La polémica en torno a la posible venta de M24 al grupo de El Observador, de los argentinos Gabriel Hochbaum, Gerardo Werthein y otros socios, colocó el tema de la propiedad y el control de los medios de comunicación como uno de los centros del debate público. El episodio generó una fuerte polémica y expuso una realidad estructural que no es nueva, pero que se agravó significativamente con los cambios regulatorios introducidos durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que amplió los límites a la concentración mediática.
La discusión respecto a las radios del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Montevideo, Maldonado y Colonia ayudó a entender que quien figura como titular de una emisora en los registros públicos no necesariamente es el dueño o el que controla su programación, aunque no sea el caso de estas radios, en las que es evidente que sus titulares son personas que representan al sector, y no era el empresario Luis Calachi –ni su esposa ni su hija– quien arrendaba las frecuencias, como se difundió en redes. Aprendimos que las acciones de las sociedades anónimas titulares de medios son nominativas y podemos saber qué porcentaje tiene cada uno de los socios en esas empresas (a diferencia de otros sectores de la economía), y también que debe haber una autorización previa del Poder Ejecutivo antes de que el comprador de una emisora se haga cargo.
EL TESTAFERRISMO: DEPORTE NACIONAL
Apelar a prestanombres o testaferros, así como a titulares que delegan su gestión a otras personas o empresas –por ejemplo, a través de sucesivos alquileres que nunca son informados a las autoridades– son prácticas históricas en Uruguay a lo largo y ancho del país. Se realizan para ocultar la propiedad del medio –en casos en que se otorgaron frecuencias a dedo a políticos cercanos a gobiernos de turno, por ejemplo– o para saltearse los límites legales a la concentración, dispuestos en función de la cantidad de emisoras que una persona puede tener. La lógica es que si una radio está formalmente a nombre de otra persona (sea su abogado, un familiar o un amigo), aunque el control lo mantenga el dueño del grupo mediático, no se está violando la ley.
Radios «argentinas» funcionando temporalmente durante el verano en departamentos del este del país son los ejemplos más emblemáticos del modelo de alquiler de radios, en que el titular autorizado por el Estado no es quien la gestiona y nunca se hizo un trámite ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) ni para solicitar el cambio de nombre de la emisora. Por otra parte, entre los ejemplos de engaños a las autoridades para evadir el cumplimiento de la legislación pueden citarse los tres principales grupos radiales de Montevideo. Bastaría preguntarles a los periodistas y trabajadores de esos medios para saber que quienes toman las decisiones y tratan a diario con ellos no son quienes figuran como titulares.
En Emisora del Plata (comprada al fascista Miguel Sofía, que también tenía testaferros) figura como titular el escribano Juan Carlos Molinari, con el 90 por ciento de las acciones. ¿Es su dueño realmente? ¿Es la empresa Disney la titular de Radio Disney o figura otra persona o empresa? Si los titulares de Azul FM de Montevideo siguen siendo miembros de la familia Rodríguez, como consta en los registros públicos, ¿por qué Francisco de Posadas la pone a la venta? Según la URSEC, el 50 por ciento de las acciones de la histórica CX20 Montecarlo pertenecen a Zelmira del Castillo (viuda de Daniel Romay), ¿pero es ella quien toma las decisiones de la emisora o se decide todo desde Radio Carve, donde están sus estudios?
LA RADIO URUGUAYA, MÁS CONCENTRADA Y EN MOVIMIENTO
Existe una gran cantidad de emisoras de radio AM y FM en el país, pero unas pocas acumulan la mayor cantidad de audiencia (y la publicidad, fuente cuasi exclusiva de financiamiento), en un contexto de reducción de los ingresos provenientes de la publicidad oficial, electoral y privada, con un creciente deterioro de su sostenibilidad y pérdida o precarización del empleo de sus trabajadores.
La aprobación de la nueva ley de medios de octubre de 2024 «blanqueó» la concentración indebida existente y blindó a los pocos grupos ganadores de este panorama complejo en la radiodifusión. Acumular muchos medios les permite sobrellevar esas dificultades con luces sobre los demás medios a partir de lograr escala y complementar targets o nichos de audiencias. Por tanto, están en mejores condiciones para recibir publicidad. ¿El resto de las radios? Menos atractivas; por lo tanto, cada vez menos viables.
En 2025, solo tres grupos mediáticos (Sarandí o Mont Soleil, Magnolio y Zorrilla, véase «Los dueños del dial», Brecha, 11-X-24) concentraron el 80 por ciento de toda la audiencia en AM de las mañanas –cuando se transmiten los programas informativos y periodísticos que inciden en mayor medida en la construcción de la agenda pública– y cerca del 50 por ciento de la audiencia en FM de la misma franja horaria, según datos del Buró de Radios. Al medir el rating de todo el día (6 a 24 horas), de lunes a viernes, las cifras se mantienen: 77 por ciento en AM y 45 por ciento en FM.
Es en ese marco que «todas las radios están a la venta» y sucede lo de M24. Pero también ha habido situaciones menos difundidas, como la virtual transferencia de CX12 Radio Oriental a manos del grupo liderado por CX16 Carve sin aviso formal ni autorización previa del Poder Ejecutivo. Ese cambio del control de la emisora incluyó despidos o no renovación de contratos a periodistas, el traslado de programas y un reperfilamiento de la emisora hacia una radio agropecuaria. Ni la histórica antena de Oriental quedó en pie.
