«Accidente de tránsito (despiste) con lesionado.» Fue lo que quedó escrito en el reporte de la Policía Científica, que llegó al lugar –un camino rural, en las afueras de la ciudad de Artigas– a las 0.20 del 22 de setiembre de 2020. Sobre el costado de la vía había una moto despistada. En ese mismo momento, una ambulancia se retiraba del lugar, llevándose a dos jóvenes presuntamente accidentados. Pero algo llamó la atención de uno de los funcionarios de Científica: «Cuando llegamos al lugar –le dijo más tarde al fiscal– se encontraban todos los superiores». Se refería al coordinador de la jefatura departamental, al comisario referente de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, a un jerarca de la seccional correspondiente, al jefe de la zona y a la oficial al frente del servicio. Consultado al respecto, agregó: «Ellos estaban todos alrededor del móvil, nadie se acercó, nosotros hicimos el trabajo y nos retiramos […]. No es común que ante un despiste estuvieran los superiores, todos, pero no cuestioné, ya que no corresponde, hicimos el trabajo con base en un despiste, y a las 5 a. m. cambió la versión».
«Se complicó la cosa. Llamó la doctora y dice que uno tiene un tiro en la cabeza.» Las palabras del coordinador de la jefatura departamental de Artigas –que constan en los documentos de la investigación fiscal– fueron transmitidas a través de una llamada telefónica, hecha a las 5 de la madrugada del mismo día, dirigida al encargado de Policía Científica, que horas antes había dado por cierta la versión del accidente de tránsito. De pronto, se trataba de un homicidio. Rápidamente se pudo reconstruir otra hipótesis, más cercana a la verdad: los dos jóvenes venían en motocicleta, en plena noche, por un camino rural, luego de sustraer y faenar tres ovejas en una estancia cercana; un productor rural dio aviso a la Policía y la moto fue interceptada por un móvil de la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (BEPRA); los policías declararon que dieron la señal de alto y que el aviso no fue respetado, luego dispararon, cuando la moto ya había pasado frente a ellos. El conductor del vehículo recibió el impacto en la nuca. Se llamaba Jhonatan Silvera y tenía 21 años. El acompañante se salvó de milagro. Los médicos constataron que la versión policial era apócrifa y enviaron a la víctima al Hospital de Tacuarembó, donde falleció más tarde. Ninguno de los jóvenes de la moto iba armado. A pesar de que se comprobó que dos de los policías integrantes de la BEPRA dispararon, no se encontraron casquillos en la escena. El coordinador de la jefatura tuvo que desdecirse, también, ante el entonces fiscal del caso, a quien le había dado inicialmente una versión falsa de lo ocurrido. La carpeta fiscal abunda en testimonios intrigantes con relación a cuál fue el papel de los superiores en el ocultamiento inicial del hecho.
«Una acción defensiva»: así definió, en su momento, el exministro del Interior Jorge Larrañaga el operativo de aquella noche. El ministro, hoy fallecido, hizo énfasis en las dificultades de visibilidad que enfrentaron los policías, destacó que la moto que conducía la víctima se desplazaba a «muchos quilómetros por hora» y opinó, de forma inexacta, que «el disparo no fue por la espalda. Fue de forma lateral, en el parietal derecho, creo. Esa es la información que yo tengo». El disparo, en realidad, ingresó por la parte derecha de la nuca. Cuando ocurrió la muerte de Jhonatan, la Ley de Urgente Consideración –que flexibilizó la normativa en favor de una mayor discrecionalidad policial– cumplía dos meses de aprobación.
«La investigación es cerrada para terceros», es la frase que repite, como un acto reflejo, la fiscal Sabrina Massaferro cada vez que se le consulta sobre el asunto. Oficialmente, Massaferro asumió funciones en la fiscalía de Artigas en mayo de 2021. Antes de su llegada al departamento, el caso pasó por dos fiscales –Hermes Antúnez y Raúl Iglesias–, quienes fueron los responsables de ordenar las primeras diligencias, pero no avanzaron en determinar responsabilidades. Consultada por Brecha, Massaferro tampoco dio detalles respecto a la razón por la que la investigación preliminar se ha dilatado por más de dos años, cuando gran parte de los indicios ya fueron recogidos (testimonios, autopsia, pruebas de parafina, rastreo de los móviles policiales, entre otros.). La fiscal incluso tiene en su poder, desde hace meses, un informe de Asuntos Internos del Ministerio del Interior en el que se detallan aspectos que pueden involucrar a las más altas jerarquías de la jefatura departamental. Dicho informe le ha sido vedado a la defensa de la víctima, quien puso sobre advertencia al fiscal general, Juan Gómez, esta semana. La Policía es una pieza fundamental de auxilio a los fiscales y Massaferro se enfrenta, desde que tomó contacto con el caso, a la compleja posibilidad de involucrar penalmente a las autoridades locales en un caso de homicidio. Los familiares esperan un desenlace antes del inicio de la feria judicial.
