«No se puede seguir con un modelo de salud en el que los beneficiarios son las instituciones y no las personas»

—¿Cuál será su rol en el gobierno electo?

—Todavía no lo sé, lo único certero es que hoy soy senadora electa por El Abrazo. La decisión de ocupar otro lugar será del presidente de la república electo. Me gustaría estar en salud y liderar todos los procesos necesarios para mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS], que tuvo retrocesos en estos últimos cinco años, e implementar cosas que nos han quedado pendientes de nuestros 15 años de gobierno. Hoy soy senadora, fui subsecretaria, tengo experiencia y trayectoria en el manejo de las políticas públicas de salud. Sería una manera de fortalecer las políticas de infancia, de salud integral de las mujeres, salud sexual y reproductiva, y que sean derechos garantizados. Ese es el lugar donde más me veo, pero sería muy inoportuno de mi parte decir otra cosa.

—¿Cuáles son los retrocesos que a su juicio registró el SNIS en los últimos cinco años?

—Cuando se creó el SNIS, en el primer gobierno del Frente Amplio [FA], muchos legisladores de la oposición de ese entonces no lo votaron, especialmente del Partido Nacional. Se retrocedió en las políticas antitabaco, también en la normativa sobre el etiquetado de alimentos. No hubo acciones concretas en cuanto a la prevención de enfermedades transmisibles; vemos dos indicadores en aumento que son muy duros de asumir: la sífilis gestacional y congénita, sobre todo en el sector público. La tasa de sífilis congénita en el sector privado fue de 41,8 casos y en el subsector público fue de 223 cada 1.000 nacidos vivos. Esto es un claro indicador de retrocesos y diferencias entre sectores. Es decir, en un mismo país tenés datos similares a los que reporta Canadá y a los que reportan países de extrema vulnerabilidad. La robustez del SNIS que dejó el FA fue un eje muy importante para enfrentar la pandemia. Sin embargo, en estos años hubo un debilitamiento muy importante del rol rector del Ministerio de Salud Pública [MSP]. Hoy hay tres instituciones que están con dificultades económico-financieras: cerró Casa de Galicia –con las consecuencias que tuvo–, CASMU está con algunas dificultades y bajo un proceso de intervención, y han surgido en los últimos 20 días dificultades en CUDAM. Eso es un síntoma. En nuestros gobiernos no cerró ninguna mutualista, se hicieron fusiones de una o dos instituciones, pero bajo una rectoría y conducción por parte del MSP y del Ministerio de Economía y Finanzas.

—¿Los datos que usted maneja en relación hablan de un crecimiento de la desigualdad en el campo de la salud?

—Sí. Entre las enfermedades prevenibles también aumentó paulatinamente la tuberculosis en personas privadas de libertad, por ejemplo, producto del hacinamiento. También en las personas en situación de calle. Las listas de espera para realizar interconsultas con especialistas o para acceder a procedimientos de primera línea, sobre todo en ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], también aumentaron. Hubo también falta de medicamentos. Y no estamos hablando de la incorporación de medicamentos al Fondo Nacional de Recursos, sino de los de primera línea; no se ha incorporado ni un medicamento al Plan Integral de Atención en Salud [PIAS], solamente hubo el pase de las insulinas de larga duración. Hay grandes inequidades por la falta de rectoría. Un prestador le puede cobrar al usuario la analgesia del parto hasta 50 mil pesos, mientras otro lo ofrece gratis como una estrategia de marketing y adherencia.

Un avance muy importante del FA, sobre todo en los primeros años del primer período, fue la creación del listado positivo de prestaciones y medicamentos, el PIAS y el Formulario Terapéutico de Medicamentos. Se definió qué era lo obligatorio, para que todos los prestadores públicos y privados lo ofrezcan a los usuarios, y luego no se avanzó.

—En concreto, ¿qué acciones deberían tomar para revertir esta situación?

—Por un lado, fortalecer el rol del MSP en su función de rectoría y funciones esenciales, que se conciba la salud pública como un derecho atravesado por las determinantes sociales. Para eso es esencial un MSP que tenga un eje de fiscalización y rectoría sobre los prestadores públicos y privados. Luego, mejorar el acceso a los medicamentos y las prestaciones a través de la reducción de los tickets, con un papel relevante de la Agencia Reguladora de Medicamentos, ya que Uruguay es de los únicos dos países de América Latina que no cuentan con una.

Queremos racionalizar los copagos, que, si bien tienen una función moderadora, en muchas oportunidades actúan como barreras impidiendo el acceso a tratamientos necesarios. Hay que evaluar cuál es la mejor manera para que cuando un usuario tenga que acceder a determinados tratamientos la parte económica no sea una barrera, que hoy en la cotidiana sucede. Se ve en jubilados que tienen indicación de muchísimos medicamentos y eso hace que, quizás, el 50 o 70 por ciento de su ingreso se destine a tickets de medicamentos. Serán clave las conversaciones que podamos tener con la Coordinadora de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva –con la que ya nos hemos reunido–, con la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, también actores y organizaciones de usuarios de la salud, con el Sindicato Médico del Uruguay. Para cada una de estas medidas, que pueden tener algún impacto económico, hay que ver los recursos de los que disponemos actualmente, pero todas las medidas serán dialogadas. Lo que no puede pasar es que un país que invierte el 9,3 por ciento del PBI tenga núcleos críticos que no se puedan abordar por falta de gestión.

—¿Se piensa en una nueva reforma del SNIS?

