La «chilenización de las protestas» y la reorganización de la inteligencia uruguaya

Nido de cóndor

Mientras el país estrena una estructura de inteligencia centralizada y habilitada a esconder sus operaciones más allá de lo que muchos consideran razonable, indicios de persecución derivan en que algunos chilenos residentes en Uruguay se vean inhibidos de ejercer sus libertades. Un especialista advierte que el verdadero peligro es la «chilenización de la represión».

Movilización en la avenida 18 de Julio de Montevideo en solidaridad con Chile, octubre de 2019 adhoc. Adhoc, Santiago Mazzarovich

Mientras uno pintaba la pared de una institución pública, los otros dos hacían guardia, por si se acercaba un patrullero. Eran las diez de la noche y era viernes; por eso no les resultó sorprendente que dos hombres borrachos se acercaron a preguntar sobre la pintada. Pero sí les resultó molesto, porque las respuestas monosilábicas no lograron amedrentar a los preguntones: ¿por qué hacían una pintada? La atención dispensada a los curiosos impidió que los dos que montaban guardia vieran llegar al patrullero. Por lo tanto, lo que no logró la frialdad lo logró el arribo de los policías, y los borrachos se alejaron.

Cuando bajaron, los oficiales le preguntaron directamente al grupo qué hacía allí. Las lacas negras dentro de una de las mochilas y las manos entintadas de negro sólo señalaban a un culpable: Antü. Tras pedir los datos del grafitero y sus dos acompañantes, Antü fue notificado de que sería detenido. Por Whatsapp, avisó a algunos amigos de lo que estaba ocurriendo, antes de quedar incomunicado hasta las ocho de la mañana, cuando fue liberado. Fue trasladado a la seccional del Prado para que el forense constatara su estado de salud y, finalmente, fue detenido en la Seccional N.o 3.

Mientras a Antü le preguntaban a qué agrupación pertenecía y hacía cuánto estaba radicado en Uruguay, y algún que otro agente le decía: «Chileno de mierda, ¿por qué no te vas a delinquir a tu país?», la Policía Científica, según testigos, sacaba fotos del grafiti. Entre interrogantes, Antü pasó el número de su abogada para que los oficiales la llamaran. Pero esta, pese a llamar directamente a la seccional, no recibió ningún llamado ni fue atendida por teléfono. «Su detención es una medida ejemplificante de la Ley de Urgente Consideración [LUC]», dijo la abogada a uno de sus compañeros vía telefónica. La Fiscalía fue notificada horas más tarde. Antü fue liberado por la mañana.

Ese domingo era el aniversario de la insurrección de Chile. Algunas personas, entre las que se encontraba el grafitero, habían decidido hacer manifestaciones pequeñas por todo Montevideo. Dos semanas después de ser detenido, Antü leyó en las noticias que fuentes de la inteligencia policial dijeron al semanario Búsqueda que en el organismo se «temía por una chilenización de la protesta» y que ante esto se estaban monitoreando «fracciones radicalizadas», como la Plenaria Memoria y Justicia y la agrupación que se reúne en el Centro Social Cordón Norte. «No me sorprende lo que dijeron, pero sí que lo hayan dicho con esa transparencia. Ya nos habíamos dado cuenta de que habían dispuesto operativos para estudiar nuestros movimientos. Es asquerosa la xenofobia que refleja. Plantear una chilenización de la protesta es una excusa para justificar el refuerzo del aparato represivo», expresó Antü.

LA PUNTA DE LA PIRÁMIDE

A principios de mayo la LUC introdujo dos modificaciones en el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE) que causaron temor en algunos políticos, académicos y especialistas en la materia. Tanto el politólogo Julián González como el excoordinador de inteligencia Augusto Gregori opinaron que las modificaciones colocaban al actual director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) en la cima de una pirámide que centralizaba mucho el poder. Por un lado, porque la coordinación de antes fue suplantada por un sistema de dirigencia. Por otro, porque la secretaría puede calificar diferentes operativos e informaciones como secretas, incluso para el Poder Judicial.

El SNIE, compuesto por las agencias de los ministerios del Interior, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, funcionaba de manera más horizontal. El desarrollo de una inteligencia estratégica debía articular los distintos intereses de las agencias con la mirada puesta en eventuales desafíos externos. Tras la promulgación de la LUC estas pasaron a estar dirigidas por la secretaría, que responde únicamente ante el presidente, y el área vigilada podría ser otra. Este es uno de los puntos en los que se centró la exposición de González ante la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de la LUC, en la que advirtió que se corre «el peligro de que, de alguna manera, un poco impulsado por las prioridades del gobierno», la SIEE caiga «en un desvío de sus funciones», lo que, a su juicio, no sería «saludable desde el punto de vista institucional». La inquietud de González giró en torno a dos detalles: que la sección I, «la más extensa de la LUC», estaba abocada a la seguridad doméstica e interna del país y que la sección II, en la que aparecen las modificaciones del SNIE, parece «complementaria» a la primera sección. En segundo lugar, señaló que quien había sido designado para dirigir la secretaría, Álvaro Garcé, fue quien «asesoró al presidente de la república, el doctor [Luis] Lacalle Pou, en temas de seguridad pública durante la campaña».

