I
Voy a contar hechos un poco miserables. Me aburre hacerlo y es muy probable que también aburra al lector. Pido disculpas, no tengo más remedio. Nunca busqué un cargo político ni me preparé para ejercerlo. En el último número de Brecha de diciembre de 2008 escribí una nota criticando al gobierno del Frente Amplio por todo lo que no hacía en Cultura. Poco tiempo después el presidente Tabaré Vázquez me nombró subsecretario de Educación y Cultura: “Vos me criticás, ahora podés trabajar por el país”. Algo así me dijo el presidente. Fueron seis meses. Creo que no tuve tiempo de hacer nada. El 1 de marzo de 2010 el presidente José Mujica me nombró director de la Biblioteca Nacional. En marzo de 2013 el ministro Ricardo Ehrlich me nombró presidente del Consejo de Derecho de Autor (Cda). El 1 de marzo de 2015 el presidente Vázquez me nombró director de la Biblioteca. Desde 1971 ningún director ejercía ese cargo por dos períodos consecutivos.
II
El Cda está integrado por cinco consejeros honorarios y depende directamente del titular del Mec. Es el órgano del Estado que entiende en todo lo relativo a derechos de autor, administra las obras de dominio público y las de dominio privado propiedad del Estado. Tiene, entre otras, la tarea de auditar las sociedades de gestión (Agadu, Sudei, Sugai, etcétera) y de asesorar a la cancillería en los debates que tienen lugar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi). Es opinión generalizada entre quienes se dedican a estos asuntos que la institucionalidad de los derechos de autor en Uruguay es débil. Esa opinión es compartida por los especialistas de la región y por técnicos de Ompi. Es así, entre otros motivos, porque tenemos pocos técnicos especializados en la materia y por la histórica carencia de personal del Cda. Lo que acabo de decir está documentado en el “Informe sobre derechos de autor” emanado de las jornadas internacionales que el Cda coorganizó junto con Ompi en noviembre de 2014 en los espacios de la Biblioteca.
El 1 de marzo de 2015 el Cda tenía cuatro consejeros honorarios, dos asesores letrados honorarios, una funcionaria administrativa y un contador. Personal apenas suficiente para la envergadura de las responsabilidades del Cda. En nuestro país los derechos de autor generan millones de dólares por año y es tarea del Cda fiscalizar ese movimiento de dinero que, en parte, es del Estado. El Sodre paga por el uso de obras de dominio público entre 100 y 120 mil dólares al año.
A los pocos días de asumir, Muñoz trasladó a la única funcionaria que tenía el Cda a su secretaría personal; en abril trasladó al contador a la Comisión de Patrimonio. Los asuntos que llegan semanalmente al Cda quedaron paralizados desde marzo. Ni siquiera hay quien conteste el teléfono, abra una carta. A las reiteradas llamadas a mi teléfono privado he contestado que, de momento, no se tramita ningún expediente por falta de personal. Esta situación está en conocimiento de la ministra, de Jorge Papadópulos, director general de Secretaría, de los ciudadanos que hacen seguimiento de sus trámites, y también de Agadu, que actúa en muchos casos como intermediario de sus socios.
A principios de abril la ministra resolvió que la oficina del Cda, que funciona en la calle Reconquista, se trasladara al edificio de la Biblioteca Nacional. El 9 de abril expuse por escrito los inconvenientes que eso significaría. La Biblioteca no tiene espacio para cumplir con sus obligaciones emanadas de la ley de depósito legal. La Biblioteca no tiene espacio para alojar otra institución. Un día después Papadópulos me llamó para decirme que la decisión de la ministra seguía firme. Al tanto de la grave falta de espacio en la Biblioteca, Muñoz encontró una solución fácil y rápida a los problemas de espacio que tiene en el edificio de Reconquista.
III
El martes 21 de abril el diario El País publicó una nota sin firma en la que se me citaba dando opiniones sobre la situación del Cda. La nota está basada en una entrevista telefónica que me hizo un periodista el día 20 de abril. En la entrevista se habló de tres artículos aparecidos días antes en la versión digital de El Observador sobre las pretensiones de Egeda, sociedad de gestión autorizada por el Poder Ejecutivo en 2007 a actuar en Uruguay. Egeda, informa El Observador, pretende cobrar un canon por los aparatos de televisión usados en bares, hoteles, mutualistas. El periodista, notoriamente al tanto de las dificultades del Cda, sobre el final me preguntó acerca del asunto. Mi respuesta fue la misma que he dado a ciudadanos y empresas que se preocupan por sus trámites: de momento el Cda no está evacuando expedientes. Luego de publicada esa nota me han llamado otros medios de prensa. A todos los he remitido a Papadópulos, a quien la ministra encargó solucionar los problemas de personal del Cda (véase La Diaria, 24-IV-15).
