No sólo Trump y Bolsonaro están en aprietos. El gobierno venezolano ha entrado en un campo minado que podría explotar sin necesidad de intervención extranjera alguna. Durante los últimos días se registraron protestas en diversos lugares de la geografía nacional: Upata (suroriente), Cumaná y Margarita (oriente), Maracaibo y Barquisimeto (occidente) y Valles del Tuy (centro norte). El aumento del costo de los alimentos parece ser el principal factor de descontento. Por las redes sociales se pueden observar marchas, saqueos, enfrentamientos con policías y militares, heridos de bala y otras situaciones tumultuarias. Todo ello a pesar de las restricciones de movimiento debido a la cuarentena, decretada el 17 de marzo y vigente hasta el 12 de mayo.
SIN GASOLINA NI REMESAS. A fines de marzo, cuando la pandemia comenzaba a azotar Estados Unidos, Donald Trump decidió radicalizar el régimen de sanciones contra Venezuela y poner precio a las cabezas de Maduro y varios funcionarios de su gobierno. Washington movilizó incluso una flota militar cerca de las costas venezolanas para “combatir el narcotráfico”.
Por la misma fecha y de forma súbita, la petrolera rusa Rosneft se fue de Venezuela, obligada por las sanciones estadounidenses. Aunque la empresa simplemente traspasó sus acciones a otra estatal rusa, el mayor problema para Moscú y Caracas estriba en los precios internacionales del crudo: ya en esas fechas –y antes de la histórica caída de los precios a valores menores a cero registrada la semana pasada– la mayor parte del petróleo venezolano se vendía a apenas 10 dólares el barril, como consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudí antes de la expansión mundial del coronavirus.
La impresionante baja de los precios internacionales del crudo acentúa los problemas de liquidez del Estado y podría ocasionar así un colapso de la política de asistencia alimentaria desarrollada por el gobierno, de la que viven los sectores más empobrecidos. Por si fuera poco, mientras afuera sobra petróleo, adentro falta combustible: en las últimas semanas la escasez de gasolina sacudió Caracas y vastos sectores productivos se paralizaron. La producción de combustible apenas alcanza para mantener en marcha lo poco de transporte público que sigue en funcionamiento a pesar de la cuarentena. Lo que es peor, Venezuela carece de un sistema ferroviario a la altura de sus necesidades y es fuertemente dependiente del transporte de camiones a gasolina para llevar comida y enseres básicos a las ciudades.
A esto se suma el problema de las remesas. Desde que en 2016 se disparó la emigración de venezolanos de todas las clases sociales, el envío de dinero de los trabajadores en el exterior permitió aligerar la situación económica de muchas familias, especialmente en los sectores de menores recursos con parientes en Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Según estimaciones como la de la consultora económica venezolana Ecoanalítica, el año pasado las remesas eran el principal ingreso no petrolero de Venezuela. Economistas como Jesús Casique esperaban que el monto para 2020 ascendiera a los 6,000 millones de dólares (véase “¿Estabilización o desmantelamiento?”, Brecha, 13-III-20). Comenzadas las cuarentenas y otros mecanismos sanitarios similares en la región, miles de emigrantes venezolanos que formaban parte del eslabón más débil de la cadena laboral perdieron su empleo y en algunos casos su hogar, lo que disminuye, cuando no anula, su capacidad para enviar remesas.
EL CORONAVIRUS COMO PANTALLA Y AMENAZA. A pesar de estos factores, la pandemia permitía que Maduro se mostrara como garante de la gobernabilidad en contraposición a Juan Guaidó. El presidente autoproclamado nunca supo cómo enfrentar la coyuntura sanitaria y económica actual, obligado como está por sus impulsores internacionales a simular una presidencia que no puede llevar a la práctica por carecer del aparato estatal. El lugar de un jefe opositor que cree una estrategia para aglutinar el malestar y avanzar hacia la toma del poder político permanece vacío.
Maduro ha jugado entonces a sobreexponer en sus discursos la amenaza planteada por el coronavirus, aprovechando la alarma mundial. Pero, tras seis semanas de cuarentena general y con poco más de 300 casos y apenas diez muertos confirmados, el coronavirus aparece en la calle como un tema mediático, mientras que el hambre ya es real. Según un informe de fines de febrero del Programa Mundial de Alimentos de la Onu, un 32,3 por ciento de la población venezolana padecía entonces de inseguridad alimentaria. Un 7,9, más de 2 millones de personas, sufría de inseguridad alimentaria severa. Con la cuarentena y el desplome del petróleo y las remesas, la situación empeora de forma alarmante.
Todavía puede haber algo peor: tras el regreso masivo de venezolanos desde los epicentros de la pandemia en la región (Brasil, Ecuador y Perú), el coronavirus podría escaparse del control de las autoridades justo cuando el sistema de salud venezolano se encuentra en una situación de crisis estructural (véase “Al borde del desastre”, Brecha, 2-IV-20). Si bien el gobierno ha activado importantes protocolos de cuarentena para neutralizar esta amenaza, la larga frontera terrestre con Colombia y Brasil, salpicada de cruces ilegales, es un factor de peligro justo en momentos en que los sectores más desfavorecidos piden flexibilizar las medidas y “reabrir” la economía. Ya han comenzado a sucederse medidas en este sentido, como la autorización oficial del viernes pasado de que niños y ancianos salgan a la calle una vez a la semana, y la tolerancia oficiosa de algunos sectores laborales no esenciales.
LA GRAN PREGUNTA. Jugados todos esos numeritos, surge la pregunta de hasta cuándo aguantarán los sectores sociales más perjudicados por la crisis y si es posible un estallido que cambie el balance de poder en Venezuela. Sin embargo, las protestas y los saqueos de los últimos días han ocurrido de manera descoordinada, sin mayor planificación, y no existe, por el momento, ningún actor político que pueda aprovechar la situación.
Por otra parte, Maduro ya ha demostrado ser un maestro en desactivar terrenos minados. Primero, debe tenerse en cuenta que aún recibe ayuda internacional, así sea coyuntural, de aliados como Irán y Rusia para enfrentar la escasez de gasolina e incluso intentar reabrir algunas refinerías. Segundo, la eventual apertura poscuarentena de las economías de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil permitiría la reinserción de los emigrantes venezolanos y el consecuente repunte de las remesas. Tercero, la actual cotización al alza del oro, un nuevo ingreso importante para el país, también favorece al gobierno.
En circunstancias similares, como las de las crisis de 2014 y 2017, la estrategia de Maduro para permanecer en el poder ha sido ganar tiempo y mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. En esto último cuenta a su favor el aumento de los ataques internacionales, las sanciones y la criminalización (ahora como narcotraficantes) contra quienes podrían romper la cadena de mando.
Es muy factible, sin embargo, que en los próximos meses veamos un aumento de los saqueos y las protestas, un aumento de las demostraciones de malestar militar y policial, e incluso nuevas y más duras sanciones estadounidenses. De todos modos, las insurrecciones por goteo no se han mostrado suficientes para desalojar al gobierno. De hecho, pueden convertirse, como sucedió en 2017, en tan sólo una válvula de escape para el malestar de la población. Al desechar, por tardía, la oportunidad de canalizar este malestar para negociar la fecha de nuevos comicios para dentro de uno o dos años, la oposición parece alejar un posible cambio de régimen. Por su parte, si Maduro logra sortear esta crisis de forma exitosa, le quedará el camino abierto para permanecer en el poder hasta al menos las presidenciales de 2024. Claro, la coyuntura siempre nos trae sorpresas y los factores explosivos mencionados pueden ser alcanzados por una chispa suicida.
