-¿Puedo acceder a las notas o le tengo que pagar la suscripción al medio? Es decir, ¿les pagaría a ustedes y también al medio de prensa?
—Tenemos varios tipos de servicios. Podés tener el título y la transcripción de la nota y, si querés, la foto también la podemos conseguir: te la subimos en la plataforma. Vos no vas a poder acceder al sitio [web del medio] salvo que por tu cuenta tengas contratada la suscripción, pero desde nuestra plataforma vas a poder ver el screenshot de la noticia que te interesa.
Así la empresa Global News Group vende sus servicios a un particular. No es algo nuevo. El clipping de noticias existe desde hace más de 30 años. El servicio consiste en enviar a sus clientes (otra empresa, un particular, un organismo estatal) las notas de prensa que les puedan interesar. El envío puede ser diario o incluso, a veces se puede hacer más de una vez al día. Al cliente le llega por mail, y allí puede ver los titulares y los primeros párrafos de las notas que se publicaron ese día en prensa. Si clickean el título del artículo se les abrirá una nueva pestaña en su navegador y les mostrará la nota completa, que la empresa copió y pegó en su plataforma. Una vez allí, el artículo periodístico queda en manos del cliente. Puede descargarlo como PDF o en un formato editable; también pueden ver la captura de pantalla de cómo se ve la noticia en la página del medio.
El negocio es redondo. Global News, por ejemplo, paga una única suscripción a cada medio de prensa. De esa forma, accede a todos los materiales y luego vende las notas (sujetas a la propiedad intelectual de los periodistas y del medio) a terceros. Pero esto escapa de sus manos. Tampoco es cierto que se necesite un usuario y clave para acceder a las noticias. Si el cliente reenvía el mail del clipping, cualquier persona que lo recibe podrá leer la prensa del día sin pagarle ni a Global News ni al medio que produce las notas. El usuario de la plataforma solamente sirve para buscar noticias específicas o para crear un archivo personal.
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Los servicios ofrecidos por empresas como Global News Group (Media Consulting Uruguay SA) son contratados tanto por agentes privados como estatales. Sobre los primeros no es sencillo conocer su alcance, pero sí es factible su rastreo en los segundos, mediante las compras registradas en la Agencia Reguladora de Compras Estatales. De allí se desprende que, durante 2022, cuatro dependencias públicas adquirieron sus servicios, por un total de 864 mil pesos. La compra más reciente fue realizada por el Poder Legislativo; específicamente por la Cámara de Diputados, el pasado 25 de octubre. La adjudicación correspondió a un servicio de relevamiento multimedia (prensa, radio, televisión abierta y por cable, streaming y medios del exterior) con acceso para 104 usuarios, que permitiera la clasificación, búsqueda y consulta de información por persona, localidad, tema, fecha, empresa u organismo. Luego de realizar un concurso de precios, Global News fue contratada por un año, con posibilidad de prórroga por otro más. Le abonaron 292 mil pesos.
Mediante el mismo procedimiento, en abril la Universidad de la República (Udelar) también adquirió los servicios de la empresa. En este caso, además del relevamiento de las publicaciones de los distintos medios y las herramientas para su sistematización, el paquete incluyó el envío de un resumen diario por correo electrónico, con un listado de noticias relevantes «para el quehacer universitario». Por ello, la institución pagó casi 197 mil pesos. El concurso de precios no es la única forma mediante la cual los organismos estatales han contratado a este tipo de empresas. Durante este año, la Intendencia de Montevideo (IM), en dos ocasiones, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) adquirieron sus servicios por compra directa. La IM desembolsó casi 384 mil pesos por concepto de «monitoreo de medios», mientras que la URSEC pagó 41 mil pesos bajo el ítem de «información de prensa» .
La compra de estos servicios no corresponde solamente a este año, ni únicamente a las dependencias y organismos mencionados. De la búsqueda realizada por el semanario surge que las compras a Global News vienen desde, por lo menos, 2016, e incluyen Presidencia, Fiscalía General de la Nación, Cámara de Senadores y los ministerios del Interior, Salud Pública, y Transporte y Obras Públicas. Durante el período 2016-2022 se registraron 25 adjudicaciones, fundamentalmente mediante el mecanismo de compra directa. En ese período, por los servicios brindados, la firma recibió en total 3.640.399 pesos.
El servicio no es algo nuevo. Pero esto no significa que sea legal.
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Global News no es la única empresa que ofrece este tipo de servicios. En este rubro también participa la firma Ental SA (mipais.com.uy), una empresa denunciada penalmente conjuntamente por Brecha, Búsqueda y El País en setiembre de 2013 en el Juzgado Penal de 12.º Turno. El modus operandi era el mismo que al día de hoy aplica Global News: con una única suscripción a cada uno de estos medios, la empresa vendía los artículos periodísticos a sus clientes. La condena fue favorable a los medios y prohibió a la empresa utilizar los contenidos sin autorización.
