Los técnicos constataron la “existencia de daños por deriva en el predio de los denunciantes” luego de la “aplicación terrestre y uso inapropiado de productos fitosanitarios”. Los afectados por los agroquímicos son los vecinos de Paso Picón, a cuatro quilómetros de Canelones capital. El texto corresponde a la multa que el Ministerio de Ganadería (Mgap), a través de la División General de Servicios Agrícolas, aplicó a fines de mayo al –ya a esta altura famoso– médico sojero Máximo Castilla. El monto a pagar es de 60 unidades reajustables (UR), equivalentes a 54.300 pesos.1
Aunque la cifra de la multa pueda resultar irrisoria (ya fue dos veces sancionado por el Ministerio de Salud con 1.000 UR y por la Intendencia de Canelones por otras 10 mil UR) y se corra aquel riesgo del “contamino y luego pago”, lo importante es que el MGAP lo observa por primera vez, “y no lo multa por la deriva en mi predio solamente, sino que reconoce que hay un daño en todos los que denunciamos. Y si hubiéramos sido veinte, nos hubieran reconocido el daño a los veinte”, contó a Brecha Adriana Pascual, la maestra de Picón. La demanda colectiva fue presentada por los vecinos el pasado 27 de julio de 2015 y el perjuicio se comprobó en los seis predios de los seis denunciantes.
Esta última multa fue producto de la eficacia del protocolo de acción conjunto que involucra a la Intendencia de Canelones (IC), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el Mgap y el Msp. La línea telefónica que dispuso la IC para recibir denuncias ambientales (099 389486) permitió que los inspectores de la Comuna Canaria llegaran en el momento justo, tomaran fotografías y labraran un documento público en el lugar, cuando antes sólo se contaba como prueba con las imágenes tomadas por los vecinos y las inspecciones del Mgap llegaban insólitamente 48 horas más tarde, cuando las fumigaciones ya habían terminado.
Después de enfrentar denuncias en esa Intendencia, el Mgap, la Dinama, el Msp y hasta en la Institución Nacional de Derechos Humanos, Castilla se encuentra actualmente en juicio con la Intendencia luego de que el propio gobierno departamental lo denunciara penalmente el 9 de setiembre de 2015.
En paralelo, y ahora que se comprobó que la acción del sojero lesiona y causa deriva en otros predios, los vecinos de Paso Picón están evaluando presentar una nueva denuncia ante el Tribunal de Ética Médica (Tem). En diciembre de 2014 el Tem sancionó al médico inhabilitándolo de ejercer por tres meses. Sin embargo, apelación mediante, el Colegio Médico del Uruguay revocó el fallo y dejó sin efecto la sanción con el argumento de que su accionar como productor afectaba a “otros ciudadanos con los cuales no está relacionado profesionalmente” como pacientes.2 Esta vez la causa manejaría estos nuevos elementos y tendría otro objeto de proceso, algo que a esta altura resulta obvio: “la actividad como productor es incompatible con su actividad como médico”, según adelantó la maestra.
OTROS VECINOS. Otros son los involucrados pero por una misma causa. Un grupo de ciudadanos provenientes de distintos parajes canarios (La Armonía, cuchilla de Rocha, La Rosada, Sauce, Toledo, Suárez) decidieron organizarse como un movimiento social para enfrentar la “invasión sojera”. La llamada “Comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua” advierte desde su presentación la “asfixia de la mejor historia granjera del departamento por cuenta del agronegocio”, que amenaza con destruir la diversidad productiva y los cursos hídricos, pero sobre todo con producir “enormes e irreparables daños humanos”.
La conferencia de prensa y la recolección de firmas en apoyo a la causa será el domingo 19 de junio, a las 13 horas, en la plaza de la ciudad de Sauce, bajo la mirada del prócer.
- Véanse notas en Brecha: “Picón a fuego lento”, del 1-III-16, y “Mal presagio de primavera”, del 18-IX-15.
- “Siga, doctor”, en Brecha del 28-III-15.