Perdonazo – Brecha digital

Perdonazo

En agosto se cumplen tres décadas de la muerte de Rudolf Hess, el último jerarca nazi. Ese aniversario bien podría coincidir con un cambio en el tratamiento de los violadores de los derechos humanos bajo las dictaduras militares latinoamericanas, en unas sociedades donde no son muchos los que entienden que tales regímenes fueron lo más parecido al nazismo que sufrió la región.

Protestas durante la celebración religiosa que se llava a cabo en el Penal de Punta Peuco, con los represores que cumplen condena, el 23 de diciembre / Foto: AFP, Christian Miranda

En marzo de 2016 el sacerdote Fernando Montes, ex rector de la universidad jesuita de Chile, dio una entrevista a El Mercurio –el principal diario de la derecha chilena– en la cual planteó por primera vez públicamente un interés de la Iglesia Católica en que se den beneficios de libertad a los ex militares, policías y agentes de los servicios secretos de la dictadura de Augusto Pinochet, que cumplen condenas en el penal especial de Punta Peuco, ubicado a 60 quilómetros al norte de Santiago. “No hay que olvidar que son seres humanos que cometieron un error, que hay distintos niveles de culpabilidad –dijo Montes–. Y segundo, que hay situaciones humanas que se van produciendo por la edad, la enfermedad, que tienen que ser verdaderamente tenidas en cuenta si queremos ser civilizados.”

Hasta ahora el jesuita –quien recibió de inmediato las críticas de las víctimas de la dictadura y los aplausos de los sectores que todavía piensan que el golpe de 1973 fue una gesta para librar al país del marxismo– no ha puesto en blanco y negro sus razones para sugerir que los violadores de los derechos humanos ancianos o enfermos de gravedad sean enviados a sus casas. Solamente se puede suponer que hizo la exhortación en el marco del Jubileo o Año de la Misericordia, que el papa Francisco inició el 8 de diciembre de 2015 y concluyó el 20 de noviembre de 2016. De todos modos, su entrevista con El Mercurio marcó el comienzo de una verdadera campaña para obtener la libertad condicional, e incluso el indulto presidencial, de varios de los que se supone han sido juzgados por delitos de lesa humanidad. Tal campaña fue cobrando intensidad a medida que se acercó la Navidad, acaso por lo simbólico de la fecha en términos de armonía y paz.

A mediados de diciembre el abogado de cuatro de los reclusos de Punta Peuco comenzó el trámite para solicitar un indulto presidencial para ellos, por razones “estrictamente humanitarias”. Al hacer la gestión, el abogado Raúl Meza dijo que sus representados estaban inclinados a pedir perdón por haber cometido violaciones a los derechos humanos, para terminar “con esta irreconciliable situación de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos”. Además, pidió “en el otro lado, que sabemos quiénes son, situaciones de tolerancia por estas personas que están viviendo con dolor sus últimos días”.

En un principio el gobierno prefirió dejar la pelota en el campo eclesiástico, y el ministro de Justicia declaró que las colectividades religiosas debían manifestarse de forma más categórica y trasmitir una posición “que les permitiese a los actores políticos obrar de un modo más consecuente”.

Entretanto, la derecha recurría a sus editorialistas, catedráticos y dirigentes de centros del pensamiento para reunir los argumentos a favor de la libertad de los condenados por su participación en los crímenes de la dictadura que estuviesen demasiado viejos o enfermos, fomentando una vez más la confusión entre justicia y venganza. Así, uno de los columnistas de El Mercurio y miembro muy activo del Opus Dei sugirió que las personas que no están dispuestas a perdonar (las víctimas de la dictadura) son individuos insatisfechos en la vida, que padecen “fenómenos destructivos en el plano de la salud personal, así como vastamente intoxicantes en el plano social”. Una línea similar adoptaron sectores de las iglesias evangélicas, que manifestaron la necesidad de cambiar el “paradigma de revancha”.

