De un tiempo a esta parte uruguayos y uruguayas hemos tenido que enfrentar cada vez con más frecuencia hechos que creíamos que pertenecían a la ficción o a fenómenos lejanos. Desde hace varios años se volvieron recurrentes las noticias sobre la aparición de cuerpos en distintos barrios, especialmente de la capital, que presentan indicios de haber sido sometidos a condiciones particularmente violentas.
Se ha popularizado el término ajuste de cuentas como un concepto que indica un tipo de muerte distinta a la surgida de disputas vecinales, conflictos familiares o delitos contra la propiedad. Según datos del Ministerio del Interior, estas muertes se concentran entre varones jóvenes y pobres de barrios marcados por la segregación territorial y la exclusión social. La vulnerabilidad estructural los expulsa hacia el margen, donde quedan a merced de los mercados ilegales y las organizaciones criminales. Sus muertes se concentran en «el cinturón de homicidios de Montevideo», aquel que va desde el suroeste, pasa por el centro-norte y termina en el noreste de la capital,1 desentrañando los hilos que unen las vidas breves de jóvenes que acumulan en sus espaldas la exclusión.
¿Qué tienen que ver estas muertes con la normativa vinculada al lavado de activos? Pues mucho. Cuando hablamos de lavado de activos, hablamos del mecanismo que permite que el delito se vuelva negocio. Es el proceso mediante el cual se intenta dar apariencia legal a lo que nació de un acto criminal. Sin ese paso, el dinero sucio no podría circular en la economía formal ni sostener las estructuras del crimen organizado. Por eso el lavado no es una consecuencia, sino el núcleo económico que garantiza la continuidad y la rentabilidad del delito.2
El proyecto aprobado por el Senado –que ahora se analizará en Diputados– modifica la ley 19.574 de 2017 para actualizarla al Código del Proceso Penal vigente, adecuando la normativa al sistema acusatorio y a los nuevos roles en la investigación y la persecución del delito, además de actualizar la legislación conforme a los estándares internacionales. El proyecto reconoce a texto expreso el delito de asistencia al lavado –omitido de hecho por la forma en la que quedó redactada la ley de 2017– y modifica la aplicación de la debida diligencia simplificada –para evitar que los sujetos obligados no financieros consideren de bajo riesgo cualquier transacción con dinero «bancarizado», lo que disminuye la verificación del origen de los fondos–. También se bajan los umbrales para el uso de dinero en efectivo, se incluyen las permutas como operaciones que requieren la verificación y el reporte de operaciones sospechosas cuando amerite –abarcando fenómenos actuales como las transacciones con criptomonedas–, se refuerza la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y se clarifican competencias fiscales de los organismos componentes.
Estas modificaciones apuntan a fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado, ampliar la cooperación interinstitucional y optimizar la coordinación entre los organismos de control, la Fiscalía y las autoridades judiciales. El proyecto constituye una herramienta estratégica para reforzar la transparencia, dificultar el flujo de capitales ilícitos y consolidar la confianza ciudadana en el sistema financiero y en las instituciones públicas.
Creemos que esta discusión no puede quedar invisibilizada entre los debates sobre el ejercicio profesional y sus exigencias burocráticas. No se trata, en esencia, de los trámites que deban realizar contadores, abogados o escribanos, aunque deba procurarse que su trabajo no se vuelva innecesariamente engorroso. Tampoco se trata de debatir si una persona puede hacer grandes pagos en efectivo. Lo que está en discusión es mucho más profundo: los instrumentos con que el Estado y la sociedad pueden detectar y rastrear la renta criminal, condición indispensable para actuar sobre las consecuencias sociales más dañinas de los procesos que la originan.
La renta criminal proviene de mercados que, como cualquier otro, tienen una estructura con dinámicas, tareas y roles particulares e interdependientes. Los mercados ilícitos, al igual que los legales, reservan para los sectores subalternos las tareas de mayor riesgo y menor retorno.3 Y es justamente en esos segmentos en donde se insertan muchos de los fenómenos de violencia y muerte que nos escandalizan y preocupan semana a semana.
