Lo prometido es deuda – Brecha digital

Lo prometido es deuda

Un acuerdo con los fondos buitre y la emisión de casi 15.000 millones de títulos para financiar ese pago son los dos primeros anuncios presidenciales ante el Congreso. Fuertes críticas al kirchnerismo, amenazas veladas a los parlamentarios y un puñado de promesas políticamente correctas marcaron el discurso de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Legisladores de la oposición se manifestaron durante el discurso de Macri / Foto Afp: Pierre-Philippe Marcou

Poco más de una hora fue suficiente para que Mauricio Macri ratificara ante el Poder Legislativo todo lo que hizo en estos tres meses de gobierno y anunciara una profundización del modelo liberal, con más endeudamiento, más despidos, sofisticadas formas de represión a la protesta y acercamiento a los centros de poder mundial.

Referencias a un Estado gigante y bobo con más militantes que empleados, críticas a las universidades nacionales por convertirse en centros de militancia política antes que generar excelencia académica y condenas al enfrentamiento con los poderosos locales e internacionales se llevaron la primera media hora del discurso. Apelaciones a “un mundo feliz”, al estilo de Aldous Huxley, ocuparon la segunda media hora, en la que además mencionó algunos proyectos parlamentarios en busca de confirmar el rumbo liberal de su gobierno por lo menos para los próximos cuatro años.

Entre los anuncios dignos de un mundo feliz Macri enumeró los tres ejes rectores de su propuesta, resumidos en pobreza cero, derrota del narcotráfico y unidad nacional “con todos los argentinos”. Dejando de lado esto último, un enunciado caro a las derechas argentinas desde comienzos del siglo XX, y obviamente impracticable, el presidente espera mayor generación de empleo y menos inflación. Desde sus bancas los legisladores K lo abuchearon mientras levantaban pancartas con la leyenda “Basta de despidos”.

La lógica macrista es similar a la menemista por lo liberal de sus propuestas. La baja de la inflación y la generación de empleo tienen, según el discurso presidencial, sólo son posibles si se baja el déficit fiscal generado desde 2007, año en que fue electa Cristina Fernández. Lo mismo dicen los papers emitidos por Alfonso Prat Gay y el titular del Banco Nación, Carlos Melconián, que desde diciembre insisten en la necesidad de un ajuste fiscal profundo, al tiempo que transfieren al sector agroexportador casi 120.000 millones de pesos, con un dólar oscilante en torno a los 15 pesos.

Para compensar, Macri anunció la reducción de tres puntos en el Iva a los productos de la canasta básica de alimentos populares, lo que equivale a un ahorro, según las consultoras, de unos 1.000 pesos mensuales para una familia tipo, que a su vez recibirá facturas por servicios de luz, agua y gas con aumentos de entre 500 y 2.300 pesos por mes.

La reforma judicial es otra de las metas oficiales, más ahora con la alianza que estableció el macrismo con la “familia judicial”. Este pacto de sangre fue rubricado el lunes 29 de febrero, luego el ex agente de inteligencia Antonio Stiuso aseguró sin pruebas que al fiscal Alberto Nisman lo mataron “grupos afines al gobierno anterior”. Cuando la jueza Fabiana Palmaghini le reprochó no haberlo dicho en su declaración de enero de 2015, Stiuso sostuvo haberlo hecho pero que la fiscal Viviana Fein ordenó borrarlo de su declaración: con ese solo argumento la jueza denunció a la fiscal y pasó el caso a la justicia federal, donde los operadores macristas, entre los que se cuentan fiscales y funcionarios de carrera, esperan el sorteo del juez para ir contra la plana mayor del kirchnerismo.

La reforma judicial prevé modificar el Consejo de la Magistratura, la designación de jueces en la Corte Suprema,  y después de frenar las reformas al Código Procesal Penal, reemplazarlas por otras surgidas de la familia judicial. Negocio redondo.

PAGO A LOS BUITRES. Macri llegó al Congreso triunfante y con los aplausos del mundo financiero encabezado por la revista Forbes, que consideró al magnate Paul Singer y su fondo buitre Elliot como los responsables de la “capitulación” argentina en la disputa por cancelar de manera soberana la deuda externa contraída por buena parte del elenco económico actual, pero en tiempos del gobierno de la Alianza (1999-2001). Atrás quedaron los días en que Argentina era un ejemplo mundial de reestructuración de deuda y su caso era analizado y elogiado en las Naciones Unidas por sentar un precedente para otros casos de países endeudados.

