Sebastián Marset creció en el Cerrito de la Victoria. Era un botija común, inteligente y entrador, al que le gustaban el fútbol, las motos, las mujeres. También la plata. Paseaba por el barrio con su moto y pasaba marihuana en la vueltita. Sin estridencias. Con los años, se transformó en un «perro» (empleado) de un narcotraficante de la zona y comenzó a subir los eslabones de la cadena del mercado ilegal de las drogas.
Su primera caída fue por un delito menor: en 2012, fue procesado sin prisión por receptación. Un año y medio después, terminó en la cárcel. Una investigación de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) –la operación Halcón– determinó que era parte de una red dedicada al ingreso de drogas al país. Según la pesquisa, este grupo trasladó dos cargamentos de marihuana desde Bella Unión hasta Montevideo, a partir de un contacto con un proveedor en la ciudad limítrofe. El traslado se hacía en dos vehículos, uno con la droga y otro, conducido por Marset, que ejercía como «puntero» para alertar de eventuales controles policiales.
El segundo cargamento tuvo un problema: el comprador en Montevideo, que ya había pagado, lo rechazó por mala calidad. Por eso, Marset y su socio se contactaron con un proveedor en Buenos Aires y compraron marihuana para distribuirla en distintas bocas de venta en Montevideo. Con el producido pagarían la deuda. Pero sus movimientos eran seguidos de cerca. Fueron detenidos al llegar a la estación ANCAP de Mercedes (Soriano) con 174 quilogramos de marihuana escondidos en un doble fondo de una camioneta y enviados a prisión junto con otras personas.
Dos días después, su nombre cobró notoriedad pública. En junio de 2013, las autoridades habían interceptado una avioneta Cessna, que volaba en forma ilegal por el cielo uruguayo. Era pilotada por Jorge Viveros Cartes, alias Papacho, tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes. Se presumía que Papacho –que se presentó con un nombre falso– había ingresado droga al país, pero cuando fue detenido la avioneta estaba vacía. Después de ser detenido, Marset confesó ser el destinatario de ese cargamento, que había pagado 150 mil dólares y que la había revendido en distintas bocas de la capital.1
Su paso por prisión le resultó provechoso. En la cárcel entabló contactos con narcos paraguayos y bolivianos. Apenas fue liberado, en 2018, viajó a Bolivia y a Paraguay, donde comenzó a usufructuar sus vínculos. Desde entonces viajó –al menos– una decena de veces a Uruguay. En uno de esos viajes fue formalizado con prisión preventiva por el homicidio de un amigo. Dos meses después recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, medida que se extendió hasta octubre de 2018, hasta que finalmente fue sobreseído en 2020.
Sus retornos al país revelaron un cambio. Marset exudaba confianza, poder. Y tenía sus motivos. En tierras guaraníes se convirtió en una pieza clave de una red internacional dedicada al tráfico de drogas hacia Europa y África. Una organización con base en Paraguay y Bolivia, cuyo líder es Miguel Insfran (alías Tío Rico) y cuyos tentáculos se extienden hacia Uruguay, Argentina y otros países. Y era seguido de cerca por los servicios de inteligencia de la región y por la DEA, de Estados Unidos. Este jueves, un hombre que se identificó como el propio Marset se comunicó con el informativo Telenoche (Canal 4). Mostró su pasaporte y, en un video, rechazó todo vínculo con actividades ilícitas. Su número de contacto tenía la característica telefónica de Sudáfrica, donde se presume que puede estar.
VIAJE SIN CENSURA
Desde el comienzo de este entuerto, el gobierno asegura que la entrega del pasaporte fue ajustada a derecho. Que se siguieron los lineamientos del decreto 129 de 2014, aprobado durante la gestión de José Mujica. Que Marset no tenía causas judiciales abiertas en el país ni requisitorias a nivel internacional. Que no tenía otra alternativa que entregarle el pasaporte. Sin embargo, el caso reveló la ausencia de coordinación de los servicios de inteligencia y la desatención de las alertas expresadas por los servicios diplomáticos uruguayos en EAU, así como una celeridad inusitada en la gestión del documento.