Aun así, pese al resultado de la sentencia, Ental SA siguió ofreciendo su servicio de clipping y el Estado lo siguió comprando. Desde 2014 hasta la fecha se contabilizan 103 adjudicaciones a esta empresa, mayoritariamente por procesos de compra directa. Los organismos y dependencias públicas que contrataron a esa empresa durante ese período también son varios: Presidencia (27 compras), Ministerio de Industria, Energía y Minería (10), de Trabajo y Seguridad Social (9), de Defensa Nacional (7), de Educación y Cultura (6), de Relaciones Exteriores (4), de Medio Ambiente (1 compra), de Vivienda y Ordenamiento Territorial (2), Administración Nacional de Educación Pública (5), Instituto Uruguayo de Meteorología (5), Cámara de Senadores (4), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (3), Udelar (2), ANCAP (2), IM (7) y Oficina de Planeamiento y Presupuesto (9). En total, el monto abonado desde 2014 asciende a casi 15 millones de pesos.
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Para dimensionar el alcance del servicio brindado por Ental SA basta con observar las condiciones establecidas en el pliego de la última licitación que le fue adjudicada. Se trata de un llamado a concurso de precios realizado por el INAU, en mayo de este año. Allí se solicita el acceso a la información periodística de los diferentes medios de comunicación, pero , además, se requiere que esa información sea clasificada mediante diversos criterios, que la actualización de las noticias se realice cada 20 minutos y que sea posible guardar dichos archivos, entre otras exigencias. A su vez, el pliego aclara específicamente que “cada noticia deberá permitir ser enviada por correo electrónico, o acceder directamente mediante contraseña suministrada”. Con una duración de dos años por todo el paquete, INAU le pagó a Ental SA casi 410 mil pesos.
De la adjudicación de la compra por parte del INAU surgen, además, dos detalles que vale la pena mencionar. En primer lugar, el concurso consideraba antecedentes de las empresas en contrataciones anteriores como forma de mejorar su puntuación. Lo llamativo fue que, aún cuando Ental SA y Global News (que también compitió por esa adjudicación) tenían probados antecedentes para lograr un mejor puntaje en el concurso, por algún motivo decidieron no presentarlos. El segundo detalle tiene que ver con el control que realizan los organismos del Estado. Pese a que el proceso judicial de 2013 se resolvió con una sentencia desfavorable a Ental SA -según se destaca en la mencionada resolución del INAU-, no se registran antecedentes negativos para la empresa en el Registro Único de Proveedores del Estado. Por lo demás, el único llamado de atención sobre las compras de servicios a Ental SA se puede leer en una resolución de Presidencia de 2020: allí se detalla que el Tribunal de Cuentas observó que se venían haciendo sucesivas compras directas, sin constatar la realización de un procedimiento de selección “ni la justificación de una causal de excepción”. Luego de esa resolución, Presidencia no ha contratado nuevos servicios de clipping.
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Desde 1992 los parlamentarios tenían acceso a una “partida de prensa”. La idea era que ese dinero -un adicional al salario de cada legislador- se destinara a pagar suscripciones y a la adquisición de ejemplares de los diversos medios de prensa. Sin embargo, en abril de 2020, con la llegada de la pandemia del covid 19, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema (PN), propuso eliminar la partida y volcar ese dinero al Fondo Covid.
La eliminación no fue impedimento para que los parlamentarios siguieran accediendo a los artículos de prensa. Según explicó a Brecha el prosecretario de la Cámara, Medardo Manini Ríos, fue el actual presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, quien “entendió” que había que brindar a los legisladores algún tipo de servicio a fin de que “tengan un mejor acceso a los medios de comunicación”. Manini Ríos informó que la empresa contratada por licitación para cubrir esta demanda fue Global News, y que “en términos económicos, obviamente, estamos hablando [de precios] significativamente más bajos de lo que era la partida de prensa”. Consultado sobre qué es exactamente lo que reciben los legisladores a través de esta empresa, el prosecretario dijo que se trata de un mail con las noticias diarias, y un usuario y una contraseña con los que pueden hacer búsquedas más específicas en la plataforma de la empresa. Sin embargo, insistió en que no tienen acceso a los artículos periodísticos que son exclusivos para suscriptores del medio.
No hubo necesidad de mencionar el juicio ganado por Búsqueda, El País y Brecha en 2013. En este caso, Manini Ríos trajo a colación ese antecedente y dijo que tiene presente que “había un tema” con los derechos de autor. Brecha le consultó al prosecretario si conoce cuál es la situación legal actual del servicio que ofrece esta empresa y Manini Ríos sostuvo que “hasta donde yo sé […] lo deben haber corregido a partir del juicio. Hoy obviamente es un servicio que es legal, salvo que se disponga lo contrario”.
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Sí uno es decano de la Udelar -o trabaja como asistente académico-, en su mail recibirá , por día, un clipping de medios que puede llegar a contener más de 60 notas. Brecha accedió a los clippings que se reciben en las oficinas de más de una unidad universitaria y corroboró que no es necesario contar con un usuario para acceder a las notas: basta solamente con que alguien reenvíe el mail y el destinatario tiene pase libre. Este último también puede descargar los contenidos y así burla el muro de pagos que tienen los medios de comunicación para cobrar por su trabajo y sustentarse económicamente.
