La semana pasada, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, hizo públicas las intenciones de limitar el uso de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). La propuesta del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pasa por prohibir las compras en aquellos comercios cuyos rubros de giro no son estrictamente de alimentación, higiene personal o limpieza del hogar. No se trata de una medida de ahorro, ya que no se limitaría el gasto, sino de una decisión esencialmente ideológica: si les damos dinero a los pobres, hay que monitorear que lo usen solo para garantizarse un mínimo biológico de subsistencia. Cualquier gasto que se aleje de esto, sea comprar electrodomésticos o algo en la ferretería para hacer un arreglo en la casa, constituye un abuso, una suerte de desagradecimiento.
Un primer punto a considerar es que la idea de direccionar el gasto de estos hogares hacia ciertos bienes, restringiendo el uso de la TUS, desconoce que esta transferencia constituye solo una parte de sus ingresos. Por lo tanto, los beneficiarios pueden terminar comprando los bienes «no deseados» con el resto de sus ingresos. En este sentido, podemos decir que se trata de una medida inefectiva, para direccionar el consumo hacia ciertos bienes. Por otro lado, es cuestionable que las necesidades básicas de un hogar estén dadas solamente por alimentos, artículos de limpieza y artículos de higiene personal.
Lamentablemente, la propuesta de Lema consiste en plegarse a las definiciones originales del programa del MIDES. De hecho, anteriormente la TUS se llamaba Tarjeta Alimentaria, y ampliar dicha política tanto en los rubros de los artículos que se compran como en los montos y la cantidad de beneficiarios costó no pocos debates en la izquierda. Durante la era progresista, este tipo de políticas se tensionaron en el gobierno entre movimientos de recorte y ajuste, por un lado, y movimientos de expansión hacia la universalización, por el otro. Cuando se creó el Plan de Equidad, en 2008, estaba abierto, incluso, el debate sobre la renta básica universal. Sin embargo, más allá de la prédica de varios actores del MIDES contra las contraprestaciones y a favor del reforzamiento de los pilares universales durante la era progresista, esta línea no logró ser la predominante. La lógica universalista fue obturándose y la estrategia de focalización se consolidó.
Esa ampliación de derechos y prestaciones que tanto cuesta consensuar en la izquierda es objeto de rechazo unánime en la derecha, que usa como argumento un sentido común meritocrático e individualista, que responsabiliza a los pobres de su situación. La estrategia ha sido buena, ya que, según releva la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,1 de los noventa para acá la gente piensa, cada vez más, que la pobreza es un problema individual y no colectivo: entre 1996 y 2011, el porcentaje de la población que le adjudicaba mayor responsabilidad al Estado para explicar la pobreza cayó de 52 a 25 y el de la población que les adjudicaba mayor responsabilidad a los individuos subió de 14 a 27. Esta apuesta sirve, además, para sacar del foco del debate a los sujetos que son beneficiados con políticas específicas y cuyos méritos y merecimientos no son cuestionados. En ese sentido, queremos mostrar algunos ejemplos de cómo, a mayor nivel socioeconómico, más libertad y menos exigencias ofrece la política pública.
En primer lugar, está la TUS, pensada para la vulnerabilidad extrema. Limita qué y hasta dónde se puede comprar, por lo que el nivel de tutelaje es sumamente alto. En este sentido, la fijación del Partido Nacional (PN) con la TUS no tiene nada de nuevo. En 2011, la diputada Analía Piñeyrúa interpeló al entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. La interpelación tuvo mucho que ver con una preocupación obsesiva del PN con los problemas de focalización y la necesidad de exigir contraprestaciones a los beneficiarios, pero el detonante fueron unos informes según los cuales había un consumo importante de papas chips. ¡Mirá si un pobre va a comer papas chips con plata de la transferencia! No importa si es para festejar un cumpleaños, mirar los partidos de la selección o, simplemente, por gula. Se trata de disciplinar a los pobres a como dé lugar, de calificarlos de merecedores o no merecedores.
En segundo lugar, están las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE), que incluyen un conjunto más amplio de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica y no establecen ninguna limitación en el tipo de artículos o comercios donde se pueden hacer las compras. Sin embargo, estas transferencias están sujetas al cumplimiento de ciertas contraprestaciones, vinculadas a, por ejemplo, la asistencia a los centros educativos.
En tercer lugar, están las deducciones al impuesto a la renta de las personas físicas (que constituyen una renuncia del Estado a recaudar) según la cantidad de hijos del contribuyente, que benefician a personas que perciben ingresos formales medios y altos. En este caso deja de existir cualquier tipo de exigencia respecto al rubro y al comercio en que gastar, así como respecto a las contraprestaciones. Los hijos de quienes reciben ese beneficio monetario, ¿terminaron el liceo?, ¿tienen el carné de vacunas al día?, ¿comen papas chips?
Algo similar ocurre con la exoneración tributaria a la educación privada. Por artículo 69 de la Constitución, está exonerada de impuestos y, por una sobreinterpretación de la carta magna hecha durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, está exonerada también de los aportes patronales a la seguridad social. Es claro que ese gasto tributario que pagamos entre todos está focalizado a los ingresos medios-altos y altos. Económicamente, representa un gasto similar al de las AFAM-PE. Sin embargo, no hay contrapartidas para este gasto. ¿Se les exige en el debate público determinado nivel de excelencia académica a las instituciones educativas privadas?
Los ejemplos mencionados nos permiten poner un tema clave sobre la mesa: el actual sistema de impuestos y transferencias de Uruguay se encuentra fragmentado por nivel socioeconómico, con políticas centradas en la pobreza y otras en el resto de la población. Las diferencias en el diseño y la implementación de estas políticas contribuyen a poner el foco en la población en situación de pobreza, a estigmatizarla (sabemos quiénes son, porque tienen una tarjeta que los identifica; sabemos en qué gastan, porque el Estado tiene una trazabilidad completa de su uso, y sabemos dónde gastan) y a invisibilizar el esfuerzo que hace el Estado para apoyar a los sectores de ingresos medios y altos.
La viabilidad de las políticas que buscan reducir la desigualdad depende no solamente del diseño técnico de los programas, sino también de cómo impactan en la percepción de la población respecto a las causas de la desigualdad y el esfuerzo que hace el Estado para reducirla. En este contexto, debe pensarse en un rediseño integral del sistema de impuestos y transferencias, que tenga como uno de sus objetivos prioritarios reducir la desigualdad y superar el actual diseño fragmentado y estigmatizador.
Un bien de lujo, en la literatura económica, es un bien consumido preponderantemente por los sectores de altos ingresos. En el discurso dominante, parece que la libertad es un bien al que solo deberían acceder unos pocos, mientras que para el resto de la población predominan el control y el disciplinamiento.
1. Valores y creencias de los uruguayos: ¿freno o impulso para un desarrollo sostenible?, disponible en www.opp.gub.uy.
* Pablo Blanchard es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Pablo Messina es docente de la misma facultad y socio de la cooperativa Comuna.
