Quienes escucharon la balacera no se olvidan más de aquel Día de Reyes de 2019, cuando Gilberto Perico Pellejero fue tiroteado por un tropel de policías en el fondo de su vivienda, en Paso de la Arena. Tenía 41 años. Solo cuando la situación se reveló irreversible, el hombre se desprendió de los dos machetes –de 50 centímetros de largo– que sostenía con determinación, uno en cada mano, en posición de ataque. Esa tardecita del 6 de enero, los uniformados que lo rodeaban decidieron llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Como fueron los únicos sobrevivientes, corren con ventaja también en el relato. Ante el fiscal, por ejemplo, algunos de ellos contaron que lo primero que hizo Pellejero cuando constató que lo tenían cercado fue –él también dispuesto a todo– dibujar con las cuchillas una cruz en el piso de tierra. Y amenazar:
—Hoy mato a un milico.
No hay registro de que haya sucedido así. Pero ocurrió, sí, lo que era más probable: la Policía lo mató con más de una decena de balazos. Los funcionarios que intervinieron eran 11. Excepto uno, todos llevaban pistolas Glock 9 milímetros, chalecos antibalas y tonfas, y algunos usaban casco de motociclista. Pellejero estaba descalzo, no llevaba puesto más que un jean y tenía el torso desnudo. Había extraído las dos armas blancas de un taller mecánico que él mismo montó en el fondo de la casa, pues se dedicaba a la compraventa de autopartes. Los policías llegaron allí para pedir explicaciones acerca de una camioneta Nissan azul de doble cabina, en la que el hombre se desplazaba habitualmente y a la que el sistema informático del Ministerio del Interior (MI) atribuía una irregularidad. A partir de allí, todo se precipitó.
Por estos días se cumplen tres años del episodio y aún no ha habido un desenlace judicial. El de Pellejero es uno más en la montaña de casos que no llegaron a ningún puerto, una más entre las muertes sin aclarar que ocurrieron como consecuencia de una intervención policial. Fue el primer homicidio perpetrado por los uniformados en 2019, año que registró un récord histórico de letalidad policial. Con todo, puede ser interpretado como un hecho paradigmático. El caso presenta algunos elementos comunes a la mayoría de los episodios de su estilo y deja varios cabos sueltos.
La investigación judicial, que hasta ahora no ha decantado, tuvo un largo periplo. Puesto que el episodio sucedió en el verano, originalmente fue asumido por la fiscalía de estupefacientes, a cargo de la doctora Stella Llorente. Aunque, en verdad, Llorente actuó como subrogante durante la feria judicial y solamente tuvo a su cargo las indagaciones provisoriamente. El caso fue retomado algunos meses después por el entonces fiscal especializado en homicidios Juan Gómez, que hoy ejerce la titularidad de la fiscalía de corte. Poco después, Gómez dejó su cargo y todas las investigaciones de su turno quedaron en manos de la fiscal Adriana Edelman, hasta el día de hoy. «Ese caso lo heredé. Cuando entré, tenía en la bandeja aproximadamente 800 casos. Ahora me quedan por resolver alrededor de 150. En este no pude avanzar. Solo vi una filmación», contó a Brecha.
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Aquella tarde del 6 de enero, la camioneta en la que Pellejero viajaba fue interceptada por una unidad callejera del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que patrullaba la zona de Camino Cibils. Lo vieron pasar una vez y por el sistema de radio cursaron el número de matrícula al Centro de Comando Unificado. Se les advirtió, de forma imprecisa, que el vehículo estaba relacionado con algún tipo de evento policial. Cuando los dos policías que hacían la patrulla intentaron detener el vehículo, Pellejero aminoró la marcha, pero se negó a parar y enfiló rumbo a su vivienda, que quedaba a unas cuadras del lugar.
