“Los cambios institucionales impulsados por el gobierno del Frente Amplio se han quedado cortos”

Con Judith Sutz, sobre ciencia, tecnología e innovación.

Foto: Federico Gutiérrez, archivo

Coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar, Sutz reconoce el aumento de recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación en los gobiernos del Frente Amplio. A la vez advierte el escaso avance en la integración de estos temas a una “política de transformación nacional orientada por una perspectiva de izquierda”. Analiza el creciente proceso de privatización del conocimiento, y se muestra preocupada por las formas que ha ido adquiriendo la evaluación académica en el mundo.

Los gobiernos del Frente Amplio (FA) introdujeron importantes cambios en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación (Cti), los que incluyen la creación de instituciones nuevas como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Anii), la creación del Sistema Nacional de Investigadores y el incremento presupuestal para la Udelar. ¿Qué balance haces de estos cambios?

—Entiendo que dicho balance se espera sea hecho desde una perspectiva de izquierda. Esta perspectiva tiene sentido si no asumimos, tautológicamente, que la política de Cti de un gobierno de izquierda es de izquierda por definición. Ahora bien, ¿qué entendemos por una perspectiva de izquierda en esta materia? Indico sólo un par de dimensiones a tomar en cuenta en el balance referido a los cambios implementados: 1) esfuerzos por aumentar la autonomía en Cti del país, fuertemente basada en el incremento de capacidades propias y 2) transformación de los temas de Cti en temas de relevancia nacional, con la consecuente definición de prioridades de política emanadas de espacios de consulta legitimados. Es difícil asociar dimensiones tan generales y de sentido común con una perspectiva específicamente de izquierda, pero vale recordar el punto de partida en Uruguay hacia 2004: escaso esfuerzo por fortalecer las propias capacidades de Cti, asignaciones presupuestales irrisorias, débil importancia al tema Cti para el desarrollo nacional y, concomitantemente, una estructura institucional asociada a la política de Cti débil, desestructurada y sin capacidad de incidencia. En este marco diría que en el campo Cti los cambios institucionales impulsados por el gobierno del FA se han quedado cortos en materia de inspiración de izquierda.

De los tres cambios mencionados en la pregunta, institucionalmente hablando el más significativo fue la creación de la Anii. No se menciona algo que fue tan significativo como la propia Anii: el sistema de conducción política de los esfuerzos nacionales en Cti, es decir, el Gabinete Ministerial de la Innovación. No es de extrañar, pues dicho gabinete ya no existe: difunto real desde hacía años, tuvo su certificado de defunción con la ley de transformación productiva y competitividad, aprobada a fines de 2017. En dicha ley, la conducción política de la Anii se ubica en el Consejo de Ministros, espacio claramente inespecífico. En los hechos, no existen hoy en Uruguay espacios políticamente legitimados donde se discuta, defina y mandate la política científica y tecnológica. Tampoco existe un espacio donde dicha política y sus acciones concretas sean evaluadas de forma independiente. En conclusión, más allá de las formas, se ha avanzado poco en integrar ciencia, tecnología e innovación en una política de transformación nacional orientada por una perspectiva de izquierda. Y eso refleja, a mi juicio, una preocupante incomprensión sobre la importancia medular de Cti en una política de transformación de ese tipo. Naturalmente, esta opinión se basa en una convicción: la orientación de la política de Cti es tan profundamente ideológica como cualquier otra dimensión de la política pública.

Por otra parte, no cabe duda de que el gobierno del FA ha destinado a Cti más recursos que antes en términos absolutos, y también, aunque con menor destaque, en términos relativos al Pbi nacional. En el caso del presupuesto universitario, el apoyo decidido de sectores frenteamplistas permitió obtener los recursos que habilitaron, entre otras cosas, la expansión de la universidad en el territorio nacional. Ese es un logro que hoy todo el país aplaude y que no tiene marcha atrás porque lo defiende la gente que vivió el cambio.

