Registré una primera aproximación al espionaje telefónico cuando, hace casi tres décadas, un periodista de una revista semanal convenció a un senador para que mantuviera en línea su celular durante una sesión secreta que analizaba venias para ascensos militares.
Años después hubo un episodio que resultó ser un molesto misterio: el líder del Movimiento de Participación Popular mantuvo en un despacho del Palacio Legislativo una reunión reservada y acotada a cuatro participantes, uno de los cuales era invitado a integrar los principales puestos de la lista al Senado. La inmediata –y exacta– revelación de la conversación plantó la sospecha, aunque descartó en principio la indiscreción de los participantes y dejó como especulación –que no resolvió el misterio– una intromisión en algún celular que, aun apagado, funcionó como micrófono mediante un programa de interferencia.
Aquella explicación, que los escépticos descartaban, hoy queda confirmada en exceso con las revelaciones de una investigación periodística sobre el uso de un software de espionaje que una empresa israelí suministra a unos 50 gobiernos en todo el mundo.
Pegasus es un software de hackeo desarrollado por la empresa de vigilancia NSO Group de Israel, que se instala subrepticiamente en los celulares y permite que el atacante acceda a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono. Los clientes de Pegasus son gobiernos y organismos estatales, particularmente de seguridad y de represión.
A partir de una filtración masiva de información, Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro con sede en París, agrupó a periodistas de 16 medios de comunicación estadounidenses, ingleses, franceses y alemanes, entre otros, para investigar 50 mil números de teléfonos «infectados». El resultado es una serie de notas que el consorcio de medios ha comenzado a publicar sobre el esquema general del hackeo y los casos puntuales de espionaje. Amnistía Internacional, que apadrinó la megainvestigación, hizo análisis forenses en su laboratorio digital e identificó a las víctimas: activistas de derechos humanos, políticos, gobernantes, periodistas y abogados.
Hasta ahora la investigación identificó a Azerbaiyán, Bahrein, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita, Hungría, India, Emiratos Árabes Unidos y Gabón como los gobiernos que impulsaron el espionaje, incluso más allá de sus fronteras. Marruecos, por ejemplo, intervino teléfonos en España y Francia. México, por su parte, fue el primer gobierno en contratar los servicios de Pegasus; lo hizo el gobierno del derechista Felipe Calderón en 2012, en un primer contrato por 32 millones de dólares. De los 50 mil teléfonos hackeados en todo el mundo, 15 mil corresponden a abonados mexicanos. Recién con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se desactivó la contratación del software en 2018.
Según la empresa israelí, Pegasus se otorga preferentemente a gobiernos en lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Pero la investigación revela que los principales clientes de Pegasus son gobiernos autoritarios y represivos, y que el principal objetivo de esos gobiernos al aplicar el software es controlar a la oposición política, a la disidencia civil y a los periodistas que difunden información «desagradable».
Antes de acceder a la presidencia, el propio López Obrador fue objeto de espionaje con Pegasus, cuando era el principal opositor político en la escena mexicana. Otro tanto ocurrió en India: el gobierno del primer ministro Narendra Modi espió a su rival político Rahul Gandhi, líder del principal partido de oposición, tal como denunciaron los medios del consorcio. «Si más de 45 países están usando Pegasus, ¿por qué solo se apunta a India?» fue la justificación de un vocero del gobierno. Aunque aún no se han revelado los detalles, allegados a la investigación confirmaron que existen otros casos de espionaje telefónico a gobernantes y políticos europeos, lo que, cuando se divulguen los detalles, podría provocar delicadas situaciones diplomáticas.
La investigación periodística confirmó que 180 periodistas de diversos medios de comunicación fueron blanco del espionaje de gobiernos mediante Pegasus. No es casualidad que el gobierno de Marruecos quedara involucrado en el espionaje al periodista español Ignacio Cembrero, de El Confidencial, quien por décadas ha cubierto la realidad marroquí. El número de Cembrero fue intervenido por el servicio secreto marroquí en 2019 y el espionaje quedó en evidencia porque una publicación oficialista de Rabat reprodujo, por error, una de sus conversaciones.
El consorcio de periodistas y medios pudo establecer el vínculo entre Pegasus y la monarquía absoluta de Arabia Saudita. El periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en Estambul, Turquía, el 2 de octubre de 2018, a manos de agentes saudíes. Ahora se comprobó que su teléfono fue espiado dos días antes del asesinato y que también estaban intervenidos los celulares de sus familiares directos.
La relación directa entre Pegasus y operativos criminales se evidenció también en el asesinato del periodista mexicano Cecilio Pineda, abatido a balazos en 2017, en Ciudad Altamirano, estado de Guerrero, por dos individuos que viajaban en una motocicleta. Su celular, que nunca fue ubicado, había sido intervenido por Pegasus días antes del asesinato, un vínculo que sugiere la participación estatal en ese crimen. Ese año fue uno de los más sangrientos del sexenio de Enrique Peña Nieto, que totalizó más de 150 mil asesinatos y estuvo signado, entre otros escándalos, por la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa. Es significativo que la custodia de seguridad de Pineda –a raíz de las múltiples amenazas de muerte por denuncias periodísticas sobre corrupción– fuera levantada días antes del homicidio.
Al comentar el sistemático espionaje contra periodistas, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó: «Las cifras muestran claramente que el abuso es generalizado, pone en peligro la vida de los periodistas, la de sus familiares y asociados, socava la libertad de prensa y cierra medios críticos. Se trata de controlar la narrativa pública, resistir el escrutinio, reprimir cualquier voz disidente».
Este software israelí parece ser un complemento de la actividad fuera de fronteras del MOSAD, la agencia de inteligencia que opera con y para gobiernos autoritarios, como lo hizo en el pasado con las dictaduras militares en América Latina. La principal revelación de la investigación patrocinada por Forbidden Stories y apoyada por Amnistía Internacional es el papel peligroso que esos gobiernos adjudican al periodismo crítico: el espionaje como sustituto de la censura de prensa. Habrá que poner las barbas en remojo.
