En abril de 2020 el Poder Ejecutivo flexibilizó la normativa relacionada con el mercado de la vivienda promovida en todas sus aristas. Atendiendo las demandas de los promotores privados, se eliminaron los topes de comercialización, se ampliaron las renuncias fiscales, se barrieron las restricciones de construcción y se establecieron beneficios específicos para ampliar el mercado del arrendamiento de viviendas construidas bajo esta modalidad de exoneración impositiva. Las medidas no ayudaron mayormente a que las viviendas lleguen a los sectores de menores ingresos, como lo previó la normativa, pero abrieron las ventanas para que ingresaran inversiones extranjeras (véase «Renta promovida», Brecha, 1-X-21). Desde entonces se presentaron alrededor de 200 proyectos nuevos, todo un récord en comparación con los años anteriores. La empresa que presentó el proyecto de construcción más importante se identificó como LULEF SA.
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) declaró la promoción de este proyecto –bajo la modalidad de los beneficios tributarios previstos por la ley 18.795– a fines de julio de 2020. El proyecto de inversión previó la construcción de un complejo residencial en un terreno ubicado en la calle Osvaldo Cruz, del barrio Flor de Maroñas. En rigor, según los datos de la ANV, se trata del proyecto más ambicioso presentado hasta el momento en los diez años de vigencia de la ley de promoción de la antes llamada vivienda de interés social. La empresa presentó diez subproyectos, que contabilizan, en total, la construcción de 544 viviendas. Como consecuencia, la ANV calculó en casi 258 millones de unidades indexadas el costo máximo de la «adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a integrar el costo directo de la obra civil prevista en el proyecto», a partir del cual, según lo prevé la normativa, se devolverá el impuesto al valor agregado (IVA) de cada erogación hasta dos años después de finalizada la obra. Además, la declaración de proyecto promocional exonera a la firma del IVA por la enajenación de las viviendas construidas, del impuesto a las rentas de las actividades económicas por las rentas de los eventuales arrendamientos, del impuesto al patrimonio y del impuesto a las transmisiones patrimoniales por otras obras, enajenaciones y arrendamientos. La empresa queda obligada a presentar en la ANV los estados contables, las declaraciones juradas y los compromisos de compraventa o los contratos de arrendamiento para informar al Estado sobre el destino final de las viviendas promovidas.
La firma LULEF SA se constituyó en 2018. Fue registrada en Uruguay con José Ramón Brea González y Daniel Samuel Toledano Querub como directores y con Héctor Cubas Noguera como presidente de la sociedad anónima. Brea González es un empresario dominicano que, además, ha ocupado importantes cargos políticos en su país. Por ejemplo, está acreditado como cónsul diplomático de República Checa en República Dominicana y figura como integrante de Banreservas, uno de los principales bancos de América Central, que maneja fondos estatales. Pero resalta en su actividad empresarial. Junto con Toledano Querub, representa a la empresa constructora IBT Group, radicada en Panamá y con sede en Miami. IBT Group es parte de Eurofinsa, una empresa con negocios en decenas de países.
El principal nombre de Eurofinsa es Mauricio Toledano. Además de ser un exitoso empresario, estuvo vinculado al fútbol (fue tesorero de Real Madrid en los años noventa) y es un influyente integrante de organizaciones judías españolas, como la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid. Su empresa también se dedica a la filantropía. Se conoce que ha donado casi 400 mil euros a la Fundación Internacional Baltazar Garzón –fundada por el exjuez–, con el argumento de que se trata de una organización que contribuye a trabajar por la «justicia universal». También ha tenido cercanía con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, presidida por el expresidente español José María Aznar. La empresa también ha ocupado las primeras planas por asuntos incómodos. Recientemente la agencia tributaria de España protestó por las deudas que Eurofinsa y sus numerosas filiales tienen con aquella jurisdicción, que entre 2008 y 2010 ascendieron a 104 millones de euros. Según publicaron en 2020 algunos medios españoles –basándose en la filtración de documentos Luanda Leaks, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación–, entre 2012 y 2016 Toledano fue socio de la firma de alta joyería suiza De Grisogono. Esta empresa era propiedad de la hija del jefe de gobierno de Luanda, Isabel dos Santos («la mujer más rica de África»), cuyo principal negocio tiene que ver con la explotación y la comercialización de diamantes. El vínculo de Toledano y Dos Santos coincidió con el otorgamiento de contratos de obra a Eurofinsa y sus filiales en África, según El Confidencial, por un monto valuado en 300 millones de euros. A raíz de estos episodios, el ejecutivo fue investigado por corrupción en su país.
