ESCENARIOS
Aunque una buena parte del sistema político no quiere discutir las cuestiones de fondo de la seguridad social y otra no quiere ni acordarse de que el tema existe, la elección nacional de octubre, según lo que suceda en el plebiscito, marcará un mojón fundamental para la política social y económica en los años futuros. En muchos de los años futuros.
No es arriesgado, por lo tanto, afirmar que su resultado puede ser tanto o más importante que el de la misma elección nacional. En efecto, los escenarios serán muy distintos si el plebiscito se aprueba o no, como también lo serán si gana el Frente Amplio (FA) o, en segunda vuelta, la coalición «multicolor».
De cualquier modo, los problemas de la seguridad social (que no son solo de déficits, supuestos o reales, sino, asimismo, y sobre todo, de la calidad de sus respuestas) seguirán planteados en el próximo período y el que gobierne deberá encararlos cuanto antes. Si el plebiscito es aprobado, ello significaría que el punto de partida será más favorable para los trabajadores y los pasivos, porque los efectos más regresivos de la reforma de 2023 habrán sido desactivados: el impuesto al trabajo que significa tener que aportar cinco años más para poder jubilarse ya no existirá, las rebajas a los montos de jubilaciones y pensiones aprobados el año pasado verán sus efectos contrarrestados por el aumento de los mínimos, y la dotación de jubilaciones y pensiones dejará de ser un negocio cuyo costo hoy pagan los trabajadores, una parte de cuyos aportes se destina a cubrir las comisiones de las «administradoras». Entre comillas porque, en realidad, no son eso, sino una suerte de corredor de bolsa que recibe del Banco de Previsión Social (BPS) los aportes que los trabajadores hacen a las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) y coloca ese dinero, bajo ciertas reglas, en el mercado financiero, cobrando por ello. Un buen negocio por donde se lo mire… si se lo mira del lado de las AFAP.
Si el plebiscito no se aprueba, en cambio, el punto de partida será el actual, aprobado por este gobierno luego de una serie de discusiones y consultas en las que solo sus representantes y el de los empresarios mostraron su acuerdo con las «soluciones» propuestas. Es bueno recordar que incluso el director del BPS en representación de los empresarios, José Pereyra, enrostró a los legisladores oficialistas cuando concurrió al Parlamento durante la discusión de lo que hoy es la ley 20.130: «Ustedes tienen la responsabilidad de votar una reforma que no es del agrado de los uruguayos, que no ha sido de su agrado, que no lo será» (El Observador, 10-II-23). Pero estaban los votos y se votó, más allá de todas las objeciones y disgustos.
EL FA EN SU LABERINTO
¿A cuál de los dos grandes bloques políticos que hoy actúan en el país le corresponderá enfrentar el problema a partir de marzo del año próximo? Más allá de los pronósticos y los deseos, está claro… que no está claro por ahora. Si la ciudadanía reelige a la coalición con su conducción herrerista, es claro que estarán firmes los 65 años (o más, si el gobierno lo entiende necesario y la medicina continúa sus avances), los mínimos seguirán siendo mínimos y las AFAP gozarán de buena salud y buenos dividendos. Y el dinero que el plebiscito impone destinar a un sistema jubilatorio decoroso (lo que impide, según el exministro de Defensa Nacional Javier García y otros connotados dirigentes del gobierno, destinarlo a eliminar la pobreza infantil) podría seguirse destinando a comprar lanchas de vigilancia y aviones de combate, concretando lo que el doctor García califica como «el mayor proceso de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas que se tenga conocimiento en el Uruguay» (Medios Públicos, 9-VII-24).
Si, por lo contrario, gana el FA, también está claro que hay un unánime rechazo a la reforma de 2023, no tan claro que lo haya a la de 1996, que creó las AFAP, y tampoco muy claro todavía cuáles serían las soluciones a proponer después del previsto diálogo social, cuya realización, en cambio, no suscita ningún rechazo.
En la orgánica del FA esas preguntas deberían responderse leyendo las bases programáticas (BP) aprobadas por el Congreso de noviembre de 2023 o, su resumen más conciso, las «33 prioridades programáticas para un plan de gobierno 2025-2030», aprobadas por la Mesa Política en abril pasado. Y ese sería el mandato para cualquier gobernante, incluido el ministro de Economía y Finanzas, sea Gabriel Oddone o Daniel Olesker, los candidatos que el doctor Andrés Ojeda propone para ese cargo, quizá como parte de su cruzada para derrotar al FA.
