Las críticas a la ley del clima de Macron

Lejos de la justicia

Tras las protestas de los chalecos amarillos, el presidente francés convocó a la ciudadanía a diseñar una nueva norma ambiental. Sin embargo, sus promesas de participación han quedado supeditadas a un interés primordial.

Manifestación convocada por grupos ecologistas, ONG, partidos políticos y sindicatos franceses contra la nueva ley propuesta por el presidente Emmanuel Macron Afp, Christophe Archambault

Cuando Emmanuel Macron asumió la presidencia, en 2017, no fueron pocos en la desmovilizada y descreída izquierda francesa que miraron con cierta simpatía a ese outsider que llegaba prometiendo democratizar la vida política, mejorar la vida de la gente y adoptar, aunque más no fuera porque estaba de moda, políticas «verdes», más respetuosas del medioambiente que las de sus predecesores. En tiempos muy poco ilusionantes, algunos se ilusionaron. Pero no tardó mucho el presidente en decepcionar a casi todos los extraños y a no pocos de los propios. Su autoritarismo creciente, la implementación de todo un arsenal de normas represivas, su opción cada vez más nítida en favor de los «primeros de la clase» (los empresarios, los más ricos), su coqueteo con algunas ideas propias de la extrema derecha le alienaron por completo a Macron aquellas simpatías progres.

El fin de semana pasado, y a pesar de la pandemia y sus restricciones, decenas de miles de franceses salieron a las calles de las principales ciudades (se habla de más de 55 mil en París y otro tanto en el resto del país) para manifestar su rechazo a una de las últimas grandes leyes que el presidente se propone aprobar antes del fin de su mandato, en 2022: la llamada ley del clima, discutida ahora en el Senado después de haber sido aprobada por Diputados.

A los convocantes de las marchas (unas 660 asociaciones, según el portal Mediapart) les sorprendió no solo la cantidad de gente (fundamentalmente jóvenes), sino también la presencia de algunas organizaciones. Por ejemplo, la Confederación Sindical del Trabajo, que hasta ahora había estado ausente de este tipo de movilizaciones. Había también secciones de los chalecos amarillos y, al final de la marcha, aparecían los partidos políticos, sobre todo de izquierda, que hoy ya no cuestionan que cualquier propuesta de cambio social debe incluir, en buen lugar, todo un paquete de reivindicaciones ecologistas, tanto más radicales cuanto más anticapitalistas son sus posturas. «Ver a todos estos jóvenes en la calle me da energía», le dijo a Mediapart (9-V-21) una profesora jubilada militante de Francia Insumisa, «ahora hay que inscribir estas luchas en el combate político, hay que cuestionar al capitalismo».

Otros no se hacen ilusiones con que las marchas puedan hacer cambiar de opinión a Macron ni alterar una correlación de fuerzas para nada favorable a quienes se presentan como rupturistas con el estado actual de las cosas. Pero creen que hay que marcar presencia, aprovechar el ciclo electoral que se avecina y pelear para ir logrando pequeñas victorias. Así lo afirma el presidente de la filial francesa de Greenpeace, Jean-François Julliard. También Élodie Nace, portavoz de la asociación Alternativa: «Impedimos que Amazon abriera un megaalmacén en Francia, logramos que cerrara un aeropuerto. Son pequeñas cosas. Cada victoria cuesta una enormidad, pero así es que iremos avanzando». Cyril Dion, un documentalista que estuvo entre los animadores de la Convención Ciudadana por el Clima, dice que «una ley como la que se está discutiendo, por mala que sea, es mejor que la ausencia de toda ley» y que movimientos como estos, en contextos como el actual, son, «a la larga, imparables».

ESTAFA

La Convención Ciudadana por el Clima fue convocada por Macron en 2019 a raíz de las movilizaciones de los chalecos amarillos, surgidas como una protesta contra el alza de los combustibles, pero convertidas, con el paso de las semanas, en una revuelta que colocaba en el centro del debate la justicia social y el modelo de desarrollo. Para desactivar esas movilizaciones, el presidente ideó un «gran debate nacional» que debía desembocar en esta convención, en la que participarían 150 ciudadanos designados al azar para elaborar una serie de propuestas en sectores como el transporte, la energía, el comercio, la industria, la producción agrícola. El plan original era que esas ideas sirvieran de base para un proyecto de ley que apuntaría a reducir, hacia 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero francesas en un 40 por ciento respecto de su nivel en 1990.