Los agentes avisaron a otros móviles que circulaban en la zona. Uno de ellos interceptó la camioneta justo cuando llegaba a su destino (Mirunga y Martín Artigas). A bordo de esa segunda patrulla, otros dos policías, enterados del asunto, se bajaron e intentaron abordar a Pellejero, quien ingresó con la camioneta a su terreno e intentó cerrarles el paso. Según el relato de los policías, Pellejero se negó a cruzar palabra con los funcionarios y, ante la insistencia, golpeó a uno de ellos con las cadenas que utilizaba para sujetar el portón de la casa. Lo cierto es que logró impedir el ingreso de los funcionarios y se retiró al fondo del predio. Según la versión de la hija de Pellejero –que se encontraba en la vivienda junto con su novio– y de algunos vecinos que declararon en la fiscalía, los funcionarios se enfrascaron en una lucha con el hombre y le propinaron golpes con los bastones policiales, sin que se pudiera percibir cuáles eran los términos de la discusión, más allá del eufórico enojo de uno de los oficiales.
Pocos minutos después arribaron varios equipos del PADO. Ya había 11 policías en el lugar (todos pertenecientes a ese programa) cuando decidieron sortear el portón. Una parte importante de la indagatoria de la fiscalía se centró en desentrañar las razones por las cuales los funcionarios entraron sin una orden judicial. Los policías dicen que fue la hija del hombre quien autorizó el ingreso, advirtiendo que su padre estaba mal y necesitaba ayuda. La joven, en cambio, niega que eso haya ocurrido. Incluso, denunció algunas actitudes de manipulación posterior por parte de los funcionarios. Uno de ellos llevaba en el pecho una cámara Go Pro, pero solo fue encendida una vez que estaban adentro. El fiscal fue insistente al exigir explicaciones, puesto que lo más adecuado habría sido que se ordenara cercar el perímetro y aguardar una orden. No sucedió así.
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—¿Usted considera un error, de sus compañeros o suyo, no haber registrado la supuesta autorización? –preguntó Gómez a uno de los policías.
—Error o no error, son fracciones de segundo, en las cuales nosotros tomamos una decisión –contestó el funcionario–. En algunos procedimientos, al ver que una persona está pidiendo auxilio, en fracciones de segundo nosotros suspendemos la cámara. Porque lo que pensamos en ese momento no es: «Tengo que prender la cámara para registrar todo esto». Pensamos primero en si la víctima está bien, en si no fue lesionada, y después en acudir en búsqueda del agresor. La cámara a veces nos queda en segundo plano. Puede ser un error o no. Nosotros tomamos decisiones en segundos; la integridad física en primera instancia.
—Lo digo con mucho respeto: lo que no advierto –insistió el fiscal– es cuál integridad física estaba en riesgo en ese momento, porque no les informaron, ni a usted ni a sus compañeros, cuál era la situación exactamente.
—Yo lo pongo en ese lugar. No lo tome a mal. Nosotros llegamos. Hay una femenina y un masculino. La femenina diciendo: «Ayuden a papá». Y el masculino diciendo: «No aguanto más; siempre lo mismo». Tengo, además, compañeros que sufrieron lesiones por cadenazos. También desconozco si en la finca hay más personas o si esa misma persona se puede infringir daños a sí misma, porque no sabemos cuál es su estado psicológico.
—Señor, parece de estilo, o necesario, hacerle unas mínimas preguntas a quien le pide ese supuesto auxilio: «¿Hay otras personas? ¿No hay? ¿Hay armas?». Porque si usted va a ingresar y hay dos personas con una ametralladora, supongo que debe tomar otro tipo de precauciones, no solo prender la cámara.
—En realidad, las precauciones policiales las tomo como si una persona tuviera una bazuca dentro de la casa. Si tiene una bazuca o un cuchillo, mis precauciones deben ser las mismas.
—¿Y con qué se encontró? ¿Con una bazuca o con un cuchillo?
—Me encontré con una persona armada con dos machetes.
Gómez le hizo el mismo cuestionamiento al policía que dijo haber sido agredido con las cadenas. Este contestó:
—Hay eventos en los que se activa un protocolo. Pero, como acá, cuando sale una persona de adentro de una finca gritando: «¡Por favor, entren!», como pasó con la hija, ya quedamos en una balanza. Si entramos, por ahí nos procesan. Pero ¿si no entramos y esa persona mata a otra ahí adentro?
—¿Y por qué cree que la hija dice que no los autorizó? –inquirió el fiscal.
—Porque el hecho terminó como terminó. Si hubiéramos tenido otra munición para reducir y hubiéramos llevado detenido al tipo, estoy seguro de que la hija habría admitido que nos dejó ingresar. Pero, lamentablemente, estamos hablando de una persona que perdió la vida. La cosa cambió.