Marset fue detenido en setiembre de 2021 en Dubái por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Desde junio estaba instalándose en los Emiratos –se presume que con ese pasaporte–, pero había viajado a Turquía por negocios. Para intentar mejorar su situación procesal, desde la cárcel tramitó su pasaporte ante las autoridades diplomáticas de Uruguay en el emirato. Para hacerlo se presentó como «agente musical, teatral o artístico», y fijó domicilio legal y laboral en The Palms Frond M Vila 123, una lujosa zona residencial. Su gestión fue un éxito. Tras ser liberado, desapareció sin dejar rastro (véase «Vida de artista», Brecha, 20-V-22).
Por esos días, Marset era investigado en Paraguay por su participación en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de activos. De acuerdo a esa investigación, tenía una participación activa en todas las etapas del proceso de producción y tráfico de cocaína al exterior: «Se lo considera como el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas» y destinatario mayoritario de las ganancias generadas por la organización. Además, jugaba un rol relevante en el contacto con los empresarios, que prestaban su logística para el envío de la droga hacia otros continentes. En efecto, la operación A Ultranza Py, de febrero de 2022, significó el mayor procedimiento antidrogas en la historia del país guaraní. En marzo, la Justicia paraguaya libró una alerta roja de Interpol en su contra.
Cómo accedió Marset al pasaporte estando en prisión es uno de los puntos que generan mayores incertidumbres. Según la investigación, la cónsul uruguaya en EAU, Fiorella Prado, se apersonó en la prisión para tomarle una foto, las huellas dactilares y la firma, indispensable para tramitar el pasaporte. Sus actos fueron avalados por la cancillería. Prado había consultado si debía hacer el trámite con la persona en prisión y si podía entregarle el pasaporte en estas condiciones. La respuesta de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación de la cancillería, encabezada por Pauline Davies, fue favorable. A su vez, el embajador Álvaro Ceriani sugirió a la cancillería tomarse más tiempo para analizar el caso en virtud de las alertas generadas por su par paraguayo en Qatar (El Observador, 16-VIII-22).
De esta forma, Marset recibió el pasaporte el 25 de noviembre. Con eso evitó su deportación, que estaba prevista para fines de año, y recuperó la libertad –en enero de 2022–, tras finalizar los trámites de rigor. Eso fue posible porque el pasaporte no viajó por valija diplomática. Marset entregó un poder al abogado Alejandro Balbi, para retirar el pasaporte en la cancillería y el penalista se lo entregó a un familiar de Marset, quien lo llevó hasta Dubái.
En ese interín, Balbi se reunió con la subsecretaria Carolina Ache para interiorizarse sobre el proceso y se contactó vía Whatsapp y correo electrónico con la sede diplomática uruguaya en el emirato, donde argumentó que había hablado del asunto con la vicecanciller (VTV, 16-VIII-22). A través de sus redes sociales, Ache negó rotundamente cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío del pasaporte, pero reconoció la reunión con Balbi.
El abogado aseguró que su único contacto con Marset fue la gestión del pasaporte y que su trabajo terminó ahí (MVD Noticias, 11-VIII-22). Sin embargo, el vínculo es anterior. En agosto de 2019, la jueza Adriana Chamsarián condenó a Marset a una pena unificada de ocho años y seis meses de penitenciaría por todas las causas donde fue imputado en Uruguay. La sentencia fue apelada por los abogados Alejandro y Carlos Balbi, que asumieron su defensa en los últimos trámites ante la Justicia uruguaya.
