De inmediato, las autoridades de Islamabad anunciaron que relanzarían “la guerra contra los terroristas hasta exterminarlos” y como primera medida anunciaron el levantamiento de la moratoria a la pena de muerte por delitos de terrorismo que se venía prorrogando desde 2008. Según Amnistía Internacional hay 8.000 detenidos en las cárceles paquistaníes que podrían ser ejecutados, al haber sido condenados por alguno de los 28 delitos pasibles de la pena de muerte. “¿Sólo se podrá ejecutar a los culpables de hechos terroristas o también de otros?”, se preguntó un magistrado, que también ignora si el levantamiento de la moratoria será retrospectivo o sólo regirá para los nuevos detenidos. La segunda respuesta del gobierno: una ofensiva aérea en cadena contra refugios talibanes en las regiones montañosas cercanas a la frontera con Afganistán. En una veintena de ataques habrían muerto alrededor de 60 yihadistas. Los gobiernos de los dos países anunciaron el miércoles que coordinarán ataques para “acabar con los santuarios” talibanes en la zona.
El luto decretado tras la masacre de la escuela llevó a la oposición paquistaní a dejar sin efecto una serie de manifestaciones de protesta antigubernamentales que estaban previstas para reclamar la renuncia del gobierno, la convocatoria a elecciones anticipadas y la designación de una comisión independiente que audite los gastos del Ejecutivo desde que asumió, hace 14 meses, por sospechas de corrupción.