El 22 de abril, sobre las dos de la tarde, me llamó Papadópulos. Me dijo que la ministra le había ordenado que me trasmitiera que yo debía renunciar a la dirección de la Biblioteca por las declaraciones que me atribuía la nota de El País. Dijo Papadópulos que, si bien era cierto todo lo que decía la nota, la ministra opinaba que esos asuntos sólo debían ventilarse internamente. Le contesté que yo no había ventilado nada, que la situación del Cda era de conocimiento público. Que me parecía absurdo que por un asunto del Cda me pidiera la renuncia a la Biblioteca. Le dije que trasmitiera a la ministra mi pedido de que reconsiderara su decisión. Un par de horas después Papadópulos me llamó para decirme que la ministra no reconsideraba nada.
Resolví que no renunciaría. Yo fui designado por el presidente, no por la ministra. Llamé a Papadópulos y le dije que trasmitiera a Muñoz mi decisión: yo no renunciaba. Mi decisión no era un intento de conservar el trabajo. Sabía que al fin y al cabo el presidente Vázquez iba a sustituirme. Me negué a renunciar porque no iba a abandonar en silencio el proyecto que elaboramos durante cinco años con decenas de funcionarios, asesores, investigadores, muchos de ellos voluntarios. No iba a renunciar en silencio por respeto a ellos, y a los muchos colaboradores honorarios de las publicaciones de la Biblioteca. Parte de mi dignidad se nutre de respetar el trabajo ajeno. Por encima de mi dignidad está la nada.
Un par de días después Muñoz ordenó a una funcionaria que me pidiera la renuncia al Cda por correo electrónico. Estaba en su derecho: a los consejeros los nombra el ministro. Renuncié por correo electrónico ante la funcionaria.
IV
A Muñoz no le gustó que yo dijera que el Cda no estaba funcionando. Eso ya no es cierto: ahora no existe. No tiene ningún funcionario, no tiene contador, no tiene asesor letrado, no tiene lugar donde reunirse y no puede tomar decisiones porque con sólo tres consejeros carece de quórum.
Muñoz entiende que nadie debe hablar de los problemas de su ministerio. Es una forma novedosa de solucionar las cosas y una curiosa norma de transparencia: si nadie se entera de nada, todo va bien. O por lo menos no va tan mal. Yo no la conocía y, sin proponérmelo, transgredí la norma. Si la hubiera conocido tampoco la habría respetado. Sea como sea, por contravenir una norma suya, Muñoz me pidió la renuncia al Cda y forzó mi salida de la Biblioteca. Otra curiosidad: Muñoz ordenó el traslado de la oficina del Cda a la Biblioteca. No me negué a cumplir la orden. Pedí que la mudanza fuera acompañada por un inventario de los bienes y documentos que contiene. El inventario nunca apareció. La oficina del Cda no está en el edificio de la Biblioteca, como quiere Muñoz; sigue, abandonada y sin uso, en el cuarto piso de Reconquista.
V
Cuando en 2009 Tabaré Vázquez me nombró subsecretario le dije que sólo podía prometerle que soy trabajador y disciplinado. Creo que cumplí con mi palabra. No voy a juzgar lo hecho en estos años. No corresponde. Sí voy a mencionar algo de lo que siempre me sentiré orgulloso. Algo que hicieron otros, no yo. Formé, organicé y conduje un equipo de investigadores que ha creado conocimiento sobre nuestra sociedad, conocimiento que quedará para siempre en el acervo intelectual de Uruguay. Las publicaciones de la Biblioteca dan fe de lo que digo. No puedo dejar de destacar la labor de la profesora Alicia Fernández Labeque, jefa del Departamento de Investigaciones. Me consta que no aceptó cargos mucho mejor remunerados para poder seguir conduciendo el Departamento. Podría reconocer a los muchos funcionarios de todos los escalafones que prestaron su enorme colaboración a mi gestión. Nombro a Fernández Labeque en representación de todos quienes pusieron sus conocimientos, su trabajo y su talento al servicio de la Biblioteca en estos cinco años. Ello comprende, muy especialmente, al numeroso grupo de voluntarios e investigadores asociados que trabajaron para la institución.
VI
Lo ocurrido en estos días me recordó lo siguiente. A fines de 2009, en mi carácter de subsecretario de Educación y Cultura, me ocupaba de la Comisión de Bienestar Animal. Un día empezaron a llegar a mi oficina noticias de que jaurías de perros atacaban a los pacientes en la Colonia Etchepare. Llamé a Muñoz, entonces ministra de Salud Pública, para trasmitirle la preocupación. Me dijo más o menos así: “Vos de la Colonia Etchepare no sabés nada. Estás preocupado por los perritos. Yo, en cambio, me ocupo de la gente”. Y colgó. Llamé al subsecretario del Interior, inspector (r) Ricardo Bernal, quien me recibió un viernes a las nueve de la noche. Le trasmití la inquietud. Bernal comprendió la situación y dijo que se haría cargo. Hace pocas semanas una jauría mató a un paciente en la Colonia Etchepare. No pude menos que recordar la sensible respuesta que me dio Muñoz en 2009.
