Sabina Frederic, antropóloga social y exministra de Seguridad de Argentina (2019-2021), ha publicado un libro revelador: Lo que el progresismo no ve (cuando aborda la seguridad) (Siglo XXI Editores). Se plantea allí una pregunta decisiva: ¿por qué los gobiernos progresistas promueven figuras y acciones en clave de seguridad punitiva o de derecha? Si bien el concepto de progresismo que se maneja en el libro es difuso, las derivas de varios gobiernos en la región en el campo de la seguridad son muy nítidas. Este libro condensa una reflexión elocuente y amarga de una experiencia de conducción política que quiso torcer el rumbo de las políticas de seguridad en Argentina y no pudo. El texto analiza los mecanismos estructurales y las dinámicas socioeconómicas y políticas que impiden el despliegue de una política progresista. ¿Por qué son escasos los intentos políticos contrahegemónicos?, ¿y por qué desaparecen sin dejar rastros? ¿Por qué siempre sobreviven esos personajes que sintonizan con la demanda a partir de la demagogia o las acciones espectacularizantes? Frederic parte de las personas –por ejemplo, el caso inquietante de Sergio Berni– para luego comprender los procesos.
No se puede reflexionar sobre las políticas de seguridad sin pensar las singularidades de una época caracterizada por la desaparición del estado de bienestar y la reconfiguración del campo de la estatalidad. En este contexto, el Estado ejerce una protección selectiva y deja vacantes que son llenadas por grupos que persiguen una alta rentabilidad ilegal, y que luego se convierten en una amenaza. En estas dinámicas, dice Frederic, muchas veces ubicamos a las Policías como chivos expiatorios de una trama más amplia e intrincada. Pues si las acciones de las Policías en el territorio –decimos nosotros– tienen que ser comprendidas en sus raíces constitutivas, también es cierto que se trata de dinámicas condicionadas por factores políticos y económicos más generales. No perder de vista este encuadre interpretativo es uno de los grandes méritos del libro.
Las presiones sobre el Estado a favor de la precarización, la informalidad, la ilegalidad y la segregación tienen como resultado la demanda de fuerzas represivas como herramienta única de regulación. Al frente del Ministerio de Seguridad, Frederic recibía pedidos de más represión y más policías, y en ese margen estrecho de acción priorizó el diálogo y la negociación para resolver conflictos, la división del trabajo policial para mejorar las capacidades coordinadas y la necesidad de presionar sobre redes criminales de gran escala. La autora construye un relato lúcido y aleccionador sobre el sentido último de la seguridad en los márgenes, donde el Estado se transforma en un espacio de disputas. Ni Estado perverso, ni Estado fallido: aquí la clave es comprender las dinámicas contradictorias sobre el control, la vigilancia y la seguridad.
Frederic plantea cuatro escenarios principales para su análisis. Primero, aborda el lugar de la represión como regulador de conflictos en los mercados de tierras y trabajo. Optar por la negociación y el diálogo, en medio de grandes presiones, deja al descubierto la fuente real de la reproducción de los problemas y el peso de los intereses en juego. Los conflictos por la tierra en Bariloche y las demandas de los trabajadores tercerizados en el ferrocarril, que desataron reclamos político-mediáticos a favor del uso de la fuerza represiva, supusieron un orden de legalidad subordinado a los intereses privados y concentrados; las desigualdades estructurales, la precarización, los intereses convergentes entre sindicatos, Estado y empresas tercerizadas le marcan el ritmo al sentido práctico de la represión y obturan cualquier posibilidad de abordaje alternativo.