Por coincidencia o no, en 2016 fue designado presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica el obispo de las fuerzas armadas chilenas, monseñor Santiago Silva. Una semana antes de Navidad, la agrupación de los prelados católicos emitió su mensaje por las fiestas, que se centró en la necesidad de buscar mecanismos jurídicos para que todos los presos con problemas serios de salud física o mental puedan continuar cumpliendo las condenas en sus casas. Los obispos aclararon que no solamente se refieren a los internos de Punta Peuco, pero lo cierto es que tal declaración no se hizo antes a favor de los presos comunes. El 23 de diciembre, además, Fernando Montes y varios representantes de otras religiones cristianas organizaron una celebración navideña en el penal especial, cuyos asistentes representaron lo peor de los crímenes de la dictadura.

Estuvieron, entre otros, Raúl Iturriaga, ex subdirector de la policía secreta de Pinochet y organizador del asesinato en Buenos Aires del general constitucionalista Carlos Prats y su esposa; Claudio Salazar, quien como cabo de la policía de Carabineros participó en el degollamiento de tres maestros comunistas; Carlos Herrera, el ex mayor del Ejército y agente de inteligencia condenado por el asesinato del dirigente sindical demócrata cristiano Tucapel Jiménez, y Basclay Zapata, antiguo suboficial del Ejército y también agente de inteligencia, un verdadero especialista en el secuestro y asesinato de opositores al régimen militar. En un clima de lecturas de los evangelios y sermones sobre la misericordia, Zapata y algunos de sus compañeros de presidio leyeron textos que, pese a que el entusiasmo de los religiosos asistentes hizo que los presentaran al periodismo como pedidos de perdón, más bien tienen el tono de la “obediencia debida”.

“Cumplí órdenes militares, poniendo especial celo en su ejecución porque pensaba que tales órdenes eran legítimas, y en aras del bien superior de la patria”, expresó Zapata, que se amparó en una cita de San Pablo –disculpa de su persecución de los cristianos cuando era funcionario del imperio romano– para sostener que creyó de buena fe en la legalidad de lo que hacía. En general todas las supuestas solicitudes de perdón contienen frases alusivas al cumplimiento de órdenes, sin el reconocimiento de la crueldad personal.

A CASA. Poco antes de ese acto, los senadores de Renovación Nacional, el partido del ex presidente y nuevo candidato presidencial Sebastián Piñera, entregaron al ministro de Justicia un proyecto de ley para facilitar que todos los condenados por los tribunales cumplan las penas en sus hogares cuando sufran una enfermedad terminal. Según el ministro, tanto el parlamento como el Poder Ejecutivo deberían ocuparse del tema, que actualmente no tiene normas específicas. Sin embargo, el presidente del Senado y miembro del oficialismo, Ricardo Lagos Weber, opinó que hay que ser cuidadosos en el examen de los casos, ya que cuando se trata de los delitos de lesa humanidad hace falta demostrar un arrepentimiento real, así como proveer información para resolver el predicamento de los cientos de familias chilenas que no han encontrado a sus miembros hechos desaparecer por los militares.

Cuando tenía 18 años, la estudiante Carmen Gloria Quintana fue detenida durante una protesta callejera contra la dictadura junto a su compañero y fotógrafo Rodrigo Rojas. Los policías empaparon a ambos con nafta y les prendieron fuego. Rodrigo murió y Carmen Gloria tuvo que soportar años de dolorosas operaciones para recuperar su rostro desfigurado por el fuego; actualmente es una profesional, feliz con una familia con tres hijas, y los culpables del ataque fueron juzgados. En un texto de reflexión sobre el perdón, publicado hace pocos días, puso el dedo en la llaga de lo ocurrido en Punta Peuco: “Los victimarios deben hacerse responsables de sus actos, de sus omisiones, arrepentirse genuinamente del daño causado. Entregar información de manera activa para comenzar a reparar el daño…el perdón es cuestión individual de cada persona que vivió el daño. A mí no me lo pidan, mientras no se cumplan requisitos mínimos como sociedad”.

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