Somos espectadores de la ilusión del «cese» de la emergencia hídrica que padeció el área metropolitana en los últimos meses. Según un reciente decreto y declaraciones de Luis Lacalle Pou, de Álvaro Delgado y de otras autoridades, el desempeño gubernamental fue extraordinariamente positivo. Se reaccionó a tiempo, no hubo retrasos, las medidas aplicadas fueron las mejores y se construyeron las obras que se requerían en tiempo récord. Por si fuera poco, destacan medidas económicas como la reducción de impuestos para el agua embotellada o la asistencia con dinero para comprarla, como si fueran extraordinarias acciones de solidaridad. Incluso entienden que de esos modos se logró que la región metropolitana contara con agua que califican como potable.
Si esta descripción fuese certera, estaríamos ante uno de los mayores éxitos en políticas públicas del actual gobierno, en tanto se habría remontado con éxito una durísima sequía gracias a un magnífico despliegue gubernamental. Además, seríamos un ejemplo en el mundo de cómo gestionar exitosamente el ambiente, el agua y la salud. Los periodistas de muchos países vendrían a reportar sobre este suceso y llegarían funcionarios de otros gobiernos deseosos de aprender estas políticas.
Pero la realidad es muy distinta. Es así que uno de los más prestigiosos periódicos del mundo, el británico The Guardian, dedicó un duro editorial a la crisis hídrica uruguaya en el que alertaba que el caso uruguayo era ilustrativo de lo que les podría ocurrir a otras naciones. No puede descartarse que muchos gobernantes de América Latina y Europa leyeran ese editorial, porque se publicó el domingo 16 de julio, poco antes del comienzo de la cumbre de gobiernos de esas dos regiones en Bruselas (en la que también participó nuestro presidente). Similares evaluaciones se hacían desde medios de Francia o Alemania.
Al contrario de lo que se dice desde la Torre Ejecutiva, Montevideo se convirtió en la primera capital del mundo en llegar al día cero, al dejar de contar con agua potable. El gobierno nunca reconoció ese hecho, y hoy no importa si lo oculta por motivos publicitarios o si es por la incapacidad en entender lo que estaba ocurriendo. Por una razón u otra, se expresa una tozuda negación y se apela a ilusiones.
Las reacciones nunca fueron inmediatas ni veloces. Se demoró más o menos seis meses en actuar, apelando esencialmente a dos medidas: por un lado, se multiplicaron los límites permitidos de sodio y cloro en el agua y, por el otro, se introdujo el rótulo de «agua bebible». Desde la presidencia se indicó que se aumentaron «un poco» esos límites, pero ese incremento fue del doble para el sodio y el triple para el cloro, lo que dejó en claro nuevamente las consecuencias de las fallas en la enseñanza de las matemáticas entre varios miembros del equipo gubernamental. En tanto el agua dejó de ser potable según las normas nacionales e internacionales, se inventó que era bebible.
La primera medida comprometió la calidad de los controles del Ministerio de Salud Pública y la segunda fue una posición antiambiental desde un ministerio ambiental. Ninguna puede festejarse, ya que expresan todo lo que no debe hacerse. Flexibilizar los requisitos ambientales para volver aceptable lo que no lo es es un mal muy conocido en muchos países, y nos hemos sumado a ese triste grupo. Y la invención de la categoría de «agua bebible» confirma la construcción de ilusiones. No solo eso, porque la crisis también dejó en evidencia que el agua en nuestras canillas contiene otros contaminantes, como los riesgosos trihalometanos.
Otras acciones revelan más ilusiones. Se publicitó una planta desalinizadora que no solo tendría un efecto marginal, sino que no llegó a tiempo. Los medios de prensa convencionales corrieron a reportar sobre la construcción de diques y un ducto en los ríos Santa Lucía y San José, pero no tienen la misma premura en mostrar que al recuperarse esos cursos de agua esas obras se destruyen (como ya ocurrió con el represamiento en Paso Belastiquí hace pocos días). Son obras marginales, costosas, transitorias, aunque útiles en replicar ilusiones de una enérgica respuesta gubernamental.
Desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, fallaron OSE, los ministerios de Salud Pública y Ambiente, y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Es un colapso de varias agencias estatales, pero de todos modos el presidente felicitó a todos sus responsables. El mensaje que se transmite es que es más importante la lealtad y la filiación partidaria que la calidad de la gestión estatal.
Siguen sin saberse las razones por las cuales el gobierno nunca puso en marcha la Comisión Técnica Interinstitucional para el Control de la Calidad del Agua Potable (decreto 237 de 2014), creada justamente para lidiar con este tipo de situaciones. Era esa comisión la que debía determinar excepciones sobre la calidad del agua, así como implementar medidas de acción en la cuenca del río Santa Lucía y controlar los represamientos privados. No solo no fue instalada, sino que parecería que las autoridades ni siquiera están al tanto de esa normativa.
Aún más alarmante es que OSE y el Ministerio de Ambiente (MA) no anunciaran el diseño de un plan de emergencia ante una próxima sequía. El sentido común indica que deberíamos contar con una guía de acciones, como tienen muchas ciudades. Pero ninguno de esos jerarcas parece darse cuenta de su importancia; es como si el futuro no existiera para ellos.
Finalmente, aunque se terminó por decreto la crisis hídrica, se trata de otra ilusión porque ella sigue presente. La contaminación de la cuenca del río Santa Lucía persiste, con igual o mayor gravedad, y las obras de emergencia han lastimado sus ríos. Siguen allí centenas de intervenciones de particulares que alteran el flujo de las aguas, se repiten los usos de agroquímicos o los vertidos de tambos, industrias o ciudades. No solo no se han tomado en cuenta nueva acciones para atender esa grave situación ecológica, sino que ni siquiera el MA ha anunciado que pretenda hacerlo.
Queda en claro que el gobierno no entendió lo que ocurrió en la crisis del agua, no parece haber aprendido y seguiría sin comprender que persisten infinidad de problemas. Como el diagnóstico de situación es errado, las medidas de solución, fatalmente, también lo serán.
Esto se confirma con el emprendimiento recientemente aprobado por OSE para captar agua del Río de la Plata en Arazatí. Otra apuesta a las ilusiones, ya que es una obra irracional: cueste lo que cueste, aproximadamente el 40 por ciento de esos dineros se perderá por las fugas que tiene OSE en el área metropolitana, no resuelve el problema de la salinidad y le suma los riesgos de otros contaminantes. Pero será muy efectiva en producir de 18 a 27 toneladas de lodos cada día, lo que asegura que otra vez seremos foco de atención por contar con un gobierno que pagará por una de las fábricas más caras y grandes del mundo en producir barros: unas 8 mil toneladas de lodos por año.
