A fines de julio la cúpula del Ministerio del Interior (el ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario Jorge Vázquez y el director de secretaría, Charles Carrera) desertó de su ambiente habitual y aterrizó en territorio extranjero: la oficina del rectorado de la Universidad de la República. Los recibieron el rector, Roberto Markarian, la pro rectora de investigación, Cecilia Fernández, y los decanos Gonzalo Uriarte (Derecho) y Diego Piñeiro (Ciencias Sociales).
En su momento el semanario Búsqueda informó que en ese encuentro el ministerio manifestó su intención de sumar a la Udelar (junto a la Suprema Corte de Justicia, Scj, y al Instituto Nacional de Estadística, Ine) a un nuevo órgano que relevaría en funciones al actual órgano estadístico del ministerio, el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, al que le atribuyen “errores metodológicos”. Brecha supo que las autoridades del MI también pidieron colaboración de la Udelar para erigir un centro de formación en criminología de nivel terciario (para policías y civiles), explicitando que será pensado como una referencia regional, idea que venía siendo fraguada por el ministerio antes de la reunión.
En el encuentro con el rectorado se dijo que los proyectos (especialmente el del centro de formación) serían financiados por dos prestamistas internacionales: el Bid y la Corporación Andina de Fomento (Caf). No existe aún ningún documento firmado entre las partes. Ni hay un convenio marco anterior que habilite un acuerdo. El tema tampoco pasó por ningún espacio de cogobierno de la Universidad, y hasta ahora se mantuvo restringido al rectorado y los decanatos, donde oficialmente rechazan hacer declaraciones.
CÚPULAS. El 27 de agosto Markarian marchó junto a decenas de miles de personas en la movilización convocada por el movimiento estudiantil que atiborró el centro de Montevideo. Al día siguiente se reunió con Catalina Mertz, economista chilena designada por el Bid para asesorar al MI en sus intenciones de arrimarse a la academia. Mertz fue asesora del Ministerio del Interior de la administración de Sebastián Piñera. En la reunión con Markarian dijo que su función se enmarca en un acuerdo entre el Bid y el MI que fue renovado recientemente.
Preguntó qué opinión tenía la Udelar sobre la intervención del banco, y el rector comunicó que el tema iba a ser estudiado en la interna.
“De los dos proyectos mencionados, el banco está apoyando solamente al Centro Regional de Criminología”, dijeron a Brecha desde el Bid en Uruguay, y detallaron que el centro producirá “conocimiento científico sobre la prevención y control del delito en Uruguay y países vecinos”. El mismo día de su encuentro con Markarian, la consultora del banco tenía planeado reunirse también con los decanos de las facultades involucradas. Uriarte, decano de Derecho, no concurrió a la cita. Consultado, adujo dificultades generadas por la ocupación de su facultad por parte de los funcionarios. Piñeiro, decano de Sociales, no dio explicaciones; sólo remitió a este semanario, a través de su secretaria, una parca evasiva. “Que se dirijan a la autoridad política”, mandó decir.
DELEGACIONES. Luego de la primera reunión con la plana mayor del MI, cada decano encomendó el tema a un grupo de docentes. El de Derecho escogió a dos y el de Sociales, a tres. El mismo viernes 28 el grupo (faltaron dos) se reunió por primera vez en el local de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. En la reunión la pro rectora de Investigación informó a los docentes de lo conversado con el ministerio. Uno de ellos consideró que el tema le parecía planteado en términos estrictamente “científicos” y se omitía hablar del “trasfondo político”. Consultados, los asistentes se negaron a dar mayores detalles: “Es todo una cuestión muy vaga y difusa. Hay un pedido de ayuda del MI, eso está claro. Pero en una temática muy amplia. Vamos a tratar de ordenar un poco e ir a una reunión con cuestiones más concretas”, dijo uno de ellos. Seguirán reuniéndose los viernes en el mismo lugar.
