Los fiscales adscriptos no suelen ocupar grandes titulares ni tomar protagonismo en la agenda mediática. A veces se los puede ver en segundo plano en alguna rueda de prensa, sin acercarse a los micrófonos, o se los menciona como integrantes de los equipos fiscales, pero por lo general los reflectores y las responsabilidades recaen sobre los titulares, como en el cuerpo técnico de un equipo de fútbol la atención la absorbe el DT. Por eso, lo sucedido en la fiscalía departamental de Artigas durante el último año parece bastante atípico.
En julio fueron condenados el entonces intendente Pablo Caram, su cuñada, su hermano Rodolfo –exsecretario general de la Intendencia de Artigas– y la entonces diputada Valentina dos Santos. El pago irregular de horas extra y compensaciones en el que estuvieron involucrados implicó movimientos de millones de dólares de dinero público (el monto exacto aún no ha sido determinado) y se volvió un escándalo nacional. También en Artigas, en mayo, una mujer que se presentaba como médium fue condenada por lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia y por apropiación indebida, tras una maniobra para quedarse con los 20 millones de dólares que una ciudadana brasileña había heredado de su marido. En el caso fueron decomisadas tres propiedades en Punta del Este, una en Artigas, una camioneta y las acciones de una sociedad comercial, bienes que se habían usado para lavar el dinero apropiado a la viuda. En ambas causas, los acuerdos abreviados que dieron lugar a las condenas fueron alcanzados por Federico Rodríguez, que había asumido en abril de 2023 como fiscal adscripto de los dos turnos existentes en Artigas.
Rodríguez fue designado allí luego de salir primero en un concurso para ingresar como adscripto. Así lo contó a Brecha el exfiscal de Corte subrogante Juan Gómez. Luego de una licencia médica que lo tuvo fuera de funciones durante todo el presente año, Gómez se reintegró en agosto, ejerció el cargo durante un mes y se retiró el último día, con lo que puso fin a su carrera. Pero una semana antes de su salida resolvió trasladar al joven que estaba en Artigas a la fiscalía especializada en lavado de activos. Lo hizo previa consulta y con el acuerdo del titular de la fiscalía especializada, Enrique Rodríguez, y de la actual fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. «Confío en que personas como él sean el futuro del ministerio público», sostuvo Gómez al semanario y fue particularmente elogioso con el profesionalismo del joven fiscal, que ha hecho «maestrías a su costo» y se ha preocupado por formarse en el exterior. Sin ir más lejos, fue uno de los 25 integrantes de la Fiscalía General de la Nación que a fines de agosto participaron en un curso específico de investigación dictado por instructores chilenos. El exfiscal de Corte dijo que espera que su traslado «ayude a dinamizar la fiscalía de lavado».
¿DÓNDE FUERON A PARAR?
Hace pocos meses, Brecha daba cuenta de los magros resultados que por ahora viene dando la puesta en marcha de la fiscalía especializada. De acuerdo con datos oficiales obtenidos por el semanario, entre enero de 2023 –cuando empezó a funcionar– y abril de 2024 hubo cuatro personas imputadas por delitos que puedan considerarse propiamente de lavado, de las cuales dos resultaron condenadas. A esos casos cabe sumarles movimientos posteriores, como la sentencia contra Damián Burgueño, exabogado del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, que fue condenado el 2 de setiembre en el primer juicio oral por lavado. Pero ese caso no fue llevado adelante por la fiscalía especializada, sino por la fiscalía de Maldonado de segundo turno. De la misma manera, el de la médium, ya mencionado, estuvo a cargo de la fiscalía de Artigas. Este semanario también informó sobre los constantes cambios en el equipo de la fiscalía encabezada por Enrique Rodríguez. Por ejemplo, a fines de junio fue trasladada a Homicidios la adscripta con más experiencia de las dos que lo integraban (véase «En remojo», Brecha, 21-VI-24), una vacante que ahora Federico Rodríguez viene a llenar.
Justamente luego de las condenas obtenidas por él en el caso de las horas extra, algunos pesos pesados de la política y el mundo judicial pidieron una investigación por lavado. El exfiscal de Corte Jorge Díaz se preguntó, en diálogo con Nada que perder (22-VII-24), por el destino de los millones de dólares pagados por la Intendencia de Artigas. «Es mucha plata. Hay que hacer una investigación para identificarlos, para decomisarlos, para que vuelvan al patrimonio público», reclamó. También el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se preguntó «dónde está ese dinero» y si «financió alguna campaña electoral». Por su parte, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, dijo que «sería deseable» que se hiciera una investigación de ese tipo (Telemundo, 23-VII-24).
Pero por ahora no hay noticias de que se esté indagando un posible blanqueo a raíz de ese caso. Citando fuentes de la fiscalía de Artigas, Búsqueda (25-VII-24) informó que, para fines de julio, todavía no había una «definición» sobre tal investigación. Este jueves, Brecha consultó a Enrique Rodríguez sobre la posibilidad de llevarla adelante desde la fiscalía especializada, que tiene competencia nacional. «Es la fiscalía de Artigas la que interviene en ese caso, tiene que consultarlo allá», respondió el fiscal, que ahora tiene a su lado como adscripto a quien se encargó de investigar los delitos «precedentes» por los que se obtuvo dinero ilícitamente y puede informarse de primera mano.