IBT Group, parte de Eurofinsa, ha tenido una intensa actividad en América Latina y también ha sido objeto de diversas denuncias internacionales, principalmente de la mano del dominicano Brea González. La última conocida tiene que ver con su vinculación con el escándalo de Petrocaribe. Con ese nombre el gobierno venezolano bautizó el plan energético que a partir de 2005 buscó cooperar con los países caribeños a través de beneficios crediticios y fondos para proyectos. Una investigación periodística publicada en 2019 denunció que parte del dinero inyectado por Venezuela para financiar la obra pública de algunos países acabó en pocos bolsillos. Haití fue uno de los perjudicados. A IBT Group le fue encargada, por ejemplo, la construcción de un mercado de pescado en la localidad de Fontamara. Pero, según la investigación de marras, esa fue una de los cientos de obras que quedaron sin finalizar. Tampoco se terminaron de construir un hospital y dos liceos. En 2018 las cuentas bancarias vinculadas a IBT Group fueron congeladas por el gobierno de Haití luego de que se confirmara, a través de auditorías, que el dinero recibido por la empresa no condecía con el avance de las obras.
Según el informe elaborado por periodistas de diversos medios,1 Brea González se granjeó «contratos estatales en toda la isla La Española y en Centro América», producto de sus vínculos en distintos círculos: «Brea González no es un extraño en República Dominicana: allí es el titular de más de 30 compañías, entre cementerios, importadoras de alimentos, medios de comunicación y hasta centros de almacenamiento de cordones umbilicales. En Panamá preside nueve más, entre constructoras, fábricas de combustible y una comercializadora de equipos mecánicos. [Su] compañía no ha pasado desapercibida en el istmo, debido a supuestos sobornos que fueron pagados al presidente panameño, Ricardo Martinelli, actualmente preso en su país, a través de un directivo de IBT Group que era cercano al gobernante centroamericano». En cuanto a Uruguay, los antecedentes públicos de IBT Group no son demasiado abultados. La empresa fue denunciada en el Parlamento por representantes de los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en ocasión de los llamados a licitación para la construcción del Hospital de Colonia.
El representante uruguayo de la firma LULEF SA, Cubas Noguera, tiene credenciales en el ámbito de la industria de la construcción. Formó parte de algunas empresas del rubro, pero quizás merece ser destacada su participación en la firma constructora OAS Ltda. El principal nombre de esta empresa era José Adelmário Pinheiro Filho. Leo Pinheiro, como se lo conocía, era el presidente de la casa matriz de la constructora brasileña OAS Ltda. cuando la operación Lava Jato develó el pago de coimas millonarias a cambio de contratos de obra pública y aportes ilícitos a campañas electorales, principalmente en Brasil y Perú. Su «delación premiada» fue una de las piedras angulares de la acusación contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Cubas Noguera figuraba como representante en el país desde 2007, conjuntamente con Augusto César Ferreira e Uzeda, representante de Asuntos Internacionales de OAS Ltda., también involucrado en el Lava Jato.
