Los días 12, 13 y 14 se realizó en París un coloquio internacional organizado por la dirección de Archivos Diplomáticos y la subdirección del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, el Instituto de Altos Estudios de América Latina, la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea, la Unidad de Investigación Mixta del Centro Nacional de Investigación Científica y el apoyo de diversas organizaciones académicas y gubernamentales francesas e internacionales. El objetivo central del coloquio fue iniciar una reflexión sobre el vínculo existente entre los archivos, la gestión de la memoria colectiva y sus modos de trasmisión. “Los archivos constituyen la memoria de las naciones y de las sociedades, fundan su identidad y son un elemento clave de la sociedad de la información. En la medida en que garantizan el acceso de los ciudadanos a la información administrativa y el derecho de los pueblos a conocer su historia, los archivos son esenciales para el ejercicio de la democracia, la responsabilidad de los poderes públicos y la buena gobernanza”, señala el Centro Internacional de Archivos. En la esfera individual, los archivos son instrumentos de prueba que permiten a los ciudadanos hacer valer sus derechos al acceder a información sobre las actividades y decisiones del ámbito público. Pero también representan un área de conocimientos y de investigación histórica. Son, por ello, un territorio de tensiones, especialmente cuando se trata de archivos sensibles. La tensión entre el derecho al olvido, la trasmisión de las memorias y la manera como los estados latinoamericanos posteriores a las dictaduras arbitraron estos temas estuvo en el centro del coloquio parisino, que contó con la participación de diplomáticos franceses y latinoamericanos, historiadores, juristas, archivistas y una importante representación de Uruguay experta en estos temas. El trabajo se concentró en los archivos diplomáticos franceses de los tiempos dictatoriales, desclasificados por primera vez al público, reveladores de datos poco conocidos y finos análisis políticos elaborados por los servicios diplomáticos en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Las dictaduras latinoamericanas legaron una memoria con escasas pruebas y testigos, que se construye laboriosamente desde la resistencia de las víctimas, a partir de territorios, objetos, testimonios, ausencias. Es una memoria de vacíos cargados de violencia, de silencios cómplices que ocultan o niegan las atrocidades cometidas. El coloquio tuvo el mérito de dar la palabra a diferentes protagonistas de la restitución de la memoria. La delegación uruguaya pudo evocar temas y realizar análisis que rara vez se escuchan en Uruguay. Como si las palabras de la memoria se liberaran con otro énfasis fuera del territorio de las violencias. José López Mazz comentó la creación y la gestión de los archivos nacionales para la búsqueda de detenidos de-saparecidos durante la dictadura; Isabel Wschebor analizó las
disputas simbólicas por el acceso a la información; Denis Merklen abordó desde los informes del embajador Jean Français los asesinatos del coronel Ramón Trabal en París y los fusilados de Soca, y el vínculo entre ambos hechos. En sus informes, el embajador atribuye el “exilio” de Trabal a sus posiciones en la interna militar y describe la agitación vivida en Montevideo en esos días. Muestra un menor interés por los fusilados de Soca, militantes tupamaros secuestrados en Argentina 40 días antes y ejecutados en Uruguay tras la muerte de Trabal. Los intereses de la embajada de Francia a partir de 1972 están centrados en los aspectos económicos de la relación bilateral, en la reacción frente a las explosiones nucleares francesas en el Pacífico o en las inquietudes del gobierno de Juan María Bordaberry por la película Estado de sitio, del francés Costa Gavras. Los informes dan cuenta además de la presencia de la inteligencia militar uruguaya en París.
Lorenzo Jalabert analizó los documentos diplomáticos del primer semestre de 1973, centrados en la interna militar. Para el embajador francés en Montevideo, los episodios de febrero y de junio de 1973 no representan un proceso continuo, sino una ruptura en la correlación de fuerzas en el ámbito civil y militar. Mientras que febrero es “peruanista”, en junio triunfan los sectores más a la derecha de las fuerzas armadas, los “brasileristas”, dice.
La última sesión del coloquio se interrogó sobre los alcances y posibilidades de la explotación judicial de los archivos. La jueza Mariana Mota describió el valor de los archivos como prueba en los procesos de graves violaciones a los derechos humanos en Uruguay. Gabriel Gatti aproximó su mirada sociológica desde su presentación “Desaparición, verdad y representación”, afirmando que ningún archivo es capaz de representar tal vacío.
Las reflexiones del coloquio no son más que un punto de partida, cuyo objetivo es consolidar, clasificar, proteger los archivos, analizar sus informaciones, cotejarlas con otras, con el fin de tejer una red de memorias sin las cuales no hay historia ni verdad ni justicia, pero, sobre todo, no hay legado para las generaciones futuras.