Cabe señalar que hubo decisiones sobre Cti con claro carácter progresista. Sólo mencionaré una: la disposición del Ministerio de Industria de apoyar, junto con la Universidad de la República y a la Cámara de Industrias del Uruguay, la creación del Centro de Extensionismo Industrial, a la que se sumó cuatro años después, reforzando dicha política, la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande). ¿Por qué calificar esa creación de “política Cti de izquierda”? Porque apunta a apoyar la capacidad de Pymes industriales para hacer del conocimiento y la innovación herramientas para existir y crecer. Esas Pymes en un 80 por ciento carecen de personal calificado, no llegan a los fondos concursables de Cti pensados para otros actores, pero constituyen más del 90 por ciento de las unidades productivas del país. Propender a que la Cti se ponga directamente al servicio de los que más dificultades tienen para hacerlo por sus propios medios forma parte, razonablemente, de una perspectiva de izquierda en la materia.

—¿Cuáles son los principales temas en el debe para el fortalecimiento de una política pública de Cti en Uruguay?

—Mencionaré dos. El primero es la principal debilidad del país en materia de Cti, que no está en la oferta de capacidades, sino en su sub-aprovechamiento por la escasa demanda a dichas capacidades. Las raíces del problema son múltiples y una de ellas, la sistemática preferencia por las soluciones importadas, no ha sido revertida por el gobierno de izquierda; en algunos temas, impensables hace poco tiempo, esa preferencia se ha visto incluso incrementada.

No hay atajos. Los procesos por los que pasaron todos los países que basaron en buena medida sus procesos de crecimiento económico en Cti incluyeron fuertemente el incremento de las capacidades nacionales y en no menor medida su utilización sistemática, aunque ello implicara –como todo proceso de aprendizaje implica– equivocarse, gastar más que comprando lo que ya está hecho y amortizado, y “perder” tiempo. ¿Es eso de izquierda, si lo hicieron países como Japón, Corea del Sur, por no hablar de Estados Unidos? Cuando en contra de todas las recomendaciones del pragmatismo que ofrece soluciones vistosas dentro de un período de gobierno –y puede destruir, de paso, largos años de acumulación de aprendizajes– se apuesta a apoyar el uso intensivo de las propias capacidades, sí, esa política de Cti puede llamarse de izquierda. Porque ataca la raíz del “subdesarrollo voluntario” que sigue caracterizándonos: no creer en nosotros mismos, no abrir oportunidades para aprender a solucionar nuestros propios problemas, no utilizar las posibilidades del espacio público –las compras tecnológicas del Estado, por ejemplo– por desconfiar del espacio público, sinónimo, parecería, de ineficiencia y corrupción. Esto último en particular siempre fue el discurso de la derecha; si sigue siendo en parte cierto, no es cuestión de abrazarse al mercado global, sino cambiar la dinámica del sector público; la madre de todas las reformas, como alguna vez se la llamó por parte del gobierno de izquierda.

El segundo tema a mencionar es el institucional que, como se dijo antes, está muy lejos de estar resuelto. Lo institucional no puede estar desvinculado de los principales desafíos: no hay diseño que sirva para todo propósito. Si el principal desafío es hacer que valga la pena hacer Cti en Uruguay porque el país la usa y requiere aún más, la institucionalidad debe contribuir a que lo que el país necesita en materia de Cti emerja a la luz y, luego, estimular que esas necesidades alimenten la agenda de trabajo de los que hacen Cti, en la academia y en la producción. Esto no se logra con cualquier institucionalidad, no sólo por un tema de intenciones, sino de requerimientos concretos. No es este el lugar para desarrollar concretamente una propuesta en este sentido, pero cabe preguntarse, nuevamente, ¿sería de izquierda? Si las necesidades detectadas incluyen las de la gente con más dificultades, sin duda; si incluyen problemas cuya solución contribuye a tener políticas públicas más eficaces y eficientes, sin duda; si la política de Cti se piensa, también, como política social en sentido amplio, sin duda. Dicho corto, si la institucionalidad de Cti promueve la democratización del conocimiento, esa institucionalidad está al servicio de una política de Cti de izquierda.