—¿Y por qué querían llevar detenida a esa persona?
—Por el vehículo requerido, que teníamos que investigar. La mesa central me estaba dando la orden de detención.
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La hija de Pellejero siempre mantuvo la misma versión en las audiencias. Ante la fiscal Llorente, declaró:
—Yo me estaba bañando. Sentí el ruido y salí. Discutían del lado del portón para adentro. Mi padre quería sacarlos para cerrar el portón. Él estaba intentando cerrar, para que no entraran. Quería protegerse de alguna manera. Siempre cerrábamos el portón con una cadena. Después fui adentro y sentí ruidos de cadena, como que estaban entrando. Un policía, que estaba muy enfurecido, que fue el que discutió, me decía: «Vos sabés dónde está. Decime dónde está». Yo, incluso, me fijé en si el portón estaba cerrado, porque tenía miedo de que entraran. Porque ya habían entrado y lo habían lastimado.
—¿Habían entrado antes? ¿Cuándo? –preguntó Llorente.
—No sé. Fue en el correr del año pasado. Lo querían hacer firmar un papel y él no quería. Lo sacaron para afuera y le pegaron. Él llamó a un 0800, de Asuntos Internos. Yo lo que les dije a los policías, esta vez, fue que él estaba mal. Pero no quería que entraran, porque siempre que entran lo lastiman.
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La versión de la hija del fallecido fue apoyada por testigos del barrio, que se manifestaron en el mismo sentido ante los responsables de la investigación. Todos resaltaron que tenían una buena relación con Pellejero, que frecuentemente les cedía alguna herramienta e, incluso, les vendía repuestos. «Sería lo que sería, pero era una buena persona», fue el tono general de las declaraciones. A la pregunta de si era habitual ver incursiones policiales en aquella vivienda, una de las testigos respondió:
—Sí, cada tanto. Pero a veces (unos días antes, por ejemplo) también veía en la puerta a policías conversando con él, como si nada, a las carcajadas. Otros días veía cómo le entraban a la casa. Para mí, lo mataron, mal. Sé que tenía antecedentes, pero era un ser humano: no se lo podía matar de esa manera. No era para acribillarlo. Todos esos tiros que yo sentí del otro lado del muro, todos iban para él.
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Una vez dentro del predio, uno de los policías dijo haber escuchado el ruido de una máquina afiladora. Segundos después, descubrieron al hombre empuñando los machetes, decidido, según los funcionarios, a arremeter contra ellos. Lo describieron como enajenado, furioso, indiferente a las órdenes de bajar las cuchillas y deponer la actitud ofensiva. Dicen haber advertido los movimientos típicos de quien conoce el manejo de armas blancas. Algunos de ellos relacionaron aquella sagacidad con la de las riñas carcelarias. Los que tenían experiencia, por haber trabajado en prisiones, no tenían dudas al respecto. Otros –la mayoría de los policías rondaban los 20 años– dijeron haber visto movimientos similares en videos carcelarios. Todos manifestaron haber temido por su vida.
No se encontró evidencia de que el hombre tuviera armas de fuego. Sin embargo, el supuesto manejo amenazante de las armas blancas fue un argumento recurrente de los policías para explicar la forma en la que actuaron; también el hecho de que, en cierto momento, durante algunos segundos, Pellejero la emprendió contra una oficial, propinándole algunos golpes violentos. La funcionaria, que llevaba un casco, logró darle un disparo en el brazo. Fue el primero directamente al cuerpo: hasta entonces, los demás solo habían disparado al suelo. De ahí en adelante, Pellejero fue tiroteado de forma agresiva y confusa, hasta que cayó, sin vida, en el pasto. En el audio del video los policías gritan en reiteradas ocasiones: «¡Cruzado! ¡Cruzado!», en referencia al desorden de la balacera. Tal fue la confusión que la camioneta, estacionada en la entrada del predio, recibió el impacto de una bala en la puerta derecha y la funcionaria que había sido agredida, dos proyectiles de sus propios compañeros, por encontrarse en la línea de fuego. La primera ambulancia que llegó fue para ella.
