Con 140 millones de habitantes, Bangladesh es uno de los países más expuestos a catástrofes naturales, y se dice que Daca, su capital, ha estado desde su fundación en continua demolición: monzones, tifones, tornados, terremotos. Cada año llegan las inundaciones y las aguas servidas comienzan a invadirlo todo, con la emergencia sanitaria que ello implica. Cada nueva inundación puede dejar como saldo miles de muertos, y tanto en 1988 como en 1998, dos terceras partes del país quedaron sumergidas. A las autoridades no les fue muy difícil constatar que, para seguir evitando catástrofes de este tipo (o al menos evitar que sean tan graves) debían combatir un obstáculo recurrente y omnipresente: las bolsas de plástico, principal causa de las obstrucciones de los desagües. Así, en 2002 Bangladesh fue el primer país en prohibir su producción y distribución. Ese mismo año, Irlanda fue el primero en aplicar el PlasTax, un impuesto del 20 por ciento sobre las compras, aplicado a los usuarios de este tipo de bolsas. La medida causó un efecto inmediato, y el consumo de bolsas cayó en un 90 por ciento. El dinero de la recaudación fue a parar a programas de reciclaje y protección ambiental. A partir de entonces, y como un efecto dominó, muchos países del mundo comenzaron a combatirlas imitando a estos pioneros, con medidas y resultados desiguales.
Como ya es de común conocimiento, las bolsas de plástico están causando daños crecientes e irreversibles al ambiente. Basta con nombrar que hay una isla de esta basura flotando en el Pacífico, que crece gradualmente y donde confluyen y se concentran los residuos plásticos, con efectos nefastos sobre la fauna e indirectamente sobre el ser humano. Su superficie es de 1,4 millones de quilómetros cuadrados, la mitad del territorio argentino.
En 2003 el gobierno sudafricano aprobó una restricción terminante: los vendedores que utilizaran bolsas de plástico de menos de 30 micras de espesor (las más gruesas son legales, porque son más fáciles de reciclar) deberían pagar multas de hasta 100 mil rands (cerca de 7 mil dólares) o enfrentar sentencias de prisión de hasta diez años. ¿Cómo se llegó a este punto? Cuando se decidió prohibirlas, las bolsas se habían acumulado hasta volverse una parte inevitable del paisaje de Sudáfrica, llegando incluso a llamárseles “margaritas de la carretera” o “la flor nacional”.
Al llegar al aeropuerto de Kigali, en Ruanda, una voz recuerda amablemente a los pasajeros: “Por favor, dejen las bolsas de plástico en el avión”. La experiencia sorprende a más de uno, ya que al ingresar al país éstas son incluso requisadas en la aduana, como si fuera material altamente inflamable. Es que se trata de objetos prohibidos, considerados nocivos para el país.
México DF se encuentra en el top 5 de las ciudades más contaminadas del mundo. Pero en 2010 estableció una multa que puede sobrepasar los 10 mil dólares para grandes o pequeños empresarios que regalen las bolsas a sus clientes. En 2014 la Unión Europea aprobó una norma para las bolsas plásticas más finas, ya que son las que apenas se reutilizan. Los 28 países miembros apoyaron la iniciativa y se propuso reducir el consumo promedio en toda la región. Cada europeo consume 198 bolsas finas al año, y el objetivo es que pasen a ser 90 en 2020 y 40 para 2026. A partir de 2019 las bolsas de plástico deberán ser vendidas al consumidor; y de hecho hoy en la mayoría de los supermercados es el cliente quien debe hacerse cargo de cómo llevarse sus compras.
En mayo de 2012 se aprobó en Hawai una ley que daba a las empresas un plazo de dos años para terminar con las bolsas plásticas y adaptarse a las de papel. En Mauritania, luego de comprobarse que más del 70 por ciento de las muertes de ganado en la capital del país fueron consecuencia de la ingesta de bolsas plásticas, el gobierno decretó en 2013 la prohibición de su producción, importación, comercialización y uso. Dos decenas más de países conforman hoy un “frente africano” para combatir el uso de las “bolsitas”, algunos con leyes vigentes, otros en camino a su concreción.
Las ciudades de Río Grande, Tierra del Fuego y Pinamar, en Argentina, prohibieron a los comercios trabajar con ellas. En Buenos Aires, Rosario, Río Cuarto y Córdoba existen normas que exigen a los supermercados cobrar por cada una. ¿Pero qué sucede en Uruguay, país en la “vanguardia” progresista? Los quioscos, panaderías, almacenes, ferreterías, estaciones de servicio y supermercados continúan escupiendo continuamente una infinidad de bolsas de plástico al consumidor, ya sea para colocar en ellas un puñado de tornillos, un alfajor o una barra de desodorante. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó en julio un proyecto de ley para prohibir la fabricación, distribución y comercialización de este tipo de bolsas, y el mismo está siendo tratado en las comisiones correspondientes, pero aún no hay novedades al respecto.