdo, tendré los mecanismos legales para oponerme. Saquemos los rótulos y tengamos presente que se trata de normas de derecho vigentes.