El de LULEF SA es el proyecto residencial más grande aprobado por la ANV dentro del régimen de exoneración fiscal para construir vivienda promovida. Quizás por esa razón la obra aún no ha empezado, a pesar de que fue aprobada en julio de 2020. La empresa todavía no consiguió que su permiso sea aceptado por la Intendencia de Montevideo (IM), debido a la envergadura de la obra. No obstante, en abril de 2021 la IM dio señales positivas: emitió un proyecto de decreto en el que se aprueba el Proyecto Urbano Encuentro Maroñas –tal es el nombre de la propuesta–, asignando un régimen específico de gestión del suelo, donde se instalarían 21 bloques de entre 16 y 40 viviendas cada uno y 182 plazas (mínimas) de estacionamiento. El decreto –aprobado con la anuencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse– propuso exonerar el proyecto del precio compensatorio por mayor aprovechamiento. También previó obras de uso público linderas con las construcciones. Por ahora, en el padrón 430951, correspondiente a la calle Osvaldo Rodríguez s/n, no hay más que un pastizal.
1. Participaron El Confidencial, Connectas, El Pitazo, Diario Libre y La Prensa Gráfica.
Una tarea diabólica
Jorge Chediak ante la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado, de la Cámara de Representantes, el 20 de mayo de 2021:
«El origen del dinero es una caja de Pandora. En algunos casos, conocerlo puede ser facilísimo: “Usted se compró un apartamento de 300 mil dólares en Punta del Este, pero usted es funcionario público. ¿De dónde sacó el dinero?”. Y la persona responde: “Mire, hace un mes vendí la casa de mis padres en 450 mil dólares. Acá está la escritura. Mis padres la compraron en 1943”. Perfecto; en ese caso, acreditamos el origen del dinero. En las inversiones de alto porte es una tarea diabólica. En este sentido, hemos puesto el ejemplo –porque lo aprendimos el año pasado– del otrora Hotel San Rafael. La Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo], por decisión del pliego de la licitación, tenía que hacer un informe favorable del origen del dinero y el beneficiario final para habilitar las inversiones en esta hipótesis.
Después de muchísimo trabajo se pudo acreditar el origen de algo así como 50 millones de dólares, en una inversión inicial del orden de los 300 millones de dólares. Nos llevó seis meses de trabajo con los asesores y el equipo de asesores del inversor principal llegar a una acreditación razonable de un origen de fondos lícito para esta inversión. Esa tarea terminó analizando empresas de Corea del Sur vinculadas a los seguros de vida y las pensiones a la vejez, algunas de las cuales cotizaban en bolsa. Por tanto, tuvimos que analizar cuáles son los controles que, para cotizar en bolsa, hace la bolsa de Corea del Sur. A nivel estatal, nadie tenía la menor idea de esto. Le preguntamos a todo el mundo, incluso a la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero]. Nadie sabía nada de la bolsa de Corea del Sur. Nos mandaban a hablar con fulano, etcétera.
Así que fue una tarea diabólica llegar hasta aquí. Sí parecen empresas lícitas, que manejan capitales lícitos, que pasaron los controles de la bolsa de Corea del Sur, que ya han hecho negocios parecidos, que tienen la disponibilidad en total de 250, 280 millones de dólares, que sí podían prestar a la estructura del inversor y demás. Todo eso fue diabólico. ¿Lo puede hacer un escribano? ¡No! ¿Un banco? Puede ser. ¿Un estudio con 22 abogados, 15 contadores y 17 escribanos, mucha espalda y tiempo? A lo mejor, sí. Lo cierto es que es un trabajo muy difícil. En las operaciones grandes, esto es muy difícil.»
Los reportes de operaciones sospechosas continúan la tendencia de 2020
Y, sin embargo, no se mueve
Aunque discrepan sobre la causa del descenso de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas, el BCU y la secretaría antilavado acordaron comenzar
una serie de «inspecciones quirúrgicas» sobre el origen de los capitales invertidos en el sector inmobiliario.
«Le puedo adelantar que ha continuado la tendencia», dijo a Brecha Jorge Chediak, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Se refería a la tendencia a la baja que durante 2020 registraron los reportes de operaciones sospechosas (ROS). «La tendencia a la baja no se ha revertido en lo que va de 2021», acentuó. Los ROS son señales de alerta que los llamados sujetos obligados de los sectores no financiero (contadores, compañías de seguros, escribanos, inmobiliarias, casinos, etcétera) y financiero deben emitir cada vez que se enfrentan a una transacción dudosa que puede configurar el manejo ilícito de capital.
