Perú amaneció el jueves con 118 carreteras bloqueadas por protestas a favor del cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. La desproporcionada represión policial de las manifestaciones ha causado 15 muertos desde el domingo en dos regiones del sur y otro en la Panamericana Norte –según un agente policial, a causa de una pedrada–. Mientras tanto, el depuesto presidente Pedro Castillo sigue detenido y un juez decide este día si pasa a prisión preventiva mientras la fiscalía lo investiga por los delitos que cometió con el autogolpe que intentó el miércoles pasado. En paralelo, el deslegitimado Congreso debe presentar un cronograma para aprobar la reforma constitucional de anticipo de comicios. Si el Legislativo y su aliada, la presidenta Dina Boluarte, hubieran hecho ese anuncio antes, habrían contrarrestado la convulsión social y el vandalismo que también ocurrió. El Ejecutivo, además, declaró el estado de emergencia en el territorio para inhibir las manifestaciones este jueves, cuando hay un llamado a una gran marcha nacional.
No solo las seis víctimas de la brutal violencia policial en la región Apurímac han provocado un efecto dominó de reclamos ciudadanos en, al menos, 18 de 25 regiones del país. Boluarte nombró su gabinete el sábado y está formado por cuadros del sector más conservador de la política y el establishment peruanos, que lleva las riendas del Congreso desde 2016, cuando perdió la presidencia Keiko Fujimori, la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori.
La indignación ha cundido debido a que el parlamento tiene desde hace meses más de 75 por ciento de desaprobación en las encuestas y la nueva mandataria está gobernando bajo las reglas de ese poder del Estado. En los 18 meses del gobierno de Castillo, el Legislativo cambió normas para quebrar el equilibrio de poderes: hizo inviable la consulta en referéndum acerca de la posibilidad de una asamblea constituyente, ajustó el reglamento del Congreso para que el Ejecutivo tuviera restricciones en la presentación de cuestión de confianza y, principalmente, acudió libremente al mecanismo de vacancia por incapacidad moral permanente para echar del cargo a las fórmulas presidenciales que le ganaron una y otra vez a Keiko.
En las protestas regionales -y, en menor medida, en la capital- hay voces que piden la liberación de Castillo. Son parte del núcleo duro que ha respaldado su gestión desde julio de 2021. Su aprobación más baja se constató en setiembre de este año. Fue del 25 por ciento -según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos-, cuando acumulaba seis denuncias fiscales por corrupción en funciones. Los delitos por los cuales la fiscalía lo investiga son tráfico de influencias, colusión agravada y organización criminal. Los casos van desde el entrometimiento indebido en el ascenso de militares en 2021 hasta el supuesto cobro de sobornos por una variedad de rubros, como favorecer a empresas en la compra millonaria de combustible o hacerles ganar concursos públicos de construcción de infraestructura y nombrar a recomendados en altos cargos. A fines del mes pasado su aprobación subió al 31 por ciento, cuando el Legislativo, la fiscalía y la prensa capitalina hicieron muy evidente su mancuerna para acelerar la salida del exlíder sindical del magisterio de la presidencia.1 Cada día difundían algún testimonio que forma parte de las carpetas fiscales, estuviera o no corroborado.
El Congreso iba a debatir el miércoles 7, por tercera vez, una moción de vacancia para sacar al exmaestro rural del Palacio de Gobierno y, aunque no había los 87 votos requeridos, el parlamento había maniobrado para echarlo en el corto plazo por la vía de la suspensión temporal, mientras estuviera bajo investigación fiscal. En esa circunstancia, Castillo dio el golpe de Estado y fue reemplazado horas después por Boluarte, con el apoyo del Congreso y de las fuerzas armadas.
El exgobernante ha quedado detenido desde la semana pasada en una oficina del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, una sede ubicada al este de Lima, donde está la casa en la que Fujimori cumple su condena de 25 años de prisión. No han tenido contacto.
Según la Defensoría del Pueblo, Castillo ha recibido más de 130 visitas en los primeros seis días de detención. En el exterior del cuartel policial, un grupo de leales al expresidente hace vigilia a diario con carteles que piden su libertad, agreden eventualmente a los equipos de prensa, se organizan en ollas comunes para la alimentación y duermen en colchones en la calle.
LA MANO DURA
Pero hay otros motivos por los que las protestas han crecido en las regiones. El historiador José Carlos Agüero señala que el desprecio y la ideología -no la política- guían al nuevo gobierno y al Congreso en su relación con los ciudadanos que se han levantado en las plazas, calles y carreteras. Por otro lado, hace 20 años que quedan impunes las muertes de ciudadanos en Lima y regiones, causadas por la violencia de las fuerzas del Estado durante conflictos sociales. Los manifestantes conocen de esas historias de no obtener justicia pese a buscarla.
El sábado, uno de los primeros en caer gravemente herido por un proyectil de arma de fuego durante la represión policial de una protesta en Andahuaylas fue Cristian Rojas, un estudiante de enfermería de 19 años. «Los médicos no nos dan esperanzas, este es el dolor del pueblo», dijo uno de sus familiares a un medio digital local afuera del Hospital de Abancay, donde lo llevaron para una cirugía debido al traumatismo en la cabeza. Rojas falleció este miércoles.
La Policía Nacional informó el martes que había detenido a 71 ciudadanos por las protestas y actos de vandalismo en el país, mientras que el Ministerio de Salud reportó el jueves 61 heridos y seis fallecidos en Apurímac, y 195 personas con daños en su vida o la salud en todo el territorio.