VII
En los primeros días de enero cuatro directores del área de Cultura fuimos convocados por Muñoz. Nos dijo que no iba a ocuparse de Cultura y que en el futuro no se reuniría con nosotros. Le informé que el Cda depende de ella y yo lo presidía. No tenía idea de qué le estaba hablando. “Una tarea más que no conocía”, me dijo. Me fui intranquilo. Si no iba a ocuparse de Cultura, ¿para qué había aceptado el cargo? Entendí que no le interesaba el Cda ni la Biblioteca. Después pensé que tal vez fuera una dificultad menos: si no se ocupaba, no pondría trabas. En pocos días nos dimos cuenta de qué es lo que Muñoz entiende por “no ocuparse de Cultura”. Lo dijo: no asumirá sus responsabilidades. No se ocupará, pero no tendrá ningún escrúpulo en desmantelar lo existente si eso le genera alguna dificultad, del orden que sea. Abandonará a su suerte a instituciones emblemáticas, que acabarán desmanteladas, como ya ha ocurrido. En pocas semanas deshizo el Cda. La próxima institución será la Biblioteca, que tiene un problema crónico de espacio, que en cinco años perdió 59 funcionarios y las vacantes no han sido llenadas. Se lo informé. No le interesó. No es su asunto. Todo esto me genera enorme incertidumbre y estoy obligado a decirlo. Me obliga mi compromiso con la cultura. También mi compromiso de toda la vida con el Frente Amplio y mi compromiso con Tabaré Vázquez. En ese orden.
Termino este relato de asuntos miserables. No escribo para decir que me he sentido agraviado por Muñoz. Si así fuera, sería irrelevante. Lo relevante, lo que debe preocuparnos, es que Muñoz es ministra de Cultura, de lo que no se ocupará. Eso es un agravio a su investidura y a la sociedad. Su prescindencia, la indiferencia hacia los asuntos de la cultura, el desconocimiento y la falta de interés en informarse, la transforman en una grave amenaza para la sociedad. Eso, lector, y los compromisos que enumeré más arriba, son motivos suficientes para dar a conocer estos hechos, que no tienen relación con mi salida del Cda y de la Biblioteca. No es nada personal: hay que evitar que Muñoz lleve adelante su proyecto de “no ocuparse de la Cultura”. Antes de que sea tarde.
[notice]Liscano y la Biblioteca Nacional
El silencio es lo que cuenta
Hasta ayer de noche, la noticia sobre el cese del escritor Carlos Liscano como director de la Biblioteca Nacional se informaba en condicional: “El presidente Tabaré Vázquez habría decidido cesar de su cargo al director de la Biblioteca Nacional, Carlos Liscano”. Sin embargo, el tiempo verbal ya cambiaba en la nota publicada en Búsqueda el jueves pasado: “el próximo lunes 4 en el Consejo de Ministros, el jefe de Estado comunicará el nombramiento de una jerarca de su confianza, ya seleccionada, como sustituta”.
Brecha ya disponía de la información del pedido de renuncia que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, le había cursado a Liscano a través de uno de sus más cercanos colaboradores. Según informó entonces el propio Liscano a Brecha, él seguía siendo director de la Biblioteca Nacional, en tanto el presidente de la República no le pidiera directamente su renuncia, ya que su nombramiento procedía de la Presidencia y no del Mec. Sí renunció a la presidencia del Consejo de Derechos de Autor, en tanto había sido nombrado en ese cargo por el anterior titular del Mec, Ricardo Erhlich. Ante el pedido de renuncia, Liscano, que había sido confirmado en su puesto hacía apenas un mes, envió una carta al presidente Tabaré Vázquez, que hasta donde se sabe no ha sido contestada.
Lo cierto es que fue un asunto que se tramitó en la prensa, en los pasillos y en las redes sociales, sin que fuera posible recibir ninguna información oficial. Al igual que Liscano en su despacho, queríamos saber la actitud que tomaría Tabaré Vázquez, quien durante su primera presidencia lo había nombrado viceministro de Educación y Cultura.
Como remarcable excepción, la ministra María Julia Muñoz confirmó a radio Montecarlo la información difundida por Búsqueda, sobre la remoción de Liscano, destacando que “El director ha cumplido perfectamente su tarea durante un período prolongado”, que “agradecemos el trabajo hecho” pero que le propuso al presidente Tabaré Vázquez “otra persona que tiene amplios conocimientos y es bibliotecóloga”. Brecha intentó recabar el punto de vista oficial, pero no obtuvo más que la confirmación del cese de Liscano, y que el Mec no tenía nada para comunicarle a la prensa al respecto, lo que fue trasmitido a esta periodista por el director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Jorge Papadópulos. Liscano sí aceptó expresar su opinión, pero no en forma de entrevista sino mediante la carta que publicamos. Queda atrás una gestión que si bien no careció de polémicas, marca un antes y un después en la Biblioteca Nacional. Y por delante la amarga sospecha de que un jerarca orejano, capaz de señalar los errores cometidos en su campo específico –la cultura– por el mismo gobierno de la misma fuerza política que lo puso en ese cargo, no tiene lugar en el presente del nuevo período progresista
Rosalba Oxandabarat
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