Y bien, en la página 35 de las BP, en el marco del diálogo a impulsar, se propone: «[…] generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad […]. Impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo), y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. Mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social. Revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más».
Puede que este texto, formulado y aprobado cuando ya se conocía el contenido de la papeleta del plebiscito, origine varias lecturas, pero la mía, por lo menos, es que propugna mantener la edad mínima para jubilarse en los 60 años, aumentar las prestaciones mínimas para llevarlas a niveles decorosos y eliminar el lucro de los pilares de la seguridad social, lo que aunque no suprima el ahorro individual, como hace la papeleta, sí suprime la participación de las AFAP, lucrativa si las hay. Y, en todo caso, la mención «al marco constitucional vigente al 1 de marzo de 2025» se atiene, como no podría ser de otra manera, a lo que se disponga en el plebiscito.
DIÁLOGO SOCIAL: CÓMO Y PARA QUÉ
El convidado de piedra en todo este asunto es el diálogo social que el FA propone como paso previo a cualquier otro en el tema de la seguridad social, diálogo al que concurriría con las propuestas recién vistas, de las que, sin embargo, no se habla mucho.
Y aquí empiezan las interrogantes: ¿qué diálogo social es el que se propone? ¿Quiénes participarán? ¿Cómo se desarrollará? ¿Qué resultados se esperan?, ¿propuestas concretas, ideas generales, un mapa de acuerdos y discrepancias? ¿Cómo se definirán esos resultados?, ¿con consensos, mayorías, mayoría con algún tipo de calificación? ¿Cuál será el escenario?, ¿el Parlamento, un ámbito específico? ¿Será sometido el resultado posteriormente a la consideración de la ciudadanía, mediante un plebiscito, para que tenga la máxima legitimidad posible?
Las BP del FA no dan respuesta a estas preguntas: solo se plantea que se propone «convocar a un amplio, democrático y genuino diálogo social entre todas las organizaciones políticas y sociales, representativas del conjunto de la sociedad, a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante los cambios y las mejoras que deben introducirse en nuestro sistema de seguridad social, atendiendo a las necesidades y características de la sociedad actual».
Y las BP menos dan respuesta a algunas preguntas clave: ¿por qué se espera que este diálogo dé un resultado distinto del que ya se dio en el ámbito de la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la Ley de Urgente Consideración, primero, en el Parlamento, después, y también en la discusión pública generada cuando se conoció la propuesta del gobierno multicolor? ¿Qué sucederá si el «mayor de los acuerdos posibles» no es suficiente, como puede presumirse, y solo conduce a un empate pírrico? ¿La búsqueda en un ambiente tan variopinto del «mayor de los acuerdos posibles» no conduciría solo al statu quo, con lo cual los ganadores seguirán ganando y los perdedores seguirán perdiendo?
Y ¿cómo se hará para zanjar la gran diferencia que existe en todo este asunto: de dónde deben salir los recursos que sustenten el sistema de seguridad social? ¿De los trabajadores, a través de mayores aportes, y de los pasivos, a través de menores prestaciones, que es la solución de la reforma multicolor? ¿O de sectores con capacidad contributiva que hoy no son afectados suficientemente porque seguimos esperando que los «malla oro» compartan un poco o porque, aunque el viento cambie, consiguen ser exonerados o directamente eludir el pago de sus contribuciones?
Todo asegura que si no se produjo antes otro cortocircuito del diálogo social, cuando se llegue a este punto saltarán todos los fusibles. ¿Qué pasará entonces? ¿Aceptaremos que, siendo los diálogos previos siempre buena cosa, y tanto mejor cuanto más amplios, profundos y francos, los grandes cambios no se hacen por consenso, sino construyendo hegemonías? Y que no hay mejor forma de legitimarlas que permitiendo que la decisión final la tengan todas y todos, lo que en este país se llama ejercicio directo de la soberanía por el cuerpo electoral: referendos y plebiscitos.