En Apurímac, la mayor parte de los heridos tenían impactos en la parte superior del cuerpo. Ese comportamiento de la Policía es común desde la década pasada, pero fue masivo durante las manifestaciones ciudadanas en el centro de Lima en noviembre de 2020, cuando las fuerzas del orden asesinaron a dos jóvenes que reclamaban la salida de un gobierno ilegítimo impulsado por la mayoría parlamentaria.
En 2020, durante estas protestas pacíficas, de acuerdo a las investigaciones fiscales y a lo que los heridos pudieron retirar de sus cuerpos, la Policía peruana usó canicas y postas (perdigones de plomo para la caza de animales mayores) en el control de manifestaciones. Nadie ha sido procesado como responsable por las víctimas fatales y decenas de heridos graves de entonces.2 En las manifestaciones de estos días en la capital, los medios han reportado el mismo uso de ese material por parte de la Policía. El martes, la presidenta Boluarte autorizó a la Policía a usar perdigones de goma en el control de las protestas; sin embargo, los agentes ya habían usado otro tipo de proyectiles que causan mayor daño.
INTERLOCUTOR DESECHADO
La mandataria se ha sumado a la versión de los principales medios limeños y a la mayoría parlamentaria conservadora de que los manifestantes están azuzados o relacionados con el terrorismo, o que han sido pagados para promover el caos. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru dejaron de estar activos en los años noventa y los miembros de sus cúpulas están en prisión desde entonces. Sin embargo, algunos ex-presos por terrorismo, que cumplieron su condena, formaron un pequeño movimiento con pretensiones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó su inscripción en el registro de organizaciones políticas en 2016 porque en su ideario el colectivo reivindicaba la doctrina del fundador de Sendero Luminoso. Las primeras planas de algunos diarios capitalinos y canales de televisión desacreditan desde los primeros días las movilizaciones, vinculándolas a este grupo.
La mañana del jueves, en una de las decenas de marchas que continúan pese al estado de emergencia, el ciudadano de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, decía durante su transmisión en Facebook con un teléfono móvil: «No somos un movimiento callejero ni radicales, ni vándalos, ni antisociales. Somos un pueblo con mucha cultura, orgulloso de su identidad. No somos cuatro gatos. Dina Boluarte es hija de hacendados, representa a un grupo que siempre ha ostentado el poder. Es el pongo de los fujimoristas». Los pongos conformaban la servidumbre en el sistema de haciendas que existió hasta 1969, cuando esa condición fue abolida por la reforma agraria que estableció el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.
El fujimorismo y otros grupos políticos conservadores llevan casi 20 años hostigando y desacreditando a sus adversarios políticos calificándolos de terroristas, y en estos días ello ha sido más notorio y constante.
En ocho días de mandato, Boluarte no ha tenido ninguna reunión con representantes de las regiones, pese a que ella nació en la andina región de Apurímac, en la que el 80 por ciento del electorado votó por Castillo en la segunda vuelta. Y en la que también las manifestaciones han sido más sostenidas y los manifestantes han sido más reprimidos por las fuerzas del orden.
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Jean Paul Benavente (gobernador de Cusco), pidió reiteradamente una cita con la jefa de Estado, pero nunca la programaron. Dicha institución propuso, desde la semana pasada, que el Congreso acelerara la discusión de los dictámenes para el adelanto de elecciones, pero no fue escuchado. Tampoco han acogido su propuesta de que la presidenta convoque al Acuerdo Nacional, una plataforma amplia de diálogo que existe en Perú desde inicios de la década pasada, cuando se tuvo que reconstruir la democracia destruida por el régimen de Fujimori.
Boluarte, sin embargo, sí se ha reunido con los embajadores de Estados Unidos, Canadá y 14 países de la Unión Europea entre el martes y el miércoles, cuando ya se conocía de, por lo menos, seis fallecidos y gran cantidad de heridos a causa de la desproporción de la fuerza policial intentando dispersar a manifestantes en Apurímac y Arequipa. Los diplomáticos se acercaron a respaldarla, debido a que los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México se han pronunciado a favor de la libertad de Castillo alegando que los procesos en su contra no están ajustados a ley.
El respaldo de la diplomacia, sin embargo, también ha sido tácito a la respuesta gubernamental de mano dura e indiscriminada, que no ha sido capaz de separar la paja del trigo. Han habido graves hechos de vandalismo desde el lunes, pero las marchas pacíficas son mayores en número. Tres aeropuertos, dos plantas productoras de leche y de Coca-Cola, y locales de la fiscalía han sido atacados, principalmente, en tres regiones del sur (Arequipa, Apurímac y Cusco). En Chincheros, Apurímac, los ciudadanos incendiaron la comisaría luego de que un manifestante adolescente muriera por disparos de la Policía.
Mientras tanto, quienes salen a las calles mientras se escribe esta nota intentan asegurarse de que infiltrados no estropeen sus manifestaciones y representantes de la Defensoría del Pueblo, en algunos casos, los acompañan como una garantía de que su derecho a la protesta será respetado pese al estado de emergencia.
- La mancuerna. La mancuerna era una cadena que unía a dos prisioneros. La gente de los Andes emplea el término como sinónimo de complicidad.
- El término canicas debe ser leído en el más literal de los sentidos. Como en otras partes de Latinoamérica, en Perú la Policía dispara bolitas para intentar despistar a quienes establecen responsabilidades.
