Malos días para los Fujimori

Perú.

El miércoles 6 el parlamento peruano decidió, en una muy polémica votación, el desafuero de Kenji Fujimori y de otros dos diputados que se habían escindido de Fuerza Popular, el partido que lidera otra Fujimori, Keiko. Un día después, y al cierre de esta edición de Brecha, se esperaba la divulgación del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Idh) sobre el indulto otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski al pater familias Alberto Fujimori, que de ser negativo implicaría que el ex dictador volvería a la cárcel a continuar purgando su condena a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

En la noche del miércoles, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez vieron suspendidos sus fueros legislativos por haber comprado meses atrás (con promesas de concesiones de obra pública y otras prebendas) los votos de algunos colegas para que no apoyaran la destitución de Kuczynski. Esa vez,1 gracias a nueve kenjistas y a los legisladores comprados, Kuczynski salvó su cargo y a cambio indultó a papá Alberto, que el 24 de diciembre recibió como regalo de Navidad la gracia presidencial por “razones humanitarias” y se marchó a su casa. La bronca de la hija mayor de Alberto, Keiko, hace tiempo distanciada de su padre, fue tan grande que llegó a admitir públicamente que algún día obtendría la cabeza de su hermano menor a cualquier precio. Lo logró esta semana, salteándose varias reglamentaciones. La más flagrante de las violaciones a la norma fue el hecho de que diputados que ya habían votado por la suspensión de Kenji y los otros dos legisladores en la comisión que examinó el caso lo hicieron también en el plenario de la Cámara, con la autorización expresa del presidente keikista de Diputados, que contravino, según admitieron integrantes de la propia Fuerza Popular, el reglamento del Congreso y una disposición constitucional.

“Aquí tienes mi cabeza en bandeja, te felicito”, le dijo Kenji a su hermana Keiko en la noche del miércoles. “Lo que se ha vivido es nauseabundo, se ha violado la ley, la Constitución”, no sólo porque no se respetaron normas del Congreso sino porque “un legislador no puede ser suspendido si no hay una sentencia firme de la justicia en su contra, cosa que en este caso no se da”, agregó. Aun reconociendo que las pruebas presentadas contra Kenji y los otros dos diputados destituidos eran “irrefutables” (hay videos que muestran al hijo menor del ex dictador y a sus dos compañeros sobornando a un ministro), un legislador de Fuerza Popular dijo que “así no se hacen las cosas” y comentó que dio su voto al desafuero por razones de disciplina partidaria.

El jueves se esperaba que siguieran las malas noticias para los hombres de la familia Fujimori. El lunes la Corte Idh había anunciado que ya se había pronunciado sobre el indulto otorgado en diciembre a Alberto Fujimori, por lo cual se esperaba que el organismo interamericano lo revocara, por considerar que contraviene su propia decisión de condenar al presidente –en tanto cabeza del Estado peruano en el momento de los hechos– por crímenes de lesa humanidad como responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en 1991 y 1992, respectivamente. Por esos dos hechos, en los que militares y escuadrones de la muerte asesinaron a 25 personas, la justicia peruana condenó en 2009 al ex presidente a 25 años de cárcel. La Corte determinó que por su naturaleza son delitos no excarcelables ni graciables.

Martín Vizcarra, el economista que por decisión del Congreso sustituyera en la presidencia al renunciante Kuczynski a fines de marzo, dijo que respetará el fallo de la Corte. “Vamos a acatar la Constitución y las leyes, tanto las locales como las internacionales, y en ese sentido no puede ser una excepción lo que determine la Corte Idh. (…) Pretendemos hacer un gobierno con ideas y objetivos claros, buscando la concertación, pero tenemos que cumplir las normas”, dijo.

 

  1. Kuczynski terminó renunciando en marzo como consecuencia del mismo escándalo por el que había sido juzgado infructuosamente en el Congreso tres meses antes: sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, que le habría pagado millonarios sobornos (como a otros ex presidentes) a cambio de multimillonarios contratos.

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