—Si nuestro calibre fuera otro, tendría más poder de parada. El calibre 9 milímetros no tiene. Cuando vi que él se acercaba, tuve miedo. Fui de abajo hacia arriba, del piso a la cadera y después al cuerpo, al pecho –describió uno de los agentes cuando fue consultado por los fiscales sobre las características del procedimiento.
El poder de parada –la capacidad de la munición para contener a una persona– fue otro de los argumentos utilizados por los funcionarios para explicar por qué dispararon en lugar de reducir.
—Fui militar: sé de armas y la 9 milímetros es una munición que no detiene a una persona esquizofrénica, escabiada, drogada –dijo otro de los intervinientes–. El arma blanca es más letal que la de fuego en una situación de corto alcance. La munición 9 milímetros atraviesa y parte el hueso. No es munición de parada. Ojalá hubiéramos tenido una escopeta de munición no letal: la situación habría sido otra.
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—Cuando hay tres oficiales del mismo grado, ¿hay uno que toma las decisiones? –le preguntó Llorente al oficial de mayor grado en cierto momento de la audiencia, pues había advertido que el operativo parecía no tener un mando ni una planificación clara.
—El oficial con mayor antigüedad es el que tendría la derecha –dijo el policía–. Pero en una situación así no hay quien tome decisiones. Cada uno toma las decisiones que considera pertinentes. Porque éramos oficiales de diferentes lugares. Yo era de otro circuito. Después había un oficial encargado del circuito de esa zona y después estaba el encargado de las motos. Cada uno tenía a cargo diferentes equipos.
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El informe de la autopsia indica que el cuerpo tenía 11 orificios de entrada de proyectiles de arma de fuego, siete de salida y otros indeterminados. Se encontraron tres proyectiles en distintas partes del cuerpo. Los disparos se registraron en la comisura labial, en el muslo izquierdo, en la zona escapular, en los glúteos, en la fosa lumbar, en el hombro izquierdo, en los brazos, en la mano izquierda y en la región umbilical. También tenía un hematoma en la zona frontal del cráneo, una herida contusa en el pecho, del lado izquierdo, y otra en una falange de la mano, compatible con el roce de un disparo; «múltiples heridas contusas» en la zona del tórax, también por el roce de proyectiles; una fractura en la mandíbula; una fractura en el húmero izquierdo; una fractura en el esternón y en tres costillas; perforaciones en el hígado y en el pulmón. Una de las causas visibles de la muerte, según la autopsia, fue la perforación del corazón con una bala «que tuvo entrada por la comisura bucal».
Los policías ingresaron el episodio en el Sistema de Gestión de la Seguridad Pública con la carátula «Atentado a las FF. PP.» (fuerzas policiales). En cambio, en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay, de la fiscalía, el hecho aparece caratulado como «Homicidio». Para las estadísticas de la criminalidad en el país, según el criterio del MI, la muerte de Pellejero no cuenta como un homicidio, como ninguno de los otros homicidios cometidos por la Policía (en tanto la Justicia no arribe a una sentencia oficial contra los funcionarios). El criterio era manejado por la administración anterior –como ya ha sido reportado por el semanario–1 y continúa vigente en la administración actual.2
La Policía Científica recibió cinco proyectiles (y fragmentos de proyectiles) de armas de fuego. Tres de ellos fueron extraídos del cuerpo de Pellejero y dos del cuerpo de una de las policías. Lo único que se pudo determinar es que fueron disparados por armas de calibre 9 milímetros. Sin embargo, debido a que las pistolas Glock no dejan marcas determinantes en los proyectiles que disparan, se informó para todos los casos: «El proyectil no cuenta en su superficie con elementos suficientes para individualizar el arma que lo disparó». Se incluye que, según la autopsia, perforó el corazón de Pellejero. Por tanto, no se sabe de qué armas salieron los tiros. Como ha consignado Brecha en otras oportunidades, esto es recurrente en la investigación de homicidios que involucran las armas de reglamento de la Policía.3 Por su parte, los exámenes de laboratorio –no concluyentes– determinaron que al menos siete de los 11 policías tenían restos químicos de disparos de arma de fuego en las manos.
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La camioneta Nissan que, según el relato policial, desencadenó el operativo –a la que el sistema informático le atribuyó una irregularidad– estaba oficialmente registrada a nombre de la pareja de Pellejero. Fue devuelta a su domicilio tres días después.