La razón por la cual los sujetos obligados del sector no financiero reportaron menos operaciones sospechosas ha motivado un diferendo entre la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), del Banco Central del Uruguay (BCU), y la Senaclaft. En su informe anual de 2020, la UIAF advirtió que el descenso en un 10 por ciento de los reportes pudo deberse a algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La Senaclaft, por su parte, manifestó no haber encontrado evidencia directa de que esto haya sido así. «Hay varias cuestiones que pueden incidir. La LUC puede ser una. No tenemos un tiempo medible de la LUC como para decir que realmente lo fue. La baja de la actividad seguramente lo fue, porque los casinos estuvieron cerrados gran parte del año», explicó en el Parlamento Gustavo Misa, supervisor de fiscalización de la Senaclaft. La baja de la actividad fue una explicación que la secretaría puso, en todo momento, por encima de las hipótesis que involucran a la LUC. «Lo que nosotros no podemos hacer es lo que hizo la UIAF: achacar alguna responsabilidad a algún colectivo en particular, porque no lo sabemos, no tenemos elementos para decir: “Los escribanos reportaron menos que antes”. Aparentemente, los números dicen que sí. Ahora, no podemos comparar 2020 con 2019 o 2018, porque no son años iguales», añadió Misa.
En conversación con Brecha, Chediak incluyó como un elemento del análisis la «desventaja» con la que, a su entender, corren los sujetos obligados del sector no financiero a la hora de emitir un ROS: «Siempre la parte del león de los ROS la hace el sector financiero, básicamente porque el movimiento de los fondos inicia su penetración a través del sistema financiero. En Uruguay, sin embargo, tenemos que el sector financiero puede hacer los ROS en línea, en una computadora. Pero todos los sujetos obligados del sector no financiero los tienen que hacer de forma presencial. Aún no están habilitados para hacer los reportes en línea. Se está tratando de igualar, pero el reporte en línea aún no está operativo. Es bastante complicado. Imagínese la situación de un profesional en Rivera: tiene que bajar a Montevideo en persona y venir directamente al BCU, cuando una entidad bancaria puede hacerlo desde cualquier lado a través de un formulario electrónico. Creo que esa igualación va a facilitar, en la práctica, que cuando haya alguna duda los reportes igualmente se hagan».
Debido a que los reportes siguen cayendo, la Senaclaft acordó con el BCU una nueva estrategia. El 6 de setiembre la secretaría emitió un comunicado en el que explica que comenzará un «ciclo de actuaciones inspectivas en el sector inmobiliario», para conocer con rigor las razones de la ausencia de alertas contra el lavado de activos. «Como la tendencia se ha mantenido, acordamos con la UIAP –dado que nosotros somos los supervisores del sector– una suerte de prueba del nueve, de hacer una comprobación que nos deje a todos satisfechos. Por ende, lo que vamos a hacer en el sector vinculado a las transacciones inmobiliarias son inspecciones quirúrgicas, inspecciones puntuales basadas en nuestro propio análisis de riesgo», dijo Chediak. «Allá vamos a ir con inspecciones in situ y vamos a requerir no la totalidad de las operaciones en el período de ese escribano o esa inmobiliaria, sino tal operación concreta, tal cliente concreto, y a contrastar si el análisis de riesgo se hizo adecuadamente y, por ende, si la diligencia del negocio y del cliente fue la que correspondía», añadió.
A la pregunta de por qué se comienza por el sector inmobiliario (escribanos, inmobiliarias, promotores, constructoras, etcétera), el secretario respondió que se trata del sector más numeroso dentro del sector no financiero: «Hay que empezar en alguno de los sectores. Este sector es el más numeroso. Nosotros vivimos hablando de más de 13.500 sujetos colaboradores (o sujetos obligados) del sector no financiero que tiene la Senaclaft. Bueno, 8 mil de ellos son escribanos. Es decir, un poquito más del 50 por ciento de nuestros colaboradores están vinculados con operaciones del sector inmobiliario. Si le suma las inmobiliarias, son prácticamente el 60 por ciento. Empezamos con el sector más importante numéricamente».
