La segunda edición de la convocatoria Ni Una Menos volvió a colmar las calles de las principales ciudades argentinas. Miles de personas se concentraron en Buenos Aires, marchando por Avenida de Mayo entre el Congreso y la Casa Rosada. Desde la primera marcha, el 3 de junio del año pasado, 275 mujeres murieron en el territorio argentino producto de la violencia doméstica. En los días previos a esta última manifestación tres niñas de 12 años fueron asesinadas en Tucumán, Bahía Blanca y Rosario.
Uno de los reclamos concretos de las decenas de organizaciones sociales que convocaron a la movilización fue la reglamentación de la ley de patrocinio gratuito, promulgada por el Congreso en noviembre, que permite un acceso directo y democrático a la justicia por parte de las mujeres víctimas de abusos y violencia física o psicológica. “Un aparato judicial misógino, injusto y arbitrario sigue cosechando víctimas”, apunta en su documento el colectivo Ni Una Menos. Hace dos meses el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, adelantó que el gobierno no dispone de presupuesto para poner en práctica esa norma. Desde la asunción del nuevo gobierno desaparecieron los rubros orientados al trabajo con los sectores más vulnerables. El Programa de Salud Sexual y Reproductiva fue modificado en su estructura en enero, y las organizaciones sociales atentas al tema denunciaron en esa maniobra un vaciamiento tanto de infraestructura como de presupuesto por parte del Ministerio de Salud nacional. “Con ajuste no hay Ni Una Menos y la pobreza es violencia”, sostiene el documento convocante a la marcha de este año. Y por si hiciera falta más claridad agrega: “El ajuste, el tarifazo, los despidos masivos, el escandaloso achique del Estado golpean sobre todo a las mujeres. Cuando el conflicto social se mete dentro de las casas, las más perjudicadas somos las mujeres”. El decidido tono político del documento no sorprendió al gobierno de Mauricio Macri, que sabía de la amplitud de la convocatoria pero ya no puede impedir manifestaciones sociales que superan la consigna coyuntural y parcial. Durante la marcha fueron varias las voces que recordaron los dichos de Macri defendiendo la idea del piropo grosero hacia las mujeres. “¿A qué mujer no le gusta que le digan qué lindo culo tenés?”, se preguntaba el hoy presidente cuando todavía era alcalde de Buenos Aires.
La marcha en el resto del país sacudió la modorra de la siesta en las principales ciudades. En Salta, donde el gobernador Juan Urtubey, antes aliado del kirchnerismo y ahora del macrismo, se perfila como candidato con aspiraciones presidenciales, existe la mayor tasa de muertes por violencia machista: sólo en el último año hubo 64 asesinatos. Urtubey abrió el 30 de mayo la temporada del “Bailando por un sueño” de Marcelo Tinelli. “La violencia simbólica también es aún muy fuerte. Si no, no se explicaría cómo sigue cosechando audiencia el programa de Tinelli. La cultura sigue siendo opresiva para nosotras”, sostenía en la marcha una joven estudiante de Filosofía y Letras.
En Jujuy la marcha reclamó también por la situación de la dirigente Milagro Sala, encarcelada desde enero. En Tucumán, Corrientes, Formosa y poblaciones de pocos miles de habitantes, en diferentes puntos del país, el reclamo iba en el sentido de legislar contra la violencia machista y luego hacer efectiva esa legislación.
Ni Una Menos se convirtió a esta altura en un movimiento político sin líderes visibles pero con la mirada puesta en los actos del Ejecutivo. La situación de retroceso institucional convierte a la protesta del 3 de junio en un nuevo hito de reclamos sociales globales contra la política de un gobierno conservador.