Los “noquis” fueron la primera excusa con la que el gobierno de Mauricio Macri inició una ola de despidos entre los trabajadores del Estado. “La militancia no tiene lugar en un Estado eficiente”, fue la explicación que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, se encargó de graficar: “los empleados son la grasa y hay que eliminarlos porque sobran”. Así desmantelaron áreas clave del Estado ligadas a los controles sobre actividades financieras, judiciales, económicas y de derechos humanos.
Ahora es la actividad privada la que empezó a mostrar las consecuencias de la devaluación puesta en marcha en los primeros días de gestión, y en especial los sectores agrícolas, metalúrgicos y de servicios comenzaron a sentir las consecuencias de esa decisión. Los estudios más optimistas divulgados por la prensa apuntan a sumar unos 5 mil parados a los 100 mil despidos de estatales en tres meses de gestión macrista, para engrosar la lista de los desempleados heredados, estimados en 1.250.000.
La quita de retenciones agrícolas implicó una transferencia de recursos al sector empresario del campo con mayor concentración, pero resultó un golpe para los pequeños y medianos empresarios. Dos sectores muy afectados fueron la lechería, especialmente la cuenca pampeana que incluye a productores de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, y los productores frutihortícolas del valle de Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta, Tucumán y todo el noroeste. “Constituyen el sector productivo primario sobre el que se asienta la producción del sector y sufren las consecuencias de tantos años de atraso cambiario”, aseguró el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile. Él se comprometió a comprar el stock remanente de leche a los productores para colocarlo en el exterior y así evitar una agudización de la crisis, que ya lleva casi ocho meses pero se profundizó en los últimos tres. Los pequeños productores están atomizados y venden su producción a las grandes empresas, que pagaban hasta enero y febrero pasados apenas cuatro pesos por litro de leche, para comercializarlo en góndola a 15 pesos. Una situación similar padecen los productores de fruta y verdura, que no sólo no tuvieron aumentos en la colocación de sus productos sino que “la devaluación encareció los costos en un 45 por ciento”, según señaló la Federación Agraria Argentina. Eso implica atrasos en el pago de salarios y el desempleo encubierto de unos 2 mil trabajadores tercerizados del sector.
En prensa, petróleo, gastronomía, transporte y construcción la devaluación impactó sobre los costos y estos ajustaron cuentas con los trabajadores: despidos, cese de contratos y retiros voluntarios son las tres formas en las que el desempleo encubierto empieza a mostrarse en el sector privado. La suma de trabajadores en conflicto trepaba al cierre de febrero a 4.453 operarios en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mercedes (San Luis), Neuquén, Santa Fe y Comodoro Rivadavia (Chubut).
SIN DATOS OFICIALES. Para el macrismo todo es especulación, porque sigue culpando al gobierno anterior por las estadísticas falseadas y la falta de datos sobre la actividad económica. Para eso decidió intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), colocando al peronista Jorge Todesca al frente. En una maniobra de marketing, Todesca nombró a Graciela Bevacqua, especialista en estadísticas y directora técnica de ese organismo hasta que en 2007 el entonces secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, la expulsó y le inició una causa penal. Bevacqua se convirtió así en el símbolo que Macri utilizó durante su campaña para hablar de transparencia en los datos estadísticos. Apenas 50 días después de ser contratada por Todesca se convirtió en desocupada. “Para generar índices creíbles de medición necesitamos ocho meses de trabajo, según las exigencias internacionales. Este gobierno quiere un índice en 60 días y eso es poco serio”, aseguró Bevacqua. La desconfianza en el Indec en tiempos K llevó a la aparición de mediciones sesgadas, tanto públicas como privadas, que generaron confusión. El macrismo generó el índice Congreso, a partir de un grupo de parlamentarios encabezados por la entonces diputada y hoy ministra Patricia Bullrich y el actual senador Federico Pinedo, aliados de Macri, los dos voceros que acorralaban al kirchnerismo. El gobierno porteño de Macri y el de la provincia de San Luis también divulgaban índices estadísticos sobre precios e inflación que desmentían al Indec. Ahora esos mismos índices hicieron públicos datos de inflación que oscilan entre 3,2 y 4,5 por ciento sólo para enero, lo cual cayó como una bomba para la administración nacional. Los trabajadores de Cresta Roja reprimidos en diciembre fueron apenas un ensayo de lo que puede ocurrir en los próximos años de gobierno macrista.