En su escrito, los abogados alegaron que se fijó una pena excesiva, teniendo en cuenta que la primera condena de Marset fue por un delito menor y que los tres procesamientos se dictaron con diferencia de un año y medio, con la particularidad de que dos de ellos ocurrieron en un lapso de 14 días. Además, argumentaron que no podía aplicarse el tópico de la peligrosidad, al tratarse «de hechos ocurridos hace seis y siete años respectivamente». En agosto de 2020, un tribunal de apelaciones les dio la razón: la pena fue reducida a siete años y diez meses. Con esto, se adelantó el cierre de las causas penales en Uruguay y Marset quedó libre de todo registro de antecedentes y en condiciones de recibir el pasaporte. Algo que no pudo hacer en enero de 2019, cuando intentó tramitarlo a través del consulado uruguayo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), porque tenía tres causas penales abiertas en Uruguay.
EN LA MIRA
Marset es investigado por las autoridades uruguayas. La DGRTID presume que estuvo detrás de importantes cargamentos de cocaína y pasta base incautados en procedimientos en 2020. También, de las amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero y del atentado con granada a la sede de la brigada de narcóticos, ambos atribuidos al denominado Primer Cartel Uruguay. Pero ninguna de las líneas de investigación tuvo éxito ni fueron tenidas en cuenta cuando se tramitó el pasaporte. Sin embargo, existía un contacto directo con los servicios paraguayos y la DEA.
En Paraguay, el peso de Marset tenía cada vez más relevancia. Un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (SNA) de Paraguay estableció sus vínculos con el clan Insfrán. Ese documento establece que Marset se presentaba como un próspero empresario de artes y espectáculos, dedicado a la organización de eventos y conciertos. También fue futbolista profesional, contratista de jugadores, dueño de un taller de autos de alta gama (Total Cars) y productor agropecuario. Todas fueron acciones para ocultar su rol en el tráfico de drogas (El Observador, 13-VIII-22).
Su radicación en Paraguay se concretó en 2020, junto con su pareja, sus hijos y varios familiares. Residía en un lujoso apartamento en el piso 15 del Palacio de los Patos, en Asunción, y tenía tres vehículos de alta gama, entre ellos, una Toyota Land Cruiser TDI blindada. En 2021, llegó al club Capiatá –presidido por el diputado Erico Galeano–, donde disputó seis partidos. Marset llegaba al entrenamiento en un Lamborghini Huracán y le pagó 10 mil dólares a un compañero para lucir el número 10. También participó de la venta de jugadores al fútbol griego.
La investigación paraguaya indica que Marset es un integrante clave del clan Insfrán, un grupo que posee campos, camiones, lanchas, depósitos de acopio, aviones y pilotos rentados para el tráfico de drogas, así como estrechos contactos con el poderoso grupo brasileño Primer Comando de la Capital (PCC). El grupo está sindicado como responsable del homicidio del fiscal Marcelo Pecci en Colombia y del empresario Mauricio Schwartzman, quien entregó el pasaporte apócrifo a Marset y fue asesinado dos días después de la detención de este en Dubái.
La organización también tenía estrechos Contactos con el sistema político paraguayo, en particular del Partido Colorado. Detenido en Dubái, Marset intentó mover todos sus contactos para lograr evitar su deportación: «Si es necesario hablar con Marito [Abdo, presidente de Paraguay] o con [el expresidente, Horacio] Cartes, se tiene que hablar», porque después sin problemas podría pagar el favor, le dijo a uno de sus subordinados (La Diaria, 16-VIII-22).
En este contexto, el Frente Amplio (FA) decidió interpelar a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (cancillería) en torno al proceso que derivó en la entrega del pasaporte a Marset, «el Pablo Escobar uruguayo», como lo definió el senador Daniel Caggiani. La interpelación, fijada para el lunes 22, será seguida con preocupación por el oficialismo, ya que, además de las contradicciones que pueden surgir entre los jerarcas involucrados, varios dirigentes pretenden desmarcarse de los desbarajustes de la acción gubernamental.
1. La investigación determinó que Viveros Cartes arrojó la droga –que no fue incautada– en un campo en Durazno. Ese día, la operación Wayra permitió incautar 478 quilogramos de marihuana arrojados por otra avioneta en un campo de Lavalleja.
