No tan libre – Brecha digital

No tan libre

Intimidación a través de la justicia, amenazas, obstrucción de su trabajo, hostigamiento físico y laboral, arresto, censura y denegación del acceso a la información pública fueron los obstáculos a la libertad de expresión puestos a periodistas uruguayos, según lo que revela un monitoreo realizado por Cainfo.

Los 37 casos detectados desde enero de 2014 hasta abril de 2015 consisten en presiones ejercidas mayormente desde el ámbito privado, aunque también hay nueve organismos públicos y siete representantes de partidos políticos involucrados. Además, 15 sucedieron en Montevideo y 22 en el Interior, lo que demuestra que son estos últimos quienes “enfrentan las condiciones más difíciles para el ejercicio del periodismo”, concluye el informe publicado ayer, jueves.

Pero más allá de las distancias geográficas, en el informe se evidencian fórmulas comunes para cercenar la libertad de expresión. “El hostigamiento a través de la justicia es el mecanismo que se reitera con mayor frecuencia”, fue otra de las conclusiones a las que llegó el monitoreo, ya que caben en esa clasificación nueve de los 37 casos. El acoso implica “pedidos para revelar las fuentes informativas, denuncias por difamación, violación del derecho a la imagen y una denuncia por uso de software sin licencia que terminó con la incautación de los equipos que se usaban para la edición del medio”. Este último caso, el del semanario El Eco, se entiende que es el más grave de los que se enumeran en el rubro “hostigamiento a través de la justicia”, pero también se describen otros, como el sufrido por el director del semanario de Lavalleja Jorge Bonica, que “fue enjuiciado por la empresa de supermercados Tienda Inglesa por sus publicaciones respecto a conflictos laborales”, y el de “una ex jueza destituida por la Suprema Corte de Justicia” que “enjuició al periodista Gerardo Martínez, corresponsal en Rocha de Radiocero FM, por haber informado sobre el caso”.

El hecho de que se registren seis amenazas, más seis casos de hostigamiento físico, en los que, o bien no se hizo una denuncia, o se la realizó pero no tuvo ninguna consecuencia policial ni judicial, “puede implicar un grave riesgo para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tal como ha ocurrido en otros países de la región que hoy enfrentan situaciones mucho más graves”, se afirma en la publicación. Entre las amenazas físicas se subraya la que soportó Ramiro Zeballos cuando el secretario de la Junta Local de Cerro Chato, Elías Fuentes, lo amenazó con un arma, molesto “por la cobertura que realizaba sobre su gestión al frente de la Junta Local”.

Censuras y autocensuras también se relatan en el informe, por ejemplo en los casos denunciados por Apu sobre “la existencia de presiones desde el sistema político hacia los medios de comunicación para incidir en la cobertura de la campaña electoral” y la omisión de los canales de tevé de “informar sobre las sanciones que la Intendencia de Montevideo aplicó a la cadena de supermercados Disco por vender mercadería vencida”, cuando se sabe que “uno de los dueños del supermercado también es dueño del Canal 12”. Asimismo se señala que entre los casos en los que se negó el acceso a la información pública el “más relevante” fue el de las barreras puestas primero por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y luego por la justicia para acceder al “proyecto de minería de gran porte conocido como ‘Aratirí’”, solicitado por el periodista Víctor Bachetta.

Completan una descripción del panorama actual en términos de libertad de expresión el despido del periodista Mario Bardanca de Canal 4, “en el marco de un diferendo por la trasmisión de los goles del fútbol uruguayo”, o los que emprendió “en febrero de 2015 el empresario argentino Daniel Hadad”, cuando “despidió a varios periodistas de las radios Colonia y FM Mágica al asumir el control de las emisoras, a pesar de no tener la autorización legal de traspaso por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación”. También el arresto del periodista de El País Gerardo Pérez, mientras “intentaba tomar fotografías de un accidente de tránsito ocurrido el domingo 11 de mayo de 2014 en el barrio de Punta de Rieles”. Pérez “fue esposado por los efectivos y conducido a la Seccional 25ª de Montevideo, donde permaneció incomunicado durante tres horas”.

Desde la publicación se apunta que si bien “se suele pensar en Uruguay como un país que no enfrenta desafíos en materia de libertad de expresión, dado que no experimenta las gravísimas situaciones de violencia extrema contra periodistas que viven hoy muchos estados de la región”, no obstante “ocurren otros hechos”, como los registrados a través del monitoreo, “que de acuerdo a los estándares internacionales y regionales constituyen amenazas a la libertad de expresión y por tanto vulneran el pleno ejercicio de este derecho durante la práctica de la actividad periodística”.

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