Aplicaciones informáticas para los tiempos que corren
La primera piedra la arrojó hace dos años el precandidato Pedro Bordaberry con su imprudente propuesta de desarrollar un sitio en Internet (el observatorio de la Fundación Propuestas, Fundapro) para avanzar en un mapeo digital de la delincuencia mediante el registro de denuncias sobre delitos ocurridos en cualquier parte del país. Luego fue el turno del lanzamiento de dos cuentas en Twitter: Chorrosuy, que con 14 mil seguidores a cuestas replica mensajes sobre presuntos delitos cometidos, y otra, ChanchosUy, que con 60 mil, alerta sobre la ubicación de inspectores de tránsito. Pero la frutilla del postre fue, esta semana, el lanzamiento de Citycop, una aplicación para celulares –desarrollada a instancias de las marchas “contra la inseguridad” convocadas por Roberto Canessa, y financiada por “nueve o diez empresarios uruguayos y extranjeros”, según informa Subrayado– que desde hace una semana es furor en la web y que, como sus semejantes, tiene como propósito denunciar hechos delictivos o simplemente “sospechosos”. Tal vez estas aplicaciones podrían incorporar otros usos, por ejemplo la detección de patrones que no pagan a sus empleados, evasores fiscales, o mujeres en situación de violencia doméstica. Pero no. En el menú de nueve delitos que esta nueva plataforma ofrece estos dos ítems no aparecen. Pensemos en quienes cometen violencia de género o intrafamiliar. Ejercen su poder de modo perverso. Dañan, pero tienen una fachada respetable: la gente no tiene motivos para abrazar con fuerza la cartera o avisar rápidamente desde el celular cuando los ve por la calle. Están salvados del linchamiento web.
Sin especificar bajo qué sustento técnico, estas propuestas invitan a los usuarios a la experiencia de ser policía por un minuto, dando como un hecho que cualquiera que utilice estas herramientas sabe diferenciar entre un hurto y una rapiña, entre un sospechoso y un ladrón. Lejos de solucionar el problema de la inseguridad, las tres parecen destinadas a amplificar aun más el problema. La resolución de un crimen la mayoría de las veces requiere sigilo en torno a la familia, los organismos estatales y los delincuentes. La difusión compulsiva de acciones, la elaboración de hipótesis (casi siempre descabelladas) sobre las razones o el modus operandi y hasta el afán desesperado por tener primicias generan una polución indeseable: es un modo formidable de empiojar lo que se supone es un interés colectivo. Pero, muy a pesar de los nuevos gladiadores de la seguridad, son las menguadas estructuras del Estado las que cargan con la tarea de compensar asimetrías y resolver delitos: ni Bordaberry, ni Twitter, ni Citycop tienen esa facultad. Muchas veces las condenas anticipadas tienen cero valor para las pesquisas judiciales. Cualquier investigación seria requiere testimonios, evidencias, profesionalismo. He ahí las garantías del sistema para cualquier ciudadano de a pie.
Los medios hacen su parte. La criminalidad existe, esa es una obviedad. Decir que “la inseguridad” es una sensación, o que se debe exclusivamente al accionar de los medios, es tan tonto como desconocer el rol clave que juega lo mediático en la amplificación irresponsable de los sucesos. Pero el tema es que la gran mayoría de ellos insisten, una y otra vez, en colocarla en primera plana. El fiasco de la presentación en sociedad del Espacio Celeste, que la relegó, ya no tiene rating, y la proximidad del Mundial no basta para llenar las pantallas. De nada vale preguntarse qué pasaba con el delito cotidiano cuando la reaparición de Amodio Pérez encarnaba un reality show de 24 horas: lo cierto es que la cobertura “del principal problema de la sociedad” se redujo, en aquel entonces, a niveles mínimos. Esa época ya fue. Ahora retorna la normalidad, el show del delito, la presentación de simpáticas herramientas web para la caza de sospechosos. Los medios aborrecen el vacío y lo llenan con denuncias sobre la inseguridad o notas a la carta para develar los beneficios de un sistema electrónico que, se sabe, entraña otros fines, políticos o económicos. “La alerta ciudadana tiene ahora su aplicación”, titula El Observador sobre Citycop, en siete palabras que no dan sino ganas de presionar el “botón de pánico” presentado por Jorge Larrañaga en el marco de un –otro más– paquete de medidas contra la inseguridad. El relato, siempre el mismo: la predisposición masiva de una ciudadanía agotada que avala la brutalidad enano-fascista.
La fábrica de malestar funciona a pleno. Los informativos emiten lo que, se supone, la audiencia quiere oír. Periodistas, políticos y empresarios manejan ese registro pero, en estos temas, la audiencia es insaciable. El miedo de comunicación de masas vende o arrima un puñado de votos temerosos. El show de la inseguridad must go on. Al menos hasta octubre. O noviembre, quién sabe.