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—Vamos a entendernos: el Perico no era un santo –dice hoy uno de sus familiares, intentando reconstruir el contexto del episodio–. Él compraba cachilos, desarmaba y vendía. También desarmaba algún auto que le traían; no lo voy a negar. Había estado preso hacía un tiempo, incluso. Pero había pagado y no era un matador, no era un malvado, no le andaba dando caño a nadie. Más te digo: era querido entre los policías y los malandros. Y acá lo asesinaron; a ver si me entendés.
Quienes lo conocieron de cerca incluso especulan –intentando aportar elementos a la investigación– que podía haber arreglos entre el fallecido y algunos policías de la zona. Si bien esto último fue referido en la fiscalía por algunos de los testigos, no tuvo un correlato en la investigación.
—Él tenía varias denuncias contra la zona IV –dijo a Brecha una de las personas que declararon en su momento–. Hacía denuncias contra los policías de ahí. Llamaba, en presencia nuestra, porque la Policía lo acosaba, lo tenía loco. Que, por favor, hicieran algo, decía. Una de las últimas veces se le metieron en el terreno, le allanaron la casa y lo sacaron de la cama. Él había tenido un accidente, estaba todo quebrado, y le querían hacer firmar un papel, que él no sabía qué era. No sé si tenían algún arreglo o qué. Lo que sé es que esta gente quería plata. Ahí, en la zona IV, en esa época, tenían autos que no podía pagar ni el jefe de la Policía.
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En julio del año pasado, Brecha narró algunas de las circunstancias en torno al homicidio de un joven de 21 años que había cometido algunas rapiñas en la zona oeste de Montevideo.4 El 18 de enero de 2018, Javier Pérez –así se llamaba– fue perseguido y baleado por un grupo de policías de particular en el barrio Lezica. Los perseguidores pertenecían a la zona operacional IV. Entre otras irregularidades registradas en la investigación del caso, los peritos olvidaron recoger 22 cápsulas de disparos que quedaron desperdigadas en la calle. La evidencia fue aportada tiempo después por los vecinos. Ante el propio fiscal Gómez, los testigos que conocían las andanzas delictivas del fallecido denunciaron que integrantes de la zona IV lo habían matado «para taparle la boca». También narraron episodios en los cuales los agentes de esa repartición les cobraban peajes a los delincuentes del oeste «para que se quedara todo quieto».
La hipótesis de la denuncia se comprobó por otra vía. Uno de los policías que intervinieron en la muerte de Pérez fue formalizado a mediados de 2019 por la fiscal Ana Laura Roses por los delitos de extorsión, privación de libertad, abuso de funciones, asociación para delinquir y peculado. Cayó junto con un grupo de seis policías de la zona IV por extorsionar a personas que cometían o habían cometido delitos en los barrios del oeste montevideano. En lo administrativo, en 2019, el caso provocó la remoción de las principales autoridades de esa repartición. En lo judicial, la formalización causó una ola de juicios anulados, debido a que varias personas que habían cometido delitos habían sido investigadas por policías corruptos, lo cual viciaba la totalidad del proceso.5 La investigación finalizó a fines del año pasado: en un juicio abreviado, los funcionarios fueron condenados a cinco años de prisión, un período sensiblemente menor al reclamado por la fiscalía. Los casos de Pérez y Pellejero –muertes rápidamente olvidadas– continúan sin ser relacionados oficialmente con los casos de corrupción de la zona IV. De confirmarse el vínculo, este sería un dato revelador de las dinámicas de la violencia letal que involucran a agentes del Estado en la periferia de la capital. De momento, solo hay preguntas.
1. Véase «Por quién no doblan las campanas», Brecha, 12-VII-19.
2. Véanse «¿Por qué hay diferencias en las cifras de homicidio entre el Ministerio del Interior y la fiscalía?», La Diaria, 31-XII-21, y «La gran duda», Brecha, 23-XII-21.
3. Véanse «Esa bala», Brecha, 1-X-15, y «El mundo según Glock», Brecha, 18-I-19.
4. Véase «Archívese», Brecha, 9-VII-21.
5. Véase «Cae primer juicio por culpa de policías corruptos de zona IV», El País, 9-II-20.