En agosto de 2022 las distintas facultades de la universidad pública recibieron un mail enviado por el coordinador de la Unidad de Comunicación, Federico Barreto, en el que se avisaba que habían sido incluidas en la lista de difusión de clipping@udelar.edu.uy. Consultados sobre la legalidad de este tipo de servicios, desde rectoría explicaron que “contratan un servicio” y “lo que pasa con la empresa escapa un poco a la contratación”.
Asimismo, rectorado explicó al semanario que la decisión de contratar este tipo de empresas se tomó desde la Unidad de Comunicación y se abrió un llamado a concurso de precios, en cuyo pliego se pedía un relevamiento diario de prensa escrita, radio, televisión (abierta y de cable) de acuerdo a una serie de palabras claves que la propia institución propuso. Este clipping llega diariamente a la Unidad de Comunicación central y rectorado, y son ellos quienes lo reenvían a los demás servicios universitarios.
Consultados sobre si tuvieron presente el antecedente penal de Ental SA antes de contratar el servicio de Global News, y sobre cuál es su visión sobre el perjuicio económico que perciben los medios por este tipo de servicios, las fuentes universitarias declararon que no era algo que estuvieran considerando. “Nosotros contratamos un servicio de acuerdo al pliego que solicitamos y el servicio se cumple”, detallaron. Desde el rectorado se aclaró que, en caso de comprobarse algún tipo de ilegalidad, se va a “rever” el vínculo con la empresa.
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“Cuando una empresa, sin autorización del medio, archiva todo el contenido para su provecho [mediante la venta], no tengo dudas [de] que se está cometiendo una infracción a la ley de derecho de autor”. La afirmación es del abogado y ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza (que también participó en el juicio contra Ental SA, en 2013). Según el artículo 46 de la ley de derechos de autor
(ley 9739), podrá definirse una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría al que, con ánimo de lucrar, edite, venda y reproduzca por cualquier medio una obra sin la autorización del autor. El artículo 22 de la ley mencionada explica que “la utilización del artículo periodístico en medios distintos o con fines distintos para los cuales fue contratado el autor, debe contar con la autorización de este”.
Según Lanza, esa responsabilidad no alcanza únicamente a las empresas contratantes. El experto sostuvo que el Estado podría actuar con responsabilidad social y, si es una licitación pública, exigirles a las empresas toda la información que esté disponible y que además cuenten con autorización de los medios correspondientes. Sobre esa autorización, sostuvo que hay muchos medios que llegan a un acuerdo con las empresas y otros que no reclaman.
Tampoco es nuevo que la situación de la mayoría de los medios escritos se ha vuelto cada vez más acuciante. Son varios los motivos que explican esa realidad, y, si bien no es el objetivo de esta nota centrarse en ellos, sí es necesario mencionar que los avances tecnológicos, con sus herramientas para procesar y facilitar el acceso a grandes cantidades de información –entre otros aspectos–, han generado una nueva posibilidad para su sostén, a la vez que un enorme riesgo. Con mayor o menor éxito, la prensa ha tratado de adaptarse a las nuevas formas de consumo de los usuarios. También han aparecido actores que, combinando herramientas tecnológicas con una buena dosis de apropiación del trabajo ajeno, ofrecen un servicio que se sostiene con base en amenazar la viabilidad de los medios tradicionales. Si ya era difícil, así lo es más.
De dudosa procedencia
Según los datos que figuran en la Dirección General de Registro, la presidenta de Media Consulting Uruguay SA es María Laura García, de nacionalidad argentina, y el vicepresidente es un uruguayo llamado Carlos Alfredo Díaz. Ese directorio se conformó en 2017. Pero antes, desde 2014 hasta esa fecha, conjuntamente con García en el directorio, la vicepresidencia la ocupaba otro uruguayo: Roberto Eichin Bangerter. La firma se encontraba en la dirección Zabala 1372, oficina 43. La mención de esos antecedentes se debe a que dos empresas en las que participaba Eichin Bangerter y la dirección donde se encontraba Media Consulting Uruguay SA figuraban en los Panama Papers, en 2015, como parte de un complejo esquema de conexiones, que involucra diferentes empresas –algunas registradas en Panamá– y un estudio consultor uruguayo. Zabala 1372, oficina 43, figura como dirección de cinco empresas: Inversora Peterban SA, Epatl SA, Casitown SA, Luxulian SA y Ritzan International SA. Como si de una matrioska se tratara, de todas ellas surgen otras empresas y accionistas anónimas. Pero, ya sea de forma directa o indirecta, terminan conectando con la firma Guan Invest Global SA, ubicada en Panamá, en la cual Eichin Bangerter figura como integrante. De allí, la conexión salta a un estudio llamado Dix-Kohlsdorf, que entre 2006 y 2015 aparecía como intermediario de otras 58 empresas, con sus propias ramificaciones.