No se puede pensar la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual (lsca), de otra manera que no sea como la oportunidad para un periodismo mejor. El actual marco regulatorio ha cambiado el modo de entender a los medios en Argentina; y el desafío es que los actores involucrados –periodistas, la autoridad de aplicación y las organizaciones periodísticas– desarrollen prácticas que contribuyan al logro de sus objetivos, pensados para una sociedad democrática, plural y reconocedora de su diversidad sociocultural. La nueva norma define a los medios como servicios de interés público, y así los despega de una lógica estrictamente comercial, que tanto daño ha hecho en el terreno del periodismo: condiciones precarias de trabajo, competitividad e individualismo, imposición para ser parte ...
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