Por razones distintas, las radios del Grupo Magnolio también están a la venta, y eso podría tener un impacto fuerte en el panorama mediático, ya que se trataría de la entrada (en realidad, del regreso, pues algunas de esas radios ya fueron suyas) del grupo Vargas Lerena al mercado de medios. En un proceso que hoy está trancado por juicios entre ambas partes, el promitente comprador es un grupo empresarial muy fuerte, con presencia importante en el mundo de las telecomunicaciones (con la empresa Dedicado), que ahora sumaría radios como Del Sol, Espectador Deportes, Azul y otras, además del semanario Búsqueda.
La eventual compra (al cierre de esta edición, aún no se había firmado el contrato) de las tres radios del MPP por parte de otro fuerte grupo empresarial –esta vez argentino– ampliaría la influencia que ya posee a través del diario El Observador. Se trata de capitales y empresarios que, a diferencia de lo que han hecho DirecTV e incluso Clarín, que no se han metido con contenidos informativos, podrían continuar la impronta que ya imprimen a la radio El Observador 107.9 de Argentina y a los programas que han realizado con notorias figuras mediáticas: hacer periodismo en Uruguay con referentes alineados al entorno mileísta.
TV: POR LA MISMA, PERO CAMBIANDO, CAMBIANDO
El viejo oligopolio de la televisión sigue siendo muy fuerte, a pesar de la tendencia al declive de la TV abierta que ocurre en el mundo. Tomando estas empresas de manera aislada (debe considerarse que funcionan como grupo junto a empresas superavitarias), están teniendo problemas económicos y acumulan deudas millonarias. Los rumores de la supuesta compraventa de alguno de esos canales vuelven una y otra vez, sin pruebas, pero con la fuerza de su verosimilitud: como las radios, también están a la venta. Todo ello a pesar de que fueron beneficiados claramente durante el gobierno de Lacalle Pou mediante exoneraciones y aportes millonarios: 2 millones de dólares solo entre 2020 y 2023 por la exención del pago del canon establecido por la ley de medios; el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual de 2023 del Ministerio de Industria por 2 millones de dólares, solo destinados a programas de esos tres canales; el contrato con ANTEL por unos 11 millones de dólares por tres años de acceso a las señales del 4, 10 y 12 en los teléfonos móviles de la empresa estatal. Fueron, además, receptores de importantes cifras de dinero durante los procesos electorales: en el balotaje, según muestran las rendiciones de cuentas declaradas por la fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, del Partido Nacional, el 53 por ciento de todo el gasto en publicidad fue destinado a estos tres canales de Montevideo.
Para dar cuenta de ese panorama contradictorio donde lo viejo se niega a morir, dos pinceladas. Por un lado, desde hace unos años se han ido desprendiendo de los medios más deficitarios, como las radios vinculadas a esos canales (por ejemplo, CX16 Carve y Montecarlo/Radio Cero, propiedad de los grupos del 10 y el 4, respectivamente) o televisoras pequeñas del interior (Canal 8 de Rosario, Colonia, del Grupo Romay) para concentrar el negocio en la televisión cable y la entrada en el mercado de acceso a internet. Por otro, abusan de su posición dominante frente a los cableros del interior, que precisan de sus señales para incluir dentro de la grilla de abonados, casi sin margen para negociar precios ni condiciones: o compran los tres canales o ninguno. Más allá de que las señales abiertas solo llegan al área metropolitana, su influencia (e ingresos) se extiende por cada localidad del país a través del cable de otros empresarios. Es que, según datos de Ana Métrix, los canales 4, 10 y 12 representan el 80 por ciento del consumo de señales nacionales, el 26 por ciento de la sintonía de todas las señales y el 72 por ciento de la sintonía total agregada (sumando programas y señales) en el interior.
En televisión paga, mientras tanto, la oferta se ha diversificado: dos grupos empresariales argentinos con proyección regional disputan fuertemente el mercado a los cables de los grupos 4, 10 y 12, que extienden su negocio a través de empresas propias (tienen el 58 por ciento de los abonados de la capital) o alianzas y negocios con cableros del interior a través de Equital SA.
DirecTV, del Grupo Werthein (no es el mismo de El Observador), con su servicio satelital a nivel nacional, y Flow, del Grupo Clarín –que ofrece satelital en Montevideo y alrededores, y servicios para abonados por cable en varios departamentos al norte del Río Negro–, reúnen la mitad de los abonados de todo el país y el 42 por ciento en Montevideo.
Los tres grandes de la televisión nacional han estado peleados muchas veces y sus relaciones personales no son muy armónicas, pero siempre han sido conscientes de que juntos son más fuertes. Han mantenido una alianza en múltiples momentos desde la entrada a la televisión cable, allá por 1993 (cuando Luis Alberto Lacalle Herrera les entregó cuatro de las cinco licencias otorgadas para Montevideo). En ese momento, presentaron un único pliego al llamado, al que solo le cambiaron el nombre en la tapa, acordaron montos para ofrecer el servicio al mismo precio, se repartieron el territorio para no chocarse entre sí mientras hacían el despliegue y crearon Equital para tender una sola red (en lugar de las tres a las que se comprometieron, cuando se suponía que estaban «en competencia»).
Actualmente mantienen esa alianza, tanto para vender sus señales en «paquete» o negociar los derechos de transmisión del fútbol como en la formación de un consorcio para tender la red de fibra óptica utilizada para ofrecer servicios de acceso a internet con la licencia otorgada por el gobierno anterior. Sin embargo, y a pesar de que fueron habilitados a comercializarlos en 2023, los resultados comerciales son lentos. Entre las tres empresas han logrado concretar 960 contratos a junio de 2025 (apenas sumaron 300 en el último semestre, según datos de la URSEC) en un mercado que tiene 1.139.000 servicios.
Gustavo Gómez es director ejecutivo de Observacom y exdirector nacional de Telecomunicaciones.