La discusión que tenemos entre manos es sobre la violencia, sobre la vida y la muerte de nuestros gurises. Jóvenes empujados por la precariedad estructural y la exclusión social a servir, a menudo sin saberlo, a una economía que enriquece a otros: los que no son tan jóvenes, ni tan pobres, ni viven en nuestros barrios populares.
En esa trama se cruzan los delitos de cuello azul y los de cuello blanco: los primeros, visibles y castigados; los segundos, discretos y muchas veces amparados por el poder.4 Ambos forman parte del mismo circuito, en el que la vida de los más pobres se vuelve desechable y la ganancia de los más ricos permanece intacta. Esa es, en definitiva, la economía de la desigualdad que el lavado de activos ayuda a sostener.
Se estima que el lavado de activos en Uruguay mueve unos 880 millones de dólares al año.5 Sin embargo, nuestras cárceles están llenas de personas pobres condenadas por delitos ligados al microtráfico. Esta tendencia se profundizó en el último quinquenio, cuando la represión al pequeño comercio de drogas se volvió prioridad. Si a quienes el sistema encierra cargan la marca de la precariedad, ¿a dónde va la renta criminal que esos mercados generan?
Los mercados ilícitos –en especial, el de las drogas– son rentables porque su prohibición eleva el valor de la mercancía comercializada. La persecución estatal, al criminalizar sin regular, termina multiplicando el dinero que esos circuitos generan. Pero la fuerza de estos mercados depende del lavado, y la rentabilidad del lavado proviene de su protección y de la selectividad legislativa, judicial y policial.
Uruguay enfrenta un serio problema con la percepción del riesgo de lavado de activos. A veces parece que padecemos una especie de esquizofrenia colectiva: reconocemos su presencia en distintos ámbitos –el auge inmobiliario, los clubes de fútbol invirtiendo más de lo que recaudan–, pero actuamos como si nada pasara. Consideramos que las consecuencias asociadas al lavado no tienen que ver con nosotros. Pareciera que en nuestro país el dinero sucio no es tan sucio como para dejar corrupción, violencia y muerte en el camino. La caída de los reportes de operaciones sospechosas en los últimos años contrasta con el récord de incautaciones y el aumento de la violencia. La paradoja es evidente: tenemos cárceles llenas por delitos de microtráfico, pero muy pocos reportes y casi ninguna condena por lavado de activos.
Necesitamos poner sobre la mesa que el lavado no se ve, porque está lejos de la violencia que llama la atención ciudadana, pero es clave en su emergencia y reproducción. Elevar nuestra capacidad de vigilar, detectar y perseguir este delito es muy importante para la democracia. El lavado de activos atenta contra el proyecto de desarrollo, erosiona la democracia y profundiza las brechas de exclusión.
En definitiva, se trata de redireccionar la política criminal hacia quienes generan y mantienen el crimen organizado, y no solo hacia quienes ponen el cuerpo en sus eslabones más débiles. Mientras sigamos desatendiendo a las estructuras financieras que sostienen el delito, el lavado de activos seguirá siendo el territorio de la impunidad.
- Gabriel Tenenbaum, Mauricio Fuentes, Nilia Viscardi, Ignacio Salamano y Fabiana Espíndola, Relatos de muerte. Homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos, ANII, FCS, FHCE, OBSUR, 2021. ↩︎
- Ricardo Gil, Daniel Espinosa y Gabriel Tenenbaum, Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay, Debate, 2024. ↩︎
- Vincenzo Ruggiero, Delitos de los débiles y de los poderosos, Ad-Hoc, 2005. ↩︎
- Edwin Sutherland, El delito de cuello blanco, La Piqueta, 1999. ↩︎
- Gabriel Tenenbaum y otros, ob. cit., 2021. ↩︎
