Era de esperar. Y está ocurriendo. Se acerca la época de siembra, y con ella volvieron las fumigaciones a Paso Picón, Canelones. El sábado 5 de setiembre los vecinos realizaron la primera denuncia, a través del celular del que dispone la Intendencia para denuncias ambientales.1 Esa mañana inspectores de la comuna estuvieron en el lugar, pero no pudieron comprobar lo denunciado, hasta que debido a otra llamada en la tarde una nueva inspección constató que efectivamente Castilla en persona estaba fumigando en la zona. Los inspectores tomaron fotografías y el hombre devolvió la gentileza filmándolos, luego recogieron el testimonio de los vecinos y notificaron al productor, entregándole las regulaciones vigentes. Pero al día siguiente, otra vez. Las fumigaciones no paraban.
La actitud del productor, el doctor Máximo Castilla, no sorprende. Durante el tiempo que dura este conflicto se ha mantenido inmutable en su actitud: prepotencia y oídos sordos. En su opinión, el glifosato “no es ningún veneno, no es ningún tóxico”,2 aunque haya sido multado por el Ministerio de Salud Pública (Msp) con mil unidades reajustables, tras constatarse la afectación a sus vecinos. Este proceso, según supo Brecha, continúa en idas y vueltas, ya que el doctor apeló y no ha pagado la multa. En esta misma línea, en marzo de este año la Organización Mundial de la Salud emitió un informe en el que afirma que el glifosato puede producir cáncer. Sin embargo, soslayando absolutamente la discusión sanitaria, el médico se escudaba en que al ser padrones rurales no existían regulaciones para las fumigaciones, y que como Picón no es un “centro poblado”, no tenía por qué respetar los 300 metros que un decreto del Ministerio de Ganadería ( Mgap) establece para estos casos. Pero actualmente la violación a la normativa es flagrante. En abril de este año,3 tras varias reuniones de coordinación y acuerdo con los organismos involucrados en el tema y los vecinos organizados, la Intendencia de Canelones presentó una propuesta concreta para paliar el efecto de las fumigaciones y evitar que el producto llegara hasta las casas de los vecinos como ahora ocurre. La resolución, fechada el 17 de abril, propuso la creación de “perímetros rurales con asentamientos urbanos”, en el entendido de que “las características del departamento” y “la incorporación paulatina de nuevas prácticas productivas en la zona rural, con mayor uso de agroquímicos, han generado conflictos en distintas zonas del mismo”, y con el objetivo de “viabilizar la permanencia de la población en el medio”. El de Paso Espinosa-Paso Picón fue el primero en crearse, a través de una resolución del 12 de mayo. Se estableció un perímetro de 300 metros donde no se pueden realizar actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores y el ambiente, por lo que al fumigar sus predios Castilla está violando una disposición vigente.
A LA JUSTICIA. En el mismo momento en que ocurrieron las denuncias, todos los organismos involucrados (Mgap, Msp y Dinama) fueron puestos al tanto de la situación. Esto es resultado de la articulación que permitió llegar a un acuerdo en el caso de Picón, y mantiene a las autoridades alerta. A pesar de que se han seguido los pasos posibles en el marco institucional, varias fuentes de estos organismos consultadas por Brecha coincidieron en que este es un caso “que escapa a lo normal”. En este sentido, y ante la intransigencia del productor, el intendente de Canelones resolvió presentar a la justicia una denuncia penal. Según dijo a este semanario el director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herou, la denuncia se hizo “dado que se lleva a cabo una actividad que está claramente prohibida por la normativa vigente, y que quienes la realizan tienen un claro conocimiento de lo que indica dicha normativa”. El trámite judicial se inició el miércoles 9 de setiembre. El lunes 14, por la noche, las fumigaciones continuaron. Lo mismo el martes 15 y el miércoles 16, por lo que la denuncia fue ampliada. Los vecinos están angustiados y esperan que “se acabe esta impunidad”.
Las regulaciones vigentes imponen límites en el marco del derecho, la actitud de Castilla lo ignora absolutamente, y la justicia deberá decidir si habrá primavera en Picón.
1. El número es 099389486.
2. Véase Brecha, 7-II-14.
3. Véase Brecha, 14 -V-15.