En lo que respecta a las funciones del director de la SIEE, la nueva norma escogió verbos más imperativos. Parece un cambio sutil, pero algunos lo consideran sustancial: el verbo coordinar fue sustituido por dirigir y, en vez de proponer que se apliquen medidas de inteligencia o contrainteligencia, la SIEE dispone, como explicó el mismo Garcé ante la comisión especial. La oposición entre estos dos verbos supone un cambio entre las formas de desarrollar la inteligencia a nivel estatal. La verticalización en la toma de decisiones, indicó a Brecha el excoordinador de la SIEE Augusto Gregori, le quita «transversalidad» al funcionamiento de la secretaría. En este sentido, las diferentes inteligencias se desarrollaban «en una comunidad» en la que el secretario tenía la función «de coordinar la oposición de intereses», pero, tras la verticalización, se convierte al SIEE en un organismo «más operativo». «La inteligencia estratégica es una cosa transversal a todo el Estado. Las inteligencias militar y policial son una parte chiquita de esto», describió Gregori. Señaló que los militares están formados para «analizar situaciones buscando amenazas», mientras que la agencia de economía, en coordinación con otras agencias, puede, por ejemplo, «prever el tsunami económico que va a producir la pandemia».

Para el senador frenteamplista y exministro del Interior Eduardo Bonomi, el rol dirigencial del SIEE introduce una «incongruencia importante», porque el ministro del Interior, por ejemplo, es el que dirige el servicio de inteligencia de su dependencia y «ahora en el sistema de inteligencia tiene más potestades la SIEE que un ministro». De esta manera, González y Gregori coinciden en que este puesto implica «demasiado poder»: «Y ya sabemos qué pasa cuando los organismos de inteligencia tienen tanto poder». Sin embargo, declinó «ser más específico» sobre este último punto. Por el contrario, el senador nacionalista Gustavo Penadés aclaró que el director del SIEE a la vez coordina y dirige, porque «los organismos de inteligencia son particulares desde todos los puntos de vista», y que la razón de que exista una secretaría tan cercana al presidente es el «ordenamiento»: «Aquí lo que se pretende es que se coordine y se dirija, pero la inteligencia militar sigue estando en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional; la policial, en la del Ministerio del Interior; la económica, en la del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, y la agencia de cancillería, en la del Ministerio de Relaciones Exteriores». Por lo tanto, la funcionalidad de la SIEE y su director sería «establecer directivas y centralizar la información».

El segundo punto controversial en las modificaciones impuestas a través de la LUC fue el que dio a la SIEE la potestad de calificar de secretos asuntos, actos, documentos, actividades e insumos de las agencias de inteligencia, de tal manera que únicamente la presidencia, en un consejo de ministros, puede acceder a su conocimiento. Si bien la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado (número 19.696), promulgada en 2018, ya regulaba la producción de información reservada o restringida por las agencias nacionales, la modificación introducida se basó en un criterio de cooperación con agencias extranjeras. «Es evidente que otros Estados que sí poseen el régimen de la información secreta difícilmente pueden proporcionar a nuestro país y a nuestro sistema nacional de inteligencia información que ellos consideran secreta si nosotros tenemos estándares menos rigurosos», dijo Garcé en su comparecencia ante la comisión especial, y agregó que eso ya se había conversado «con representantes de las agencias de otros Estados». Este punto sorprendió tanto a la oposición como a los especialistas en inteligencia, quienes manifestaron que este tipo de calificaciones enrarece o enturbia el accionar de la secretaría y modifica una serie de disposiciones establecidas por la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, que fue promulgada tras una larga discusión parlamentaria en ambas cámaras y aprobada por una unanimidad. Según Gregori, romper ese consenso por «sugerencias de organismos extranjeros es de locos».

El secreto, junto con la centralización de poder en la SIEE, indicó Gregori, posibilita que esta tenga un vuelco aún «más operativo», ya que no hay un control parlamentario ni judicial y no se establece ningún tipo de registro con respecto a estas actividades. Según el excoordinador de inteligencia, los servicios de cada ministerio son operativos y «siempre recolectan información», pero el conflicto nace cuando estos «hacen cosas sin control»: «La toma de decisiones está verticalizada y, por lo tanto, no se puede discutir, lo que transforma todo en algo turbio y peligroso». Si bien existen formas de control parlamentario y los legisladores pueden llamar al Ministerio de Defensa Nacional para que declare lo que está haciendo su servicio de inteligencia, «la declaración de secreto puede llevar a que ni el ministro sepa qué se hizo». En declaraciones a Brecha, González alertó que las dificultades para controlar el servicio de inteligencia se vuelven más preocupantes en la medida en que «hay un sesgo implícito que vuelca las tareas de inteligencia a la seguridad interior».