—Uno de los temas más polémicos en esta área refiere a los mecanismos de evaluación de los científicos, donde la tendencia a la bibliometría (cantidad de papers publicados) no necesariamente es la mejor forma de evaluar a los trabajadores de la ciencia ni el mejor aliciente para el desarrollo de conocimientos socialmente valiosos. ¿Cuán arraigadas están estas tendencias en Uruguay? ¿Qué valoración haces de ellas, y cuáles deberían ser las orientaciones para un programa general de evaluación de la producción de ciencia y tecnología en Uruguay?

—En el mundo hay una preocupación creciente en torno a las consecuencias, sobre la ciencia y sobre los investigadores, de las formas que ha ido adquiriendo la evaluación académica. La preocupación se origina en una tendencia a la apreciación de la calidad y el esfuerzo científico en cualquier rama del conocimiento a través de cuantificaciones estandarizadas que privilegian publicaciones en un grupo de revistas indexadas en bases de datos propietarias, absolutamente mayoritarias en idioma inglés.

Entre las consecuencias de dicha tendencia se menciona el “efecto desplazamiento”: en vez de buscar hacer buena ciencia, se estaría empujando a hacer aquella ciencia que aparece lo mejor posible en los indicadores que se utilizan para juzgar cuán buena es la ciencia. Estos problemas no son nuevos ni nos son ajenos. En el año 2004, luego de un año de discusiones, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas propuso un conjunto de recomendaciones para evaluar el trabajo de los investigadores del programa. El objetivo era revertir una serie de comportamientos no deseables inducidos por los criterios prevalecientes de evaluación de la investigación. En el año 2012, la Universidad de la República aprobó lineamientos generales para la evaluación de las actividades de docentes en régimen de dedicación total. Dichos lineamientos procuraban evitar que las formas de medir la actividad de investigación se volvieran en contra de otras actividades que todo docente universitario debe realizar, incluso para fortalecer la de investigación. En el año 2013, el Inia organizó un seminario internacional sobre el tema, movido en parte por una preocupación parecida a la de la Udelar: que los criterios de evaluación de sus investigadores no se volvieran en contra del tipo de trabajo que debían realizar por mandato institucional. ¿Cómo estamos en el Uruguay hoy? Tenemos un sistema de evaluación de investigadores a nivel nacional, el Sistema Nacional de Investigadores, y tenemos instituciones cuyos integrantes hacen investigación entre otras funciones y son valorados por el conjunto de ellas con ciertos criterios. El ajuste entre los requerimientos a los que está sometida la misma persona cuya actividad de investigación es mirada desde el sistema nacional y desde su propia institución no es bueno; los criterios del sistema nacional, a juzgar por el tipo de evaluaciones recibidas por los investigadores, se afilian en buena medida a la cuantificación estandarizada; la atribución de prestigio académico es asimétrica a favor del sistema nacional.

En mi opinión la situación presente no es deseable. Hay que reconocer que en una comunidad académica que se reconstruyó desde las cenizas en apenas treinta años, con una fuerte diversidad interna en materia de trayectorias de investigación y con una natural diversidad en materia de modalidades de producción de conocimiento, proponer criterios que a la vez reconozcan la diversidad de situaciones y evalúen seriamente no es tarea fácil. Pero que no sea tarea fácil es una cosa y que sea tarea dañina, como a veces se considera la mera tentativa de levantar alternativas a las prácticas prevalecientes, es otra.

Las alternativas no tienen sólo que ver con modalidades de medición, sino, antes que eso, con para qué se quiere medir. Hay una razón común a cualquier sistema de evaluación académica sensato: orientar los esfuerzos hacia investigaciones de calidad. La mediocridad o la falta de esfuerzo no son aceptables bajo ningún concepto. Pero aquí se suele acabar el consenso. Si se busca inducir a una comunidad académica a que se parezca cada vez más a lo que los criterios internacionales prevalecientes consideran producción de calidad, se medirá de cierta manera, que desestimulará que se ocupe de problemas de relevancia nacional, que en general no tienen demasiada importancia internacional. Si por estimular la atención a problemas de importancia nacional no se considera de valor que haya producción académica nacional relevante internacionalmente, se medirá de una manera que hará correr el riesgo de autocomplacencia endogámica, que a la muy corta lleva a la mediocridad.

