El cierre de empresas siempre deja un sabor amargo. Es el caso, por ejemplo, de la reciente noticia de que la multinacional Yazaki dio por terminada su actividad productiva en Uruguay, según lo manifestado, por problemas de competitividad. El gran capital se mueve libremente de un lugar a otro en el mundo, sin mayores restricciones o –en el peor de los casos– con limitaciones infinitamente menores de las que tienen las personas cuando viajan de un país a otro. Para atraer inversiones, sobre todo en las naciones latinoamericanas, se promueven ambientes «amigables y convenientes» para que las multinacionales desembarquen en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Exoneraciones tributarias, facilidades y disposiciones especiales son decididas por los gobiernos de turno, de suerte que los logros en generación de empleo, contribución al crecimiento del PBI y demás efectos positivos sean compartidos. De este modo, las empresas hacen sus buenos negocios, las élites políticas se exhiben competentes y los trabajadores obtienen empleo estable, lo que da como resultado –en apariencia– un círculo virtuoso indiscutible.
Democracia plena
Desde otro ángulo podríamos observar que hay un amplio consenso en caracterizar a la democracia uruguaya como democracia plena, claro está, exclusivamente desde una perspectiva minimalista o formal normativa. Si quienes asumimos una concepción no procedimentalista del sistema político sostenemos una visión de la democracia no anclada exclusivamente en los formatos legales o instituidos, la conclusión es contundente. Al respecto, Cornelius Castoriadis es explícitamente crítico de la democracia contemporánea, no para cancelarla como forma de decisión colectiva, sino precisamente para hacerla más auténticamente democrática, valga el juego de palabras: «La democracia como régimen es, por lo tanto, el régimen que intenta, en la medida que sea posible, realizar al mismo tiempo la autonomía individual y colectiva, y el bien común tal y como es concebido por la colectividad considerada».1
En Uruguay no hay democracia plena, a menos que se reduzca a los criterios mínimos y suficientes de la poliarquía; es decir, la existencia de elecciones libres, competitivas y transparentes, entre otras condiciones. Obviamente la democracia política es un prerrequisito insoslayable, pero no suficiente. Una mirada retrospectiva en la historia de la humanidad, más lejana o más reciente, nos advierte acerca de los riesgos de su pérdida y los daños –muchos de ellos irreparables– a cuenta de la defensa de intereses de las minorías reaccionarias.
Ciertamente es imposible inocular a las sociedades con antígenos o sueros específicos para evitar las intenciones autoritarias siempre latentes. No obstante, es posible y deseable democratizar otras esferas de la vida social y de la economía. En este sentido, la apertura de canales de participación en los procesos decisionales en el campo de la producción y más allá es una condición para garantizar la estabilidad y la democracia políticas. Uno de los argumentos que décadas atrás nos presentaba Karl Polanyi, precisamente, se fundaba en la ilusión o la falacia de una economía autónoma. Más precisamente, al decir de Fred Block, en su prólogo a la tercera edición de La gran transformación: «Los esfuerzos de los teóricos del libre mercado por desincrustar la economía de la sociedad están condenados
al fracaso».2
Las estrategias y, concomitantemente, los mecanismos para democratizar la economía están indisolublemente imbricados en los paradigmas societales, vale decir, en las estructuras de pensamiento (ideologías) que adjudican roles y posiciones a los individuos y los grupos en determinados contextos sociohistóricos. La etapa que hoy transitamos está signada por la hegemonía neoliberal y, en su expresión más extrema, por el culto a la libertad individual como bandera del libertarismo capitalista. Los ensayos de un modelo ultraliberal han desembocado en forma inequívoca en unos grados de desigualdad superlativos en Latinoamérica. La década de los noventa ha dejado en nuestra región los efectos nocivos de la desregulación, la privatización y la retracción del Estado en todas sus formas, dando mayor protagonismo al mercado y particularmente a sus actores principales.
Cogestión y autogestión
Imaginarse un proceso de democratización de la economía requiere voluntades del sistema político, entendido como el intercambio y la gestión de las decisiones que atañen al conjunto de la sociedad. Asimismo, la densa trama de la sociedad organizada, esto es, actores y movimientos sociales, está convocada a protagonizar aquel proceso democratizador, tal y como lo fue en clave de la restauración de las instituciones de la democracia política. A lo largo de la historia, se pueden registrar ensayos innovadores, muchos de los cuales fueron y siguen siendo exitosos en el sentido señalado. Tanto la acumulación del movimiento cooperativo como la de los experimentos de autogestión (aun teniendo en cuenta sus fracasos) abonan el terreno para dar pasos sostenidos en dirección a democratizar la economía. Asimismo, la introducción de la cogestión como modalidad innovadora (Alemania ha sido un buen ejemplo) constituye una modalidad diferente pero que apunta al
mismo objetivo.
El retorno del Frente Amplio al gobierno viene –sin duda– cargado de expectativas: recuperar los salarios sumergidos, sostener el poder de compra de los trabajadores, revertir el proceso de concentración de la riqueza, disminuir la pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica, ampliar las oportunidades para la juventud, entre tantas más. Los representantes de la futura oposición de derechas suponen que el próximo gobierno será orientado por el PIT-CNT (muletilla FAPIT mediante) y, si esa fuera –acaso– una alternativa, la participación de la clase trabajadora organizada debería promoverse con convicción. He sostenido la tesis de que coaliciones distributivas conformadas por actores sociales y políticos con afinidad ideológica producen más y mejor bienestar para las mayorías populares. Las opciones de una democratización de la economía son posibles si y solo si parten de una decisión de las élites gobernantes. Sin duda, será este un desafío más para el presidente Yamandú Orsi.
