Hay una lectura que el progresismo frenteamplista hace de la realidad económica, social y cultural de Uruguay que es particularmente determinante de los primeros meses de su cuarto gobierno nacional. Esa lectura parte de la existencia de una sociedad dividida en dos, entre una sensibilidad progresista y otra de derecha con magnitudes similares. Por tanto, para evitar una grieta, las políticas a desarrollar deben ubicarse en el centro del espectro, tratando de satisfacer a tirios y troyanos. Esa percepción de la realidad supone la existencia de una sociedad solidificada y desconoce que el arribo a la actual correlación de fuerzas supuso una larga batalla cultural de la izquierda contra el pensamiento hegemónico, que le permitió, unidad mediante, pasar del 10 por ciento del electorado a cerca del 50 por ciento en el presente.
Por supuesto que las condicionantes críticas de la realidad económica y social de administraciones neoliberales fueron terreno fértil para el ascenso del pensamiento progresista. Hoy, el país no vive una primavera en lo económico y lo social, es decir que, en términos políticos, no se puede afirmar que hay satisfacción o que todos los votantes de la Coalición Republicana son los favorecidos malla oro. Por consiguiente, dentro de ese electorado hay veinticincomilpesistas que viven las peripecias de los más vulnerables y por eso, para muchos referentes de la coalición de izquierdas, hay mucho trabajo político e ideológico a realizar antes que resignarse a la actual relación de fuerzas.
Esta descripción cuestionadora de la actual visión de parte de la dirigencia del Frente Amplio (FA) no implica concluir que la fuerza política hoy gobernante ha claudicado en la defensa de los menos favorecidos, aunque es notorio que se le dificulta plantear reformas estructurales que ataquen las causas de las desigualdades si ellas son fuente de conflicto con los poderes establecidos.
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Por otro lado, los 100 primeros días del nuevo gobierno parecen no haber satisfecho las expectativas de una porción importante de sus votantes. Más cuando hay antecedentes de gobiernos que tomaron medidas distintivas e incluso disruptivas respecto a sus antecesores. Las hubo, aunque de signo distinto, en 2005 y en 2020 con las gestiones de Tabaré Vázquez y de Luis Lacalle Pou, respectivamente. En esta oportunidad, el gobierno de Yamandú Orsi y su equipo, salvo por un hecho –la compra de más de 4 mil hectáreas por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), simultánea al funeral de José Mujica–, se ha caracterizado por la cautela y la falta de iniciativas que lo diferencien de lo hecho por Lacalle Pou y su séquito. Sí ha habido derogaciones de decretos regresivos aprobados por la coalición de las derechas, como el de la regulación de la ley de medios, los referidos a darle privilegios a la educación terciaria privada y los que lesionaban las leyes antitabaco aprobadas hace lustros (normas derogadas por presión de las empresas tabacaleras). Estas medidas han servido para restaurar aspectos positivos de anteriores gobiernos del FA. La actual administración también presentó, en los últimos días, un proyecto modificativo de la ley de combate al lavado de activos.
Pero la principal medida del gobierno de Orsi en estos 100 días fue la compra de Colonización en Florida. Ese hecho fue contra la concepción de que el Estado no puede intervenir en el negocio de la tierra, ni favorecer el acceso de trabajadores a unidades productivas o la permanencia de productores familiares en la producción lechera. Las reacciones adversas de la Asociación Rural del Uruguay y de la oposición política evidencian que se tocaron intereses del poder económico. Esa fue y es una batalla ideológica, a pesar de que algunas circunstancias muy ruidosas, como la renuncia del presidente del INC (a pedido de Orsi) por la supuesta inconstitucionalidad que implicaba para el cargo su carácter de colono, desviaron el centro del debate.
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Hay tres factores que dificultan precisar el rumbo del gobierno: uno es la realidad económica heredada, que hoy, rendición de cuentas mediante, obliga a pedir un aumento en los topes de endeudamiento externo para cumplir con las obligaciones del Estado. A ello se agrega el escaso crecimiento de la economía. El segundo factor es la falta de mayoría parlamentaria propia. El tercero, la repetición de un discurso de continuidad que, más allá de las formas institucionales, se ve reflejado en algunas decisiones políticas, como la de mantener las exoneraciones a la vivienda promovida. A estos tres factores debe sumarse un relato que apela constantemente a la amplitud con gestos hacia la oposición. Un ejemplo de esa tesitura es la intención de designar en la embajada de Portugal a Carolina Ache y como representante ante la Unesco a Beatriz Argimón, propuesta que se hizo sin conversar previamente con los partidos a los que ellas pertenecen. Algunos dirigentes frenteamplistas han manifestado, en privado, que esos actos están orientados a alcanzar acuerdos para las leyes fundamentales (rendición de cuentas y presupuesto quinquenal) en el Parlamento.
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La «izquierda es internacionalista», dijo la senadora Constanza Moreira en el programa Legítima defensa de Caras y Caretas, en referencia a las críticas expresadas desde filas frenteamplistas al posicionamiento del gobierno uruguayo ante el genocidio en Gaza. La neutralidad y la tibieza de las declaraciones de los jerarcas gubernamentales están entre los factores de descontento de la grey frenteamplista con la política internacional de la actual administración. Orsi y el canciller Mario Lubetkin, cuando se refieren a la situación de Gaza, hablan de «guerra» y evitan el término genocidio. Además, se han negado a cerrar la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén, a pesar del pedido de la dirección frenteamplista, de la Universidad de la República y de las organizaciones sociales más representativas. Y, al menos al cierre de esta nota, persisten en la omisión de la palabra genocidio, a contramano de la decisión del secretariado del FA, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Vertiente Artiguista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Fuerza Renovadora, el Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento de Participación Popular e infinidad de comités de base. En este plano, mientras las bombas siguen cayendo sobre el pueblo palestino, el descontento con el gobierno en las propias filas frenteamplistas es cada vez mayor.