La detención del prófugo Ibar Pérez Corradi el domingo en las afueras de Asunción fue festejada como un triunfo por el gobierno argentino. Se trata del segundo detenido en menos de dos semanas vinculado con hechos de corrupción ocurridos en la década pasada, lo que le otorga el valor agregado de poder utilizarlos políticamente. Los viejos servicios de inteligencia, hoy anti K, parecen rubricar con su firma los operativos de detención.
Si la caída del ex funcionario kirchnerista José López le sirvió al macrismo para oxigenarse frente al malhumor social por el brutal ajuste económico, la detención de Pérez Corradi le permite retomar la iniciativa en casos de corrupción y narcotráfico, dos de los emblemas con los que la alianza Cambiemos llegó al poder.
Pérez Corradi es un ex empleado del Banco Nación devenido en farmacéutico y financista a comienzos del milenio. A él se le atribuye la planificación del llamado “triple crimen de General Rodríguez”, una localidad del Gran Buenos Aires en la que fueron asesinados los comerciantes Leopoldo Bina, Sebastián Forza y Damián Ferrón, ligados a la venta de efedrina. La matanza fue cometida en agosto de 2008 por los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schilacci, condenados luego a prisión perpetua. Son los mismos que el 31 de diciembre pasado se fugaron de la cárcel y fueron recapturados dos semanas más tarde luego de una cinematográfica persecución. Según fuentes de la investigación del triple asesinato, los contactos de Pérez Corradi llegarían hasta el mismísimo capo del Cártel de Sinaloa, el “Chapo” Guzmán. Los narcos mexicanos estarían vinculados a los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas que pululan hoy en la provincia de Buenos Aires.
El responsable de autorizar el aumento de la importación de efedrina fue el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, ex candidato a gobernador bonaerense en diciembre de 2015 por el kirchnerismo. Fernández justificó el incremento en la necesidad de aumentar la producción de medicamentos en laboratorios argentinos, pero las pistas de la investigación indican que la efedrina terminaba saliendo del país con destino a México. Pérez Corradi era el principal responsable del mercado negro de la efedrina y mandó a los Lanatta y a Schilacci a matar a sus competidores con la anuencia de Aníbal Fernández, según dijo Martín Lanatta desde la cárcel en vísperas de las elecciones de 2015.
Hay un factor común en los casos de Pérez Corradi y de José López: la vuelta a la escena de los viejos servicios de inteligencia antes comandados por Jaime Stiuso, hombre fuerte de los espías hasta diciembre de 2014, cuando fue destituido por sus turbias relaciones con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Exiliado voluntariamente en Estados Unidos, Stiuso volvió en marzo pasado para declarar en el caso de Nisman, que desde ese momento tomó otro cauce. Legisladores kirchneristas y funcionarios de segunda línea del actual gobierno sugirieron a Brecha que Stiuso “tiene mucha experiencia en temas de inteligencia y contrainteligencia, y seguramente podría aportar sus conocimientos en la nueva gestión”. Dos legisladores nacionales de la Comisión de Fiscalización de Seguridad Interior y otros dos de la vieja Comisión de Seguimiento de los organismos de inteligencia aseguraron a su vez a Brecha que “la mano de Stiuso parece estar presente en todos estos casos donde caen prófugos y presuntos corruptos”.
A Pérez Corradi empezaron a rastrearlo en Paraguay desde fines de febrero pasado hombres de la Agencia Federal de Inteligencia argentina, y el domingo lo detuvieron en un departamento céntrico de Foz de Iguazú. Se entregó, pero ahora no quiere volver a su país porque cree que su vida corre peligro. La narcopolítica ya está instalada en el centro de la escena argentina.