El presidente de Perú, Pedro Castillo, apostó por reprimir las protestas sociales y complicó más su situación. Más de 11 millones de peruanos amanecieron este martes con un toque de queda y bajo la ley del estado de emergencia, que permite que la Policía ingrese a los domicilios y haga detenciones sin una orden judicial, y elimina una serie de derechos ciudadanos. El toque de queda, anunciado por Castillo minutos antes de la medianoche del lunes, regía desde las 2.00 de la madrugada hasta las 23.59 de este martes. Sin embargo, al final de la tarde del martes, ante las críticas de distintos sectores y las protestas en las calles contra esas medidas, anunció en el Congreso el levantamiento del toque de queda. No se refirió al estado de emergencia.
ESTADO DE EMERGENCIA
Decretar el estado de emergencia e imponer un toque de queda fue la fallida respuesta del gobierno a las protestas sociales contra el alza de los precios, fundamentalmente los de los combustibles y los alimentos, que derivaron en violencia, bloqueo de carreteras y algunos saqueos. Fue como arrojar gasolina en el fuego de las protestas sociales. Los actos de violencia y los saqueos ocurrieron el lunes en distintas zonas del interior del país, pero el estado de emergencia y el toque de queda se decretaron para Lima y Callao, provincia portuaria territorialmente unida a la capital peruana, donde no hubo hechos de violencia. El gobierno justificó esta decisión asegurando que tenía informes de inteligencia que indicaban que se preparaban actos de violencia y saqueos en la capital para este martes. No dio detalles de esos supuestos informes.
PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO
A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a la calle el martes. En barrios acomodados y de clase media hubo movilizaciones para exigir la renuncia de Castillo. Los manifestantes llegaron hasta una cuadra del Congreso, donde fueron detenidos por un cordón policial. A esa hora Castillo se reunía allí con un grupo de legisladores. Fuerzas de choque del fujimorismo y otros grupos protagonizaron actos de violencia y hubo choques entre los manifestantes y la Policía. Hasta ahora, las movilizaciones, promovidas por una derecha golpista, habían sido un fracaso, por su escasa convocatoria, pero la declaratoria del estado de emergencia y el toque de queda fueron un catalizador que empujó a muchos a sumarse a ellas. En las zonas populares de Lima, duramente golpeadas por el alza de los precios, que gatillaron las protestas que han originado esta crisis, no hubo movilizaciones, pero creció la indignación por una inmovilidad que afectaba aún más sus precarias economías.
En la tarde del martes, Castillo fue al Congreso con algunos de sus ministros para reunirse con la directiva del Parlamento y los voceros de las distintas bancadas. Justificó las cuestionadas medidas tomadas por su gobierno diciendo que eran para «proteger a la población». Pero minutos después retrocedió y anunció que el toque de queda quedaba sin efecto desde ese momento. La violencia que había tomado las calles del centro de Lima no cedió después de este anuncio. El fujimorismo y la agrupación ultraconservadora Avanza País no participaron de la reunión de congresistas con el presidente.
«REPRIMIR Y CRIMINALIZAR»
La excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza, una importante aliada de Castillo, criticó duramente el rumbo tomado por el gobierno: «El gobierno no solo ha traicionado las promesas de cambio por las que el pueblo lo eligió, sino que ahora repite el método de resolución de conflictos de la derecha: ningunear a quienes se movilizan expresando su legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos. Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada». Legisladores de la izquierda ajena al partido oficialista Perú Libre que venían apoyando al gobierno se sumaron a esas críticas.
Los cuestionamientos de la derecha a medidas represivas que antes ha demandado, y ha aplaudido, para enfrentar las protestas sociales evidenciaron su doble discurso y su interés de utilizar la crisis social y los errores del gobierno para abonar su propósito de que este caiga. Al mismo tiempo, la imagen de Castillo se ha debilitado en los sectores populares. El presidente ha perdido el apoyo de sus aliados de izquierda y las movilizaciones para que renuncie han congregado una cantidad de manifestantes que antes no se había podido reunir, lo que lo deja más debilitado ante los embates del fujimorismo.
(Publicado originalmente en Página 12. Titulación de Brecha. Reproducido con autorización.)
«Ojalá se haga justicia con nosotros»
Piensa que en cualquier momento va a entrar por la puerta. José Pomazunco Quincho no se acostumbra a la muerte de su hijo, un adolescente de 13 años, a quien cariñosamente le decían Panzuco. Se llamaba Bruss y quería ser policía, un sueño que quedó trunco a causa de la represión policial con la que se redujo el paro de transportistas y agricultores en Huancayo, Junín. «A mi hijo lo han asesinado», asegura José desde su vivienda, en el asentamiento humano Horacio Zevallos, en Jauja. El estibador de 45 años relee la necropsia de su hijo y subraya que la causa del deceso fueron golpes en la cabeza. El documento también indica golpes en un pulmón. «Para mí que los policías lo han agredido y, para que no declare, lo han aventado al río», dijo.
La versión de la Policía es que Bruss murió ahogado en el río Yacus, en la provincia de Jauja, el 1 de abril. Otros testigos, con los que conversó José, sostienen que el adolescente, desesperado y asustado por el uso abusivo de las bombas lacrimógenas, se arrojó al río. El padre reclama una investigación profunda y exhaustiva. «Los policías lo han agredido. No es justo: era un niño de 13 años que fue a marchar pacíficamente. Mi hijo no se dedicaba a cosas malas», asegura. Esta no era la primera movilización a la que asistía el menor. Un día antes, el 31 de marzo, también había participado del paro. Al regresar a casa le dijo a su papá: «Siéntete alegre: yo he ido a la marcha, he dado mi voz de protesta. Ojalá se haga justicia con nosotros».
Bruss tomó conciencia de las injusticias desde muy niño. A los 4 años acompañaba a su papá en su trabajo de estibador, un oficio que consiste en movilizar paquetes de un lado a otro. Usaban un triciclo, con el que transportaban sacos de papa. Pero a los 10 años empezó a trabajar por su cuenta, porque conocía el esfuerzo que hacía su papá –un hombre con una discapacidad visual– para llevar alimento al hogar. «Empieza a trabajar primeramente jalando cajones de fruta, de papaya, de plátano. Ahí se involucra con la papa y empieza a cargar sacos de 50 quilos. Mi hijo se decide a entregar los saquitos de papa y llevarles a las personas a sus puestos. Nosotros ganábamos por llevar la carguita», recuerda José.
Cuando empezó a ganar dinero, Bruss regresaba alegre a su casa, pero antes pasaba por el mercado para comprar verdura, papa y fruta. «Para ustedes, papás», decía. En los últimos años, también pudo costearse el uniforme escolar, los útiles y la mochila. Un ejemplo que muestra el gran compromiso que sentía por ayudar a los demás es que juntó sus ahorros para comprar una máquina de pintar, con la cual pintó las paredes y las mesas de su escuela. Sus maestras, tristes por lo sucedido, estuvieron presentes en el entierro. Según cuenta su padre, quería ser profesional, para que él no trabajará más. «Vas a descansar, ya sacrificaste mucho», le decía. La represión policial, sostiene José, impidió que pudiera cumplir su promesa.
Claudia Risco
(Publicado originalmente en Wayka. Titulación
de Brecha.)