Macron se comprometió a que las propuestas de los 150 ciudadanos llegaran «sin filtro» al Parlamento o que fueran sometidas a un referéndum. Todo un ejercicio de democracia participativa que, de haberse concretado, habría significado una pequeña revolución. La convención se reunió a lo largo de varias semanas, convocó a «expertos» y representantes de asociaciones, a productores y a legisladores, a juristas, a industriales. Los ciudadanos estudiaron, se informaron, discutieron entre ellos y llegaron a una síntesis que presentaron en junio de 2020. «Fue un proceso impresionante que nos sirvió para comprender la urgencia de la crisis climática. Al principio nos sentíamos intimidados porque no éramos expertos, pero obtuvimos mucha información sorprendente», dijo Amandine Roggeman, una gestora cultural parisina de 27 años, al portal de la Deutsche Welle (16-II-21).

Entre las 150 propuestas que presentaron, figura instaurar el delito de ecocidio, prohibir la publicidad de productos ambientalmente dañinos, establecer un impuesto de 4 por ciento a los dividendos de las grandes empresas, consagrar la protección del medioambiente como obligación de la república en el preámbulo de la Constitución, favorecer el transporte en tren y limitar el uso del automóvil y de los aviones… Macron no vio, en principio, mayores objeciones a las sugerencias (salvo la enmienda constitucional, el impuesto a las empresas y la idea de reducir la velocidad de circulación en las autopistas a un máximo de 110 quilómetros por hora) y prometió que el resto sería sometido casi seguramente a consulta popular. Pero no fue así. En diciembre, el presidente dijo que los ciudadanos se habían extralimitado con sus propuestas. Lo que había pasado era que los grandes industriales, los grandes productores agrícolas, el Movimiento de Empresas de Francia (la confederación patronal) habían hecho un exitoso lobby ante el gobierno y los legisladores oficialistas. En enero se conoció la base del proyecto de ley: tenía menos del 40 por ciento de las propuestas de los 150 ciudadanos y la depuración había afectado, como era de prever, a las más radicales. La semana pasada, Macron anunció, a través de la prensa, que no habría referéndum. El experimento de democracia directa quedó prácticamente en la nada.

TODO EL PODER A LOS LOBBIES

El proyecto de ley no solo no tomó en cuenta la gran mayoría de las propuestas de la convención. De 7 mil enmiendas presentadas por los diputados, más de una cuarta parte fueron descartadas de pique por «inadmisibles» por el presidente de la Asamblea Nacional. «Con lo que quedó será imposible alcanzar ni de cerca el objetivo de reducir en 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero», dijo a Deutsche Welle Meike Fink, de la Red de Acción por el Clima. Empresas de transporte (en especial las de aviación, como Air France), de fabricación de automóviles, de la energía, de la construcción se las ingeniaron para lograr que sus intereses se vean mínimamente afectados. Ni siquiera se tomó la sugerencia de prohibir la publicidad de las empresas más contaminantes, salvo las de energías fósiles. Y de la implementación del delito de ecocidio ni hablar. Un accidente industrial, para poder ser considerado «ecocida», deberá tener consecuencias ambientales de un mínimo de diez años, establecidas por «expertos». A comienzos de los dos mil, «expertos» consideraron que el impacto de la mayor marea negra ocurrida en Francia, la del petrolero Erika, en 1999, se había reducido a dos años, cuando todavía bien avanzada la década pasada se veían sus efectos.

Los primeros responsables de la crisis climática, los grandes industriales y las capas más ricas de la población, que son los que generan mayores «huellas de carbono» por sus niveles y modalidades de consumo, fueron totalmente dejados de lado por esta ley. «Lejísimos se está de la “justicia climática” de la que habló en cierto momento el gobierno», consideró el economista y codirector del Laboratorio sobre las Desigualdades Mundiales Lucas Chancel (Mediapart, 22-IV-21). «En Francia, el 1 por ciento de los más ricos tienen una huella de carbono ocho veces superior a la de la mitad más pobre de la población», por lo que la justicia climática es indisociable de la justicia social, dijo Chancel. La sugerencia de la Convención Ciudadana sobre el Clima de un impuesto de 4 por ciento a las ganancias de las grandes empresas iba en ese sentido.Pero por algo fue descartada de plano por Macron, cuyo gobierno eliminó el impuesto a las grandes fortunas y se niega a pedir una contribución adicional a los más ricos por los gastos generados por la pandemia.

«Lo que hay que concluir de todo lo sucedido con la ley sobre el clima y la convención es que no podemos esperar nada que venga de arriba. Deberemos seguir movilizándonos, promoviendo acciones de desobediencia civil, manifestando, presentando demandas judiciales», dice Nace, de Alternativa. La periodista ambiental Jade Lindgaard piensa que a las asociaciones y los partidos que animan el movimiento contra la ley del clima les falta punch, una reflexión estratégica de largo plazo que no excluya la idea de confrontación directa. Si no lo hacen, los manifestantes lo abandonarán, dice. Y recuerda aquella consigna de 2008 de las movilizaciones por la justicia climática en Copenhague: «Cambiemos el sistema, no el clima».

Netuy marzo21

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