Las alternativas tienen justamente que ver con rechazar el predominio de un enfoque, cualquiera este sea, por llevar a prácticas unilaterales y empobrecedoras, y proponer valoraciones que tomen en cuenta, sustantivamente, los objetivos de ambos enfoques. Hay muchas posibles alternativas, pero antes que nada nos hace falta, como comunidad académica, respetar a quienes plantean que son necesarias y luego reconocer que lo son.

El viernes 8 de junio la Comisión Sectorial de Investigación Científica organizó un taller de trabajo y reflexión sobre evaluación académica, con importante asistencia y donde en tres grupos se dialogó intensa y seriamente sobre el tema. A quien le interese, puede encontrar el programa y la bibliografía sugerida previa al taller en Internet.1

—Es evidente que en nuestras sociedades la ciencia responde cada vez más a las necesidades de la acumulación de capital, lo que se expresa en procesos como la mercantilización y privatización del conocimiento. ¿Esto es un problema para Uruguay? ¿Cómo se podría lidiar con estas tendencias globales en un país periférico como el nuestro? ¿Qué experiencias valiosas rescatarías?

—La privatización del conocimiento es una tendencia tan global como preocupante y por supuesto Uruguay no es ajeno a ella. En temas como patentes, por ejemplo, algo importante es no hacer de necesidad virtud. Puede ser necesario firmar un acuerdo sobre patentes por ser condición imprescindible para la firma de un tratado comercial que se entiende el país necesita, pero debe reconocerse que es un precio a pagar y no una ventaja que nos conducirá al desarrollo basado en el conocimiento. La razón para esto es simple: sólo si se sabe que hubiese sido mejor para los intereses presentes y futuros del país no firmar el acuerdo, se prestará atención a las posibilidades que existen para minimizar sus efectos negativos. Hay especialistas de nivel mundial que han explorado con cuidado los grados de libertad que aún quedan cuando se adhieren los recientes acuerdos sobre patentes, cada uno más restrictivo que el anterior. Tener voluntad de usar esos grados de libertad es algo que se puede hacer, en un país periférico como el nuestro, frente al avance de la privatización del conocimiento. Por cierto, hay muchas estrategias colectivas de puesta en común de conocimiento que ya están siendo exploradas, surgidas como respuesta a procesos privatizadores que están dificultando el propio avance de la ciencia y de la innovación basada en ella.

En cuanto a la mercantilización del conocimiento, hay formas de pelear contra su efecto más dañino: que aquellos con demanda efectiva influyan excesivamente sobre las agendas de investigación, mientras que las necesidades y problemas de quienes no tienen recursos ni poder permanecen fuera de éstas. Una ciencia que se hace para algunos y otra que no se hace para muchos. Aquí entra de nuevo la política de Cti de izquierda por la puerta grande. Porque una política de Cti de izquierda puede asignar los recursos que transformen demandas asociadas a la resolución de problemas fundamentales para la calidad de vida de la gente en demandas efectivas al conocimiento. No se trata –aunque no se haya dicho vale remarcarlo– de impulsar solamente la investigación dirigida a problemas presentes en la sociedad. La investigación fundamental es, precisamente, fundamental, y si no la cultivamos con especial cuidado, a poco de andar nos faltarán cimientos y será más frágil la formación de nuestros investigadores. De lo que sí se trata es de contribuir a que tengamos una agenda propia de investigación con orientación social. Hay que tener claro que eso ni se hace sólo desde la academia ni imponiéndose desde afuera al mundo de la investigación –aunque bien que el prestigio y el dinero han sabido imponerle agenda–. Se hace colaborando en el marco de una política que integra detección de preguntas, recursos para responderlas, asignación de prestigio a quien trabaje en ellas, aplicación de las respuestas si estas se encuentran y, con todo ello, va consolidando para la investigación nacional el espacio de reconocimiento en la sociedad uruguaya que sin duda merece.

  1. www.csic.edu.uy; en el canal de Youtube Csic-Udelar encontrará el video de la sesión plenaria del taller, en especial la rememoración, por parte de tres de sus protagonistas, del proceso Pedeciba 2004.

 

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