El congresista de la bancada de la Unión Regional (UR) se enfrascó entonces en la confección de un proyecto de ley que delegaba el monitoreo de la prensa al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), tanto para medios periodísticos como para libros o anuncios publicitarios. El proyecto contemplaba multas que oscilarían entre el 1 y el 10 por ciento de la unidad impositiva tributaria (Uit), es decir, entre los 38 y los 380 soles (un abanico que va de los 130 a los 650 dólares), y en caso de reincidencia, la sanción consideraría el número de faltas y el tiraje de la edición, previendo un monto que treparía hasta llegar al 50 por ciento de una Uit. Mientras –es de presumir– muchos correctores de prensa se encandilaban con la idea, los directores de los medios más importantes de Perú se cuidaban de desatar sus furias en perfecto castellano. Pero el ensueño heroico de Falconí duró muy poco. La polarización, dentro y fuera del Congreso, no se hizo esperar, al tiempo que vino a salvar su pellejo. Porque ese fue el atajo que encontró el vocero de Unidad Regional, Mariano Portugal, para retirar el proyecto de ley de su compañero de bancada el mismo día de su presentación. Y es que en la redacción de su proyecto de ley Falconí incurría en al menos 14 faltas ortográficas, amén de unos cuantos y gruesos errores gramaticales.
Años atrás la legisladora de origen quechua Hilaria Supa Huamán había sido chivo expiatorio de una tramposa conminación al buen ejercicio de la gramática española. El Correo se encarnizó con la representante de la región andina de Cusco, ligada a los sectores campesinos, a partir del facsímil de unos apuntes personales de la legisladora que logró llegar a su redacción. Los apuntes, plagados de faltas ortográficas, se hicieron carne en el Congreso, que pospuso su orden del día para debatir el caso y respondió con una condena casi unánime hacia el periódico. Los catedráticos de lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Perú hicieron público un documento en el que calificaron de “acto de discriminación y violencia lingüística” la publicación de los apuntes de la legisladora por el Correo. Señalaron en su pronunciamiento, entre otros detalles, que lo reproducido por el Correo no era más que una expresión de la base fonológica y gramatical que la legisladora posee en virtud de su lengua materna, el quechua, muy común entre los bilingües quechua-castellanos. “No se puede juzgar la competencia (capacidad) en la escritura castellana de la congresista Supa como una dimensión independiente de su condición de quechuahablante, y hacerlo constituye una manipulación de los hechos lingüísticos.” El aprendizaje del español, segunda lengua de la legisladora cusqueña, le fue negado desde pequeña. Sus limitaciones son parte de Los hilos de mi vida, libro autobiográfico traducido al inglés, al alemán, y próximamente al quechua, en el que su autora relata las historias de mujeres indígenas y campesinas que, como ella, debieron trabajar desde pequeñas a las órdenes de hacendados que comúnmente les vedaron la posibilidad de educarse. Eso no impidió sin embargo que Hilaria fuera vicepresidenta del Parlamento Indígena de América y llegara a estar entre las ocho nominadas por Perú al Nobel de la paz de 2005. Algo de lo que no puede enorgullecerse el malogrado Marcos Falconí.