—Más que hacer una nueva reforma al sistema de salud, hay que profundizar la reforma que ya tenemos. Hay que fortalecerla con los pilares que tiene su modelo de gestión. Se deben realizar algunos cambios (rever las metas y las cápitas, la cuota salud y cómo la vamos a adecuar a las situaciones actuales), pero todo será conversado con los actores. La atención a la salud es un derecho que en nuestro país es de acceso universal y equitativo, y fue un avance muy importante. No puede existir un retroceso en la accesibilidad ni se puede dejar la regulación en manos del mercado.

A la vez, el proceso de atención de la salud, al estar atravesado por las determinantes sociales, tiene que tener una lógica de mucha coordinación entre las distintas sectoriales. No puede suceder que haya pisos en la asistencia hospitalaria con pacientes internados por causas sociales. Eso incluye las internaciones de personas mayores y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU], que no está cumpliendo su rol ni de rectoría ni del proceso de garantizarles derechos a niños, niñas y adolescentes que a veces por causas judiciales están en una institución hospitalaria.

—El último informe de Unicef recomendó al INAU establecer acuerdos específicos con el sistema de salud para mejorar la capacidad de atención. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Debería existir un centro específico para atender las infancias amparadas bajo el Estado?

—¿Quién se hace cargo de la salud de los niños y los adolescentes que están bajo la órbita del INAU? No queda claro, es algo a resolver y está pendiente desde hace muchos años. Para eso se creó el SNIS. Que cada uno tenga derecho a elegir el prestador.

—Últimamente los problemas en el ámbito de la salud mental han ganado más visibilidad. En la última rendición de cuentas se dio una partida especial de 20 millones de dólares destinada a estos asuntos. ¿Cree que es suficiente? ¿Qué medidas tomarán para paliar esta situación?

—La propuesta inicial es cumplir con el Plan de Salud Mental que va de 2020 a 2027 y se diseñó en febrero de 2020. Hay varias dificultades. Por un lado, la Ley de Salud Mental no fue dotada del presupuesto adecuado. Eso es un aprendizaje muy fuerte en cuanto a los compromisos políticos.

—La Junta Nacional de Salud [Junasa] se ubica en la última posición del índice de transparencia y acceso a la información elaborado por la Unidad de Acceso a la Información Pública. ¿Planean una reestructura de este órgano?

—Hubo tres cambios de presidencia sin explicaciones. El rol de la Junasa es sustantivo y fue otra de las acciones incumplidas que tuvo el Compromiso por el país del actual presidente…

—¿Se debería reforzar, entonces, el rol de la Junasa o encontrar otro modelo de contralor?

—Estamos evaluando todos los mecanismos de regulación ya existentes. Otra opción que se manejó fue la creación de una superintendencia, pero eso todavía no lo tenemos totalmente estudiado. Creemos que hay que reforzar el rol que tiene la Junasa como órgano desconcentrado y reforzar su rol de rectoría sobre las instituciones. De igual modo, estamos juntando técnicos de diferentes disciplinas: médicos, no médicos, economistas, abogados que sepan dónde están los nudos que pueden generar obstáculos para que la reforma avance.

—¿A qué reforma se refiere?

—A la reforma al SNIS y a la idea de la complementación. Algunos actores del gobierno actual hablan de un Sistema Nacional de Salud, cuando la reforma fue creada como Sistema Nacional Integrado de Salud, y ese es un eje sustantivo para que el sistema funcione y funcione en razón de las necesidades de cada uno. Actualmente, se ve que en localidades del interior del país con 500 habitantes no se logran convenios de complementación efectivos para que la gente pueda resolver problemas de salud frecuentes en ese lugar. Para mejorar esto hay que revisar las herramientas desde el punto de vista jurídico. No puede suceder que, al no tener convenios de complementación funcionando, la gente tenga que trasladarse a otras localidades o directamente no sea asistida. Todo eso forma parte del rol rector que tiene que tener el SNIS, que a 17 años de comenzada su implementación tiene que ser revisado y fortalecido.

No se trata de una nueva reforma, sino de una que contemple aspectos pendientes que nos lleven hacia una universalización del seguro público obligatorio y, a su vez, que nos lleve a seguir aumentando la cobertura de la población, reducir el gasto bolsillo y aumentar todas las prestaciones que hoy están en el plan de beneficio. Para cumplir esos pilares, que es el modelo de cobertura universal que usa la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos que entrar en otra dimensión de la reforma con acciones concretas para mejorar la calidad de la atención en el proceso, pero centrada en el usuario. No se puede seguir con un modelo en el que los beneficiarios son las instituciones y no las personas.

—Una de las medidas que parece que benefician más a las instituciones que a las personas son los servicios vip que han construido algunas mutualistas. ¿Qué opina al respecto? ¿Deberían prohibirse?

—Creo que es algo inadecuado que en las prestaciones que son de cobertura universal existan diferenciaciones, es una de las cosas que hay que regular dentro del sistema. De igual modo, considero que hay temas más graves, como todo lo que mencioné anteriormente. Es algo a rever entre la cantidad de cosas que tiene que rever el sistema. Sabemos que la venta de servicios vip es una de las formas de competir con los seguros privados por aquel usuario que pueda afiliarse a uno de estos seguros con servicios diferenciales que mejoran la oportunidad de la asistencia. El SNIS nació con los principios de acceso, oportunidad y equidad y reembolsa a las mutualistas un monto ajustado por el riesgo de consumo del afiliado. Como criterio básico de cualquier tipo de atención médica, el cuadro más grave necesita asistirse antes que el cuadro menos grave. No debería ocurrir que la oportunidad de atención en la puerta de emergencia o en un bloque quirúrgico se guíe por otro criterio que no sea la necesidad de asistencia. Eso es inadmisible. Un afiliado con un cuadro leve no debería ser asistido antes que un afiliado con un cuadro grave solamente porque pague más.