Máximo Ramón Castilla Butti. Médico. Empresario sojero. Acusado de intentar acobardar por diversos medios a los vecinos que se niegan a ser envenenados por los pesticidas con los que riega sus plantaciones; y al no lograr su cometido, de emprenderla contra funcionarios públicos involucrados, y en su momento hasta contra la propia cabeza de la Intendencia de Canelones, la profesora Gabriela Garrido. Fue imposibilitado de ejercer actividad profesional durante un lapso de tres meses por la comisión de ética del Colegio Médico del Uruguay a causa de sus actitudes hostiles respecto al tema, en un fallo posteriormente revocado por un tribunal de alzada, que sin embargo cuestionó de forma contundente las pésimas consecuencias de sus actividades agropecuarias en la salud de los pobladores cercanos. Fue denunciado penalmente por la Intendencia por incumplir reiteradamente la normativa. Y fue a la vez denunciante de una campaña en su contra, encabezada, según él, por los vecinos que se atreven a enfrentarlo y a quienes denigra sistemática y públicamente. Ducho en burlar a sus anchas toda clase de avisos, intimaciones, multas, denuncias y citaciones del Juzgado Letrado de Canelones, de la Intendencia, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Salud Pública y de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El mismísimo doctor Castilla, como si no bastara, reincidió una vez más, y ha vuelto a rociar sus plantaciones con agroquímicos contraviniendo abiertamente los numerosos dictámenes que pesan en su contra. A los pobladores de Paso Picón, al parecer condenados a ser envenenados ad infinitum, este asunto de nunca acabar les quita el sueño y les hierve la sangre.
Las fumigaciones fueron registradas durante tres días de la Semana de Turismo. Según las fuentes consultadas por Brecha, los pobladores de Picón –tenaces en el procedimiento– presentaron la denuncia una vez más ante la dependencia municipal correspondiente. Funcionarios de la Intendencia –que a esta altura rebosa de pruebas– volvieron a concurrir al lugar. Tras tomar fotografías, labraron un acta y anexaron todo lo recabado sobre el episodio al caudal de fundamentos que inculpan al productor en la justicia. De paso, hicieron otra denuncia en la comisaría local. Dichas actuaciones –y todas las denuncias por agresiones personales a los pobladores– se pliegan al expediente abierto en el Juzgado Letrado de Primer Turno de Canelones a raíz de la denuncia penal presentada por la Intendencia contra el productor, en agosto del año pasado. La medida fue categórica luego de que todos los organismos estatales implicados (y desconocidos por Castilla) argumentaban no contar con potestades suficientes para forzar al productor a cesar definitivamente con las fumigaciones, cuyos perjuicios en la salud de los vecinos ya habían sido certificados por el Msp.
DE VIVO. “Yo fui fumigado y amenazado por él. Muchas veces. Si quieren decir la verdad, acá la principal responsable es la justicia. En Canelones no existe la justicia. Hay denuncias penales desde el año pasado. Le aflojó los dientes a un vecino, nos ha fumigado a todos, ha amenazado a funcionarios públicos, ha amenazado a la intendenta. Jamás ha rendido cuentas ante la justicia, jamás se llamó a un testigo ni a ningún denunciante. Esto es de Macondo. Hasta ha amenazado gente con revólver. El tipo es un cowboy”, dijo a Brecha uno de los vecinos de Canelones respecto a los últimos episodios. Al punto de ser descrito como un empresario con ínfulas de señor feudal, la secuencia de los hechos sobre las fumigaciones en Picón, que tienen en el banquillo de los acusados al doctor Máximo Castilla, viene siendo narrada en detalle por este semanario desde principios de 2014 y no presenta señales de tener un desenlace próximo.
Debido a su persistencia en incumplir la normativa, Castilla fue sancionado con dos multas. Una por parte del Msp, luego de constatar que los químicos vertidos por el productor afectaron a los terrenos linderos y causaron notable perjuicio en la salud de los vecinos. El monto es de mil unidades reajustables, 800 mil pesos aproximadamente; la sanción más elevada que el organismo está autorizado a aplicar. Y una segunda multa proveniente de la Intendencia de Canelones, equivalente a un monto de 10 mil unidades reajustables. Según supo Brecha, Castilla no ha abonado ninguna de las sumas al día de hoy. Fuentes de la Intendencia de Canelones aseguraron a este semanario que, luego de expedida la sanción, el productor presentó descargos que están siendo estudiados en la División Jurídica de la administración, lo que luego pasará a ser votado por la Junta Departamental. Desde el Msp confirmaron a Brecha que los abogados del productor recusaron en dos oportunidades el pago. Pero, sin embargo, ratificaron que la postura del organismo es firme y está respaldada por la División Jurídica y por el propio ministro, quien ya firmó la resolución definitiva que le fue notificada a Castilla entre enero y febrero de este año.
Las expectativas suscitadas en torno a la denuncia penal presentada por la Intendencia contra el productor parecen diluirse en la falta de celeridad de la justicia para procesar el caso. Y sumado a la inacabable prepotencia de Castilla, se disipa la paciencia de quienes ven dañada su salud. En diciembre había sido agendada la primera audiencia judicial y –excusándose a través de un certificado médico– el sojero no asistió a brindar testimonio al juzgado. Los padrones de Castilla –cerca de 500 hectáreas– envuelven (literalmente) a los pobladores de Paso Picón, donde un halo de impunidad se eleva sobre el campo a la par de los químicos contra las pestes de la soja transgénica.