Horas antes de hablar en el Congreso, Macri insistía al equipo negociador en Washington que cerrara el acuerdo con los grupos más duros de los buitres. El acuerdo finalmente implica un pago en efectivo de 4.653 millones de dólares, alcanzado luego de intimaciones del famoso juez Thomas Griesa, los operadores de los fondos buitre y el propio negociador avalado por el gobierno argentino, Daniel Pollack, que consideró “héroes” a los miembros del equipo económico macrista por esta “capitulación” soberana. Pero el acuerdo sellado requiere iniciar una nueva batalla en el Congreso. Por eso el apuro de Macri por cerrar el tema en Washington. El gobierno se comprometió a pagar el efectivo hasta el 14 de abril próximo, para lo cual Griesa espera que sean eliminadas dos cláusulas imposibles: la ley de pago soberano y la llamada ley cerrojo, que impedían abrir y revisar las reestructuraciones de deuda con los acreedores que aceptaron la propuesta del presidente Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna en 2005. Ahora todo vuelve atrás en el tiempo, los acreedores más duros tienen sus dólares y quienes cerraron el caso hace diez años estudian apelar en alguna instancia internacional.

En la apertura de sesiones Macri se mostró particularmente amenazante con la oposición, es decir los 81 diputados y 39 senadores kirchneristas, y seductor hacia el resto de las bancadas minoritarias que le puedan aportar los votos para lograr la anulación de esas dos leyes antes del 14 de abril. “Espero que sean responsables”, lanzó en su discurso ante la Asamblea. En el Senado la bancada oficialista tendrá que asegurarse la suma de toda la oposición, previsiblemente con promesas a los gobernadores provinciales para que inciten a sus senadores a acatar la voluntad macrista y romper la mayoría K, restándole al menos cuatro votos para asegurarse la victoria. En ambas cámaras ya hay kirchneristas que esperan ser seducidos.

PROTOCOLO REPRESIVO. Después de la reunión del Consejo de Seguridad Interior donde fue anunciado y aprobado el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, duramente cuestionado por abogados y organizaciones sociales, la ministra Bullrich se apuró a declarar que no hubo provincias que no suscribieron el acuerdo, sino que solicitaron tiempo para estudiarlo. Lo cierto es que como aseguró Brecha la semana pasada, solamente cuatro lo adoptaron: ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Jujuy. El resto no lo rechazó, pero “estudia adaptaciones a las realidades de cada provincia”, según confirmaron a este semanario autoridades de Córdoba y Entre Ríos.

Uno  de los ejes de campaña de la derecha en los últimos 12 años fue la inseguridad ciudadana por los asaltos y asesinatos en los barrios bonaerenses, que es donde tiene mayor relevancia ese insumo electoral. Sin embargo, más allá de la Emergencia en Seguridad decretada hasta enero de 2017, que incluye el protocolo represivo, el gobierno no mostró sus propuestas parlamentarias. Ni Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ni Germán Garavano, ministro de Justicia, plantearon antes del 1 de marzo proyectos concretos. “Este mes ingresarán a Diputados las leyes contra el narcotráfico”, ratificó el titular de la bancada de Cambiemos, Nicolás Massot, sobrino del procesado por delitos de lesa humanidad Vicente Massot. El narcotráfico es un símbolo de la inseguridad para el macrismo y por eso enviará proyectos de ley sobre  derribo de aviones y de ajuste en el control de los pasos fronterizos, combinando la actuación de todas las fuerzas de seguridad, lo que implica, según sectores de la izquierda parlamentaria, el riesgo de incluir a las fuerzas armadas en tareas de control ciudadano, como en tiempos de dictadura.

Por lo pronto, las calles de la capital y del conurbano bonaerense exhiben mayor cantidad de uniformados y de controles policiales sobre motos, ciclistas y camionetas. Hace tiempo que un partido triunfante en las elecciones no prometía miedo durante la campaña y sembraba el terror una vez instalado en la Casa Rosada.

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Dos balazos para Berta Cáceres

 

Berta Cáceres era una de las referentes de los movimientos indígenas que en América Central se oponen a megaproyectos mineros o hidráulicos en sus territorios. Hondureña, era dirigente de la comunidad lenca. Ayer jueves la balearon en su casa. En Honduras los asesinatos de militantes sociales son moneda corriente. En los últimos años, Berta Cáceres se había opuesto a la construcción de una megarrepresa sobre el río Gualcarque, que acabaría con las producciones agrícolas y desplazaría a miles de personas. Había recibido amenazas, y ejecutivos de la empresa que lleva a cabo la obra, Desa, y políticos hondureños habían lanzado una campaña de desprestigio en su contra. Cáceres había denunciado también la política de “licencias ambientales” desarrollada por el actual presidente, Juan Hernández, y que supone en los hechos la privatización del “uso de bienes comunes, como los ríos”, según denunció la Organización Fraternal Negra Hondureña, a la que la activista asesinada pertenecía.

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