Penadés, por el contrario, dijo que la declaración de secreta se circunscribe únicamente a la información que se intercambia con agencias de inteligencia extranjeras y no a los operativos que se realicen en territorio nacional, ya que «las pesquisas están prohibidas por la Constitución de la república». Asimismo, remarcó que este tipo de modificaciones sólo da un «marco legal a algo que ya se hacía» en períodos anteriores. «Los servicios de inteligencia extranjeros chinos, israelíes, brasileños, alemanes e ingleses son con los que más intercambio tiene Uruguay y los que piden esta clasificación para pasar sus documentos, porque esto puede afectar la seguridad de su propio país», argumentó. Esta también fue la línea de razonamiento de Garcé en su comparecencia. Sin embargo, Bonomi dijo que la calificación de secreto vinculada únicamente al traspaso de información con agencias extranjeras no está explicitada en la LUC y que el secreto «se aplica en general». En este sentido, coincidió con Gregori y González en que el hecho de que la Justicia no pueda levantar el secreto «es peligroso». Aseguró que, si bien antes se podía calificar de reservada o confidencial la información producida en, por ejemplo, el Ministerio del Interior ante un pedido de informes parlamentario, «si no quedaba conforme con la respuesta, la Justicia podía rectificar».

«Garcé fue designado para este puesto por su experiencia, justamente, como jurista», enfatizó Penadés en referencia a las credenciales del director para manejar un aparato que suele funcionar al borde de la ilegalidad. Respecto a las declaraciones recogidas por el semanario Búsqueda sobre el monitoreo de «fracciones radicalizadas» y la línea de evitar una «chilenización de la protesta», aseguró no estar al tanto del asunto. Para esta nota, Brecha intentó dialogar con Garcé, pero este respondió no tener intenciones de exponerse públicamente. Por su parte, Gregori subrayó la importancia de establecer sistemas de inteligencia estratégicos desde una óptica ciudadana y mediante prescripciones lo suficientemente explícitas. «Si es una cuestión de fe, no hagamos leyes. El Estado no es eso. En el Estado de derecho está escrito todo», concluyó.

Por su parte, González dijo que no sabe a qué podría referirse el concepto de chilenización de la protesta, pese a que en algún momento el presidente de Chile, Sebastián Piñera, manejó la posibilidad de que los levantamientos del año pasado en su país fueran el resultado de una conspiración externa. Pero advirtió que el peligro verdadero sería una «criminalización de la protesta o una chilenización de la represión» y consideró que la tesis manejada por la inteligencia policial «parece ir en esa dirección». En la misma línea, Bonomi aseguró que «la apreciación de la chilenización de la protesta no es compartible» y añadió que, a partir del mandato de José Díaz, el servicio de inteligencia siguió a algunos grupos en el espacio público, como en las marchas, pero no se infiltró en movimientos sociales ni vigiló a sus observados en el ámbito privado.

LA PERSECUTA

A partir de una marcha multitudinaria el 31 de octubre de 2019, en apoyo a los chilenos en su levantamiento, Antü dijo que tanto él como algunos integrantes comenzaron a advertir el seguimiento de la Policía. Algunas actividades en las redes sociales comenzaron a descontrolarse, aparecían inicios de sesión a horas que no recordaban y referencias a actividades que tampoco habían realizado. Cuando las sospechas individuales se colectivizaron, las convocatorias comenzaron a hacerse vía Whatsapp, un mecanismo de comunicación más seguro. Aun así, cada vez que se convocaban para concentrarse en la embajada de Chile, esta aparecía cercada antes de que llegaran. Tanto es así que, por una cuestión de cuidado, las actividades comenzaron a diluirse. «En un momento decidimos dejar de hacer cosas porque nos vimos expuestos y nos dio mucha inseguridad cómo nos estábamos manejando. Activamos la seguridad de avisarnos cuando llegábamos a nuestras casas, pero con la pandemia la cosa se tranquilizó», contó Antü.

Lo que los impulsó a esa militancia fue dar a conocer el levantamiento chileno y las consecuencias de la represión del gobierno de Piñera. En especial porque, si bien siempre «hubo represión con gases o chorros de agua, las fuerzas chilenas habían incorporado los balines», lo que recrudeció la cantidad de heridos en las marchas masivas. Aunque buscaban realizar actividades plenamente lícitas, «no una pedregada», y creyendo en un Uruguay tranquilo, donde «no hay una represión muy explícita, como en Chile», tanto Antü como otros integrantes de ese colectivo se dieron cuenta de que «el aparato de inteligencia estaba muy trabajado» y la represión no tiene lanzagases ni carros de agua, pero «desarticula a través del miedo». Tras su detención, las actividades programadas para el aniversario del 18 de octubre se suspendieron. «Fui utilizado por el sistema punitivista y xenófobo para sentir que soy una persona de riesgo, tanto para mí como para las personas con las que convivo y milito», concluyó Antü sobre esta experiencia.

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