Es oficial: la Corte Electoral validó las firmas necesarias para convocar un referéndum sobre 135 artículos de la ley 19.889, conocida popularmente como LUC, por haber sido aprobada por el mecanismo de urgente consideración. El referéndum ya tiene fecha: será el domingo 27 de marzo de 2022. Para derogar los artículos, habrá que votar la papeleta rosada, por el sí. Para mantenerlos, la celeste, por el no.
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Las firmas se entregaron el 8 de julio. Eran casi 800 mil. Pocos días antes, cundían las dudas sobre si se podía llegar. Predicciones razonables decían que no. El impulso militante y ciudadano de esos días fue fenomenal. Una especie de locura poseyó a miles, que no dejaron rincón sin rastrillar para ver si aparecía una firma. El mismo día de la entrega, cientos se acercaron a la sede del PIT-CNT para dejar carpetas a último momento o, incluso, para firmar. Nadie quería quedarse fuera de la hazaña. La motivación de ir contra las probabilidades fue imparable.
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Una caterva de trolls, operadores y ultraderechistas se dedicaron, aquellos días, a sembrar dudas sobre la autenticidad de las adhesiones entregadas. En los meses que siguieron, la Corte Electoral, con paciencia, escudriñó huellas digitales, revisó padrones y descifró caligrafías imposibles. Y se expidió: esos cientos de miles efectivamente habían expresado su voluntad. Sobraron, de hecho, unas cuantas decenas de miles de firmas. Que sirva para recordar que, aun ante la realidad más evidente, va a haber mentirosos o mandaderos profesionales (o amateurs) que salgan a negarla. Parte del juego es aprender a no escuchar el ruido.
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Ruido no va a faltar. El oficialismo está embarcado en un crescendo de crispación antisindical y antiizquierdista, que no se priva de convocar, como amenaza, al fantasma de la dictadura. Ya empezaron a desempolvar el lenguaje de la sedición, la amenaza a la democracia y cosas por el estilo. Las persecuciones y las intimidaciones no son casualidad. Pareciera que el oficialismo piensa que para ganar necesita enrarecer el ambiente.
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Hablemos, entonces, de democracia. El gobierno metió una multitud de leyes en una y la hizo aprobar abusando de un mecanismo de emergencia, la parte más antidemocrática de la Constitución, cuando ninguno de esos temas lo ameritaba. Forzó al Parlamento a tratar asuntos de gran complejidad de forma superficial, por razones de cálculo político: sabía que si intentaba aprobar esa agenda punto por punto, iba a encontrar resistencias y que, por la fragilidad de su coalición, le convenía aprobar la mayor parte del programa temprano. Contra eso, la ciudadanía activó la parte más democrática de la Constitución, que le permite impugnar leyes y decidir directamente con la participación de millones. Lo hizo con un esfuerzo extraordinario de organización y educación popular, moviendo a miles de voluntarios anónimos, en condiciones muy desfavorables. ¿De qué lado está el demos?
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El neoliberalismo y la privatización perdieron todos los plebiscitos a los que fueron sometidos. En 1992, cayó la ley de empresas públicas. En 2002, la privatización de ANTEL. En 2003, la de ANCAP. En 2004, la del agua potable. Por eso, el oficialismo está desesperado por negar que la LUC privatice. Prefiere enmarcar esta votación como una votación sobre la seguridad y el punitivismo. El problema es que el punitivismo también perdió todos los plebiscitos a los que fue sometido: en 2014 fue la baja de la edad de imputabilidad; en 2019, la reforma Vivir sin Miedo. Bienvenido, entonces, un referéndum sobre el neoliberalismo y la represión.
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La campaña va a darse en dos registros simultáneos. Por un lado, el detalle: habrá discusiones minuciosas sobre la interpretación de artículos y reglamentos, sobre el funcionamiento de oficinas desconocidas y sobre la lectura de las letras chicas. Proliferarán las chicanas: fulano no sabe de lo que habla, mengano inventa, zutano repite como loro. Muchos querrán ponerse el traje del experto. Por otro lado, las posiciones a favor y en contra van a resumirse en grandes narraciones históricas e ideológicas que intentarán dar sentido a las pequeñas discusiones. En los márgenes, habrá quienes se adhieran a una narración pero sean persuadidos por los detalles del otro lado, quienes estén a favor de unas cosas y en contra de las otras, y muchos que se hagan una vaga idea de qué votar mirando la situación general del país. La batalla para definir qué es la LUC recién empezó.
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El oficialismo quiere que esta disputa sea un plebiscito sobre su gestión. Piensa que eso le juega a favor. Cosa que no es tan evidente. Las encuestas de aprobación del gobierno no necesariamente dicen lo que parece a simple vista. Por ejemplo: los números de aprobación de su gestión económica no son buenos. Si la LUC se asociara a esta dimensión (por ejemplo, por el amarretismo en el gasto social que mandata la regla fiscal), el gobierno tendría problemas. Lo que queda claro es que el gobierno gobierna pensando en el referéndum y va a usar las políticas públicas para afectar la campaña; por ejemplo, retrasando el aumento del precio del combustible que la LUC indica o acelerando la portabilidad numérica para lograr hechos consumados y crear nichos electorales. Nada va a quedar librado al azar.
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El 28 de marzo va a empezar un nuevo momento político. Si gana el no, el gobierno va a sentirse autorizado para pasarle por arriba a la oposición, golpear a los sindicatos, privatizar lo que quiera privatizar, profundizar sus reformas de mercado en la educación y la seguridad social. Si gana el sí, la agenda de reformas del gobierno quedaría deslegitimada, sin apoyo popular. El gobierno quedará a la defensiva y necesitará dialogar, sabiendo que futuras iniciativas pueden enfrentarse al mismo mecanismo. Hay mucho en juego. Pero, en cualquiera de los dos casos, las fuerzas sociales del país van a ser las mismas que antes del referéndum y la disputa seguirá. Estamos en tiempos históricos de sorpresas y cambios rápidos, en los que son raras las victorias claras y definitivas.
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A pesar de las diferencias, las discusiones e, incluso, los desagrados mutuos en los amplios mundos de la militancia popular y de izquierda, la campaña de firmas fue un ejemplo de sinergia. Ciudadanos sueltos iban a la sede del PIT-CNT a buscar carpetas y devolver firmas. Militantes no frenteamplistas se organizaban en los comités de base para rastrillar el territorio. Organizaciones sociales servían como espacios de articulación entre posturas diferentes. Por momentos, pareció que, a pesar de las descoordinaciones y los lineazos, en la práctica se encontraban formas de resolver los problemas de relación entre distintas izquierdas, entre formas de militancia y tipos de organización. Se desplegó una estrategia múltiple, con relaciones complejas y solidaridades informales. Mucho del futuro se juega en aprender a sistematizar y sacar conclusiones estratégicas y organizativas de esos momentos de fluidez. Porque hay que aprender de las derrotas, pero también de cuando las cosas salen bien.