Un integrante del Consejo de la Facultad de Derecho dijo a Brecha que existe preocupación de que la Udelar “opere como legitimadora de las políticas de seguridad y las prácticas policiales. Especialmente las facultades que deberían producir investigación confiable sobre las políticas de seguridad, el funcionamiento de las instituciones que ejercen el control sobre las personas, etcétera, y no certificar la gestión del MI”. Además opinó: “Los docentes que están yendo a las conversaciones no fueron propuestos por los consejos. De hecho, los consejos no tienen idea de que esto se está negociando, más que por lo que ha salido en la prensa. Esto genera mucho malestar en los universitarios porque los decanos no han informado. La sensibilidad de la temática requeriría mayor transparencia y participación en la discusión en la interna de las facultades”.
En el mismo sentido se expresó Luis Eduardo Morás, docente en ambas facultades e investigador de la Udelar en temas de violencia, seguridad ciudadana, minoridad y justicia, entre otros. Morás dijo a Brecha: “Es un tema delicado. Los números no son asépticos, hay una ideología detrás. Los datos despiertan mucha sensibilidad en la opinión pública, tienen un componente político muy fuerte. Involucrar a una Universidad sin límites y condicionantes me parece que es un camino bastante resbaloso. Los aparentes ‘problemas metodológicos’ son los que llevaron a la renuncia del anterior director del Observatorio, Rafael Paternain, y vuelven a generar ahora un nuevo cuestionamiento al actual director, Javier Donnángelo. La participación de la Udelar en una iniciativa de esta índole debe tener la mayor difusión dentro de los servicios, para que puedan aportar aquellos que son referentes en el tema”.
RAZONES. Asistentes a la primera reunión entre las partes contaron a Brecha que se habló de generar una “base de datos para evaluar las políticas”, algo que no se está logrando con las características estadísticas actuales. Consultado por Búsqueda sobre si el cambio implica un intento del gobierno por manipular los datos para aparentar mejores resultados, Charles Carrera certificó: “Nosotros lo que queremos es tener más información (…); la Universidad, la Scj y el Ine son independientes, jamás se prestarían a una cosa así”.
Una de las razones del cambio se halla en la conferencia que dio el subsecretario Vázquez en abril de este año, cuando comunicó la noticia: “Nosotros podemos estar midiendo cosas, y nos puede estar dando muy mal. Pero podemos estar haciendo las cosas muy bien”, dijo. “Necesariamente la academia tiene que producir conocimiento. Pero no puede haber un divorcio entre academia y operadores. Tienen que trabajar juntos para generar conocimiento y tácticas y estrategias que nos permitan ser eficientes en el combate del delito. Para eso necesitamos indicadores. Quizás los indicadores que tengamos no sirvan. (…) Creo que tenemos que buscar la oportunidad de trabajar juntos para tener un cúmulo de conocimientos científicos que no puedan ser cuestionados ni siquiera políticamente”, remató.
[notice]Volver a intentar
En 2014 el MI ya había propuesto a la Udelar crear lo que se llamó Centro de Formación Regional y Seguridad Pública, en términos casi idénticos a lo que ahora se vuelve a proponer. Entonces, el área social de la Universidad elaboró una respuesta en la que, entre otras críticas, se indicaba: “la propia noción de ‘seguridad pública’ remite a un paradigma que ha sido discutido en toda la región, y limita las potencialidades conceptuales en un área de trabajo relevante, candente y marcada por las fuertes discrepancias. Del mismo modo, se evalúa que la oferta curricular presentada por el MI, bajo la gestión del Bid y la Universidad de Cambridge, coloca a la Udelar en lugar de incertidumbre, tanto por el lugar que ocuparían nuestros docentes como por la capacidad de iniciativa para incidir sobre los contenidos curriculares”. También surgieron reparos, como sugerir que había un “énfasis acrítico en lo que se denomina ‘evidencia científica’”, y “una visión tradicional y afincada en paradigmas funcionalistas, la cual se ha visto superada por el desarrollo de las ciencias sociales y jurídicas”. La propuesta fue rechazada.
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