El segundo escenario habla del gobierno de las Policías como gobierno de las periferias. Las contradicciones entre lo nacional, lo provincial y lo municipal habilitan pujas por la administración de las Policías como asunto decisivo en la gestión de las poblaciones en los márgenes. La necesidad electoral de mostrar seguridad provoca un desbalance fundamental:
según Frederic, las presiones por más saturación policial y patrullaje van en desmedro de las apuestas por una investigación criminal orientada a la desarticulación judicial de las redes delictivas más fuertes. El análisis se asienta en el caso del conurbano bonaerense y en cómo allí las necesidades de seguridad descuidan y se desentienden de las propias Policías, a pesar de una retórica protectora que no redunda en mejoras en las condiciones de trabajo y en los salarios. También aparece en el análisis el caso de Rosario, en el que el Estado amplió el número de «vidas asesinables». Desde su lugar de ministra, Frederic promovió la interpretación rigurosa de la investigación criminal producida por las agencias especializadas, que arrojó un diagnóstico discrepante con el que se sostienen los relatos político-mediáticos (más que grandes organizaciones criminales, lo que existe es una infinidad de clanes chicos).
La información criminal y su interpretación es un asunto clave para validar relatos y acciones, y, por lo tanto, para sostener porciones de poder. Cuando esa información tiene un uso monopólico (por parte de policías, fiscales, algunos políticos o incluso unos pocos periodistas), las sospechas de sesgos constituyen un verdadero riesgo. Lo que Frederic analiza para Rosario bien valdría para la realidad uruguaya de las últimas dos décadas. Definir un problema marca un curso de acción y, en el caso de la «guerra al narcotráfico», la persecución ha tenido prioridad antes que la disminución de los homicidios en los barrios periféricos. En definitiva, más que crimen organizado (organización cerrada, encapsulada, cartelizada), lo que hay son organizaciones orientadas a la rentabilidad a través de negocios ilícitos con estructuras y jerarquías atomizadas.
El tercer escenario se apoya en el problema de las «figuras expertas» y en los blindajes y las operaciones mediáticas. La autora reconoce la existencia de una narrativa predominante sobre la inseguridad, la que en última instancia define quiénes son los enemigos y quiénes merecen caer bajo sospecha. El espacio político-mediático se transforma en una usina de producción de sentido, basada en la inmediatez y la sobreinformación, y desde allí prosperan figuras de «autoridad» con derecho a aplicar castigos extrajudiciales (de nuevo, los nombres de Patricia Bullrich y Berni), se garantizan blindajes (quiénes tienen acceso a expresar opiniones) y se desatan operaciones para desviar la atención o generar presiones insoportables. Movilizar argumentos progresistas es estar dispuesto a enfrentar un auténtico desafío político, que muy pocos se atreven a tramitar en su radicalidad.
Por último, Frederic pone el foco en la relevancia de la investigación criminal. El Estado regula los mercados ilícitos y ante eso se desatan disidencias, no se asume el funcionamiento real de las organizaciones criminales (se da por sentado su volumen, estructura y solidez) y se materializan contradicciones y puntos ciegos. La necesidad de hacer pie en los dispositivos de la investigación criminal es clave para cualquier política de seguridad. También aquí el Estado es complejo, contradictorio y errático. La política ha reconocido que este es un camino ineludible, pero ¿cuánto se ha avanzado en eso?, ¿y dónde están alojados los verdaderos obstáculos?
El libro que hemos reseñado es un relato convincente de una académica reconocida que tuvo la oportunidad de asumir responsabilidades de gestión al más alto nivel. Su gran logro está en ubicar reflexivamente esa experiencia y reconocer que hay todo un arsenal de conceptos (que usamos al barrer) que quedan superados por tramas más amplias. El aporte de Frederic enseña y complejiza. Para promover una política progresista en seguridad, se necesita un esfuerzo colectivo mayor. Tal vez su mirada de lo progresista en seguridad sea estrecha y discutible: protección de las mayorías, reducción de las vulnerabilidades, persecución de los mercados ilícitos mediante la investigación criminal, promoción de los derechos y el bienestar para las Policías, utilización proporcional y profesional de la fuerza pública. Tal vez falten cosas o las que se enumeran haya que abordarlas de otra manera, pues el impulso fundamental tiene que incidir sobre las desigualdades y sobre las lógicas más profundas de las prácticas institucionales. Sin embargo, la agudeza, la profundidad y la valentía de este libro hacen de la autora una voz de referencia para transitar por estos derroteros tan difíciles.
