Alejandro Astesiano nunca perdió la calma. En todo momento, el Fibra se mostró tranquilo, seguro, educado, con temple. Su rostro ni se inmutó cuando el juez Matías Porciúncula dictó la formalización de la investigación en su contra por su participación en una red de falsificación de pasaportes que operaba desde el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Apenas hizo una mueca cuando el magistrado decidió enviarlo a prisión preventiva.
El exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial está recluido en la cárcel de Florida, a la espera del avance de la investigación de la fiscalía sobre la trama de pasaportes. Las evidencias en su contra son contundentes. Por eso, su defensa –ejercida por la defensoría pública– definió una estrategia: el silencio.
Astesiano se negó a declarar en fiscalía y, durante la audiencia de formalización, apenas contestó las preguntas protocolares sobre su persona y sus antecedentes. Ser condenado aparece como una posibilidad cierta en la causa. En ese contexto, su silencio tiene valor. Manteniéndose callado aumenta la posibilidad de lograr un acuerdo de proceso abreviado y también, llegado el momento, de aportar datos sobre otros eventuales responsables que le permitan negociar una reducción de la pena. Ahí entran en juego las estrategias y cuánto pueda avanzar la fiscal Gabriela Fossati en la investigación sobre la organización y también sobre su patrimonio, pues una eventual imputación por lavado de activos agravaría la sanción penal.
Por ahora tiene un dato a favor. Sus actividades pasaron desapercibidas hasta que la Policía concretó la detención del escribano Álvaro Fernández y del ciudadano ruso Alexey Slivaev, quien era el encargado de captar clientes interesados en los pasaportes y era seguido desde hacía varios días por las fuerzas de seguridad. Fue Fernández quien les alertó de que la maniobra tenía el apoyo logístico del custodio del presidente.
Por propia voluntad, el escribano autorizó la apertura de su teléfono. Esto permitió rescatar más de 70 páginas de conversaciones con Astesiano sobre la operativa, las reuniones en la Torre Ejecutiva y las referencias del custodio sobre sus contactos en el Ministerio del Interior y en la cancillería. Pese a su colaboración con las autoridades, Fernández también terminó en prisión.
En este marco, la fiscal Fossati intenta desenredar la madeja. La indagatoria apunta a dilucidar la participación de otros funcionarios públicos en las maniobras, en particular del Registro Civil, de la Dirección Nacional de Identificación Civil y en la cancillería. Para esto, es clave el análisis de la información rescatada del celular de Astesiano, quien antes de ser detenido tuvo la oportunidad de borrar, al menos, más de 50 mensajes y contactos con el escribano. Pero podrían ser más.
Además, la fiscalía pretende saber quiénes fueron los ciudadanos rusos que obtuvieron el pasaporte falso, dónde se encuentran y por qué lo hicieron. Una investigación que está a cargo de los servicios de inteligencia uruguayos, pero es seguida con atención por agencias de otros países. Se trata de un dato clave para terminar de armar el puzle de la falsificación de pasaportes.
Por otro lado, ayer, jueves, el periodista Antonio Ladra informó en su cuenta de Twitter que dos cómplices de la organización –de acuerdo al tuit–, Olesia Dzhumelia y Andrey Kashtanov, fueron autorizados a ingresar al país de manera excepcional, cuando aún regían las restricciones para la entrada de extranjeros por la emergencia sanitaria. Dzhumelia y Kashtanov integran una lista de 43 personas autorizadas a cruzar la frontera el 11 de junio de 2021, mediante una resolución del secretario de Presidencia.
Andrei Valerievich Kashtanov (nombres y apellido que coinciden con una de las cédulas uruguayas que circulan por estas horas en Twitter) es el primer caso tratado en una investigación del medio búlgaro Bivol, asociado al Organized Crime and Corruption Reporting Project, un proyecto internacional de periodistas que investigan corrupción y crimen organizado. El reportaje, titulado «El pasaporte europeo barato» y publicado el 30 de abril de 2018, cuenta que en 2012 una comisión parlamentaria de aquel país se encargó de elaborar una lista con los extranjeros que habían obtenido la ciudadanía búlgara por «mérito económico». Se sospechaba que muchos de los involucrados no habían hecho las inversiones a cambio de las cuales se les otorgaba la documentación. La mayoría de esos extranjeros eran rusos o ucranianos. Aunque ya había elaborado sus listas, la comisión fue declarada inconstitucional y dejó de funcionar. Lo que hicieron los periodistas fue tomar los datos y chequear a los «inversores más sospechosos». Empezaron por Kashtanov.
El ciudadano autorizado por Delgado a ingresar excepcionalmente a Uruguay recibió el pasaporte búlgaro en 2008 gracias a que declaró su intención de invertir en la construcción del puente Danubio 2, intención garantizada por el ministro de economía del país, señala Bivol. Sin embargo, la pesquisa no logró encontrar rastros de las inversiones que Kashtanov había prometido ni compañías abiertas a su nombre en Bulgaria. Sí encontró un apartamento que el ciudadano de origen ruso compró por 201.450 lev búlgaros (unos 100 mil dólares al día de hoy). La investigación lo incluye entre una larga lista de casos en los que, se sospecha, solo se buscaba obtener el codiciado pasaporte búlgaro, que permite moverse libremente por la Unión Europea.
En declaración a El País, Delgado desestimó su posible responsabilidad por la autorización excepcional para que ingresaran los dos indagados a Uruguay. «Fueron miles y miles de solicitudes de ingreso, y muchas de ellas fueron aprobadas, siempre teniendo los resguardos sanitarios correspondientes», sostuvo el secretario de Presidencia. Puso como ejemplo las planillas de trabajadores de UPM, de frigoríficos y de otras empresas. No aclaró, de momento, si los rusos trabajaban en alguna de ellas ni dio mayores precisiones sobre las «razones de necesidad impostergable y de carácter urgente, que se entienden justificadas», mencionadas en la resolución que los habilitó a entrar al país.
El punto seguramente se sume a las preguntas que la oposición hará a autoridades del Ejecutivo en el próximo llamado a sala de la Cámara de Senadores, evento en el que ya se ha confirmado la concurrencia del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés (ya que bajo su órbita se inscribe, por ley, el Servicio de Seguridad Presidencial), y del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, además del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Al cierre
Presidencia de la República dispuso el traslado a otras dependencias estatales de una decena de funcionarios del Servicio de Seguridad Presidencial, tras constatar que tenían anotaciones en sus legajos personales, informó Subrayado. La decisión sobrevino después del escándalo de la formalización de Alejandro Astesiano. Luis Lacalle Pou había solicitado acceder al legajo de todos los integrantes del servicio. El resultado fue que varios de ellos tenían anotaciones, por lo que fueron relevados de sus cargos. La resolución con los traslados está firmada por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien tiene a su cargo la gestión del servicio.
