El viernes 10 de febrero, el Juzgado Penal de 6º Turno clausuró el proceso iniciado por Charles Carrera –director general de Secretaría del Ministerio del Interior– contra Pablo Ghirardo, abogado asesor de varios gremios estudiantiles y de trabajadores de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (Cseu) e integrante de la mesa de abogados del Pit-Cnt. El proceso culminó con una aclaración por parte del abogado, que había sido acusado de difamar a la Policía en declaraciones públicas. La noticia fue publicada originalmente en el portal del Ministerio del Interior, con el título “Abogado denunciado por difamación pidió disculpas a la Policía Nacional”. Horas después, el mismo texto fue subido a la web de la revista Caras y Caretas. Y horas más tarde, replicado del mismo modo por el diario La República. (Copiar y pegar el título se les habrá antojado una exageración.)
Los hechos: Carrera, síndico de la cartera dirigida por Eduardo Bonomi, resultó ser la voz cantante de la acusación contra el abogado, en ocasión de la desocupación de las oficinas centrales del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) en setiembre de 2015. Historia conocida: un grupo de la Policía entró en el edificio, expulsó a los estudiantes de secundaria que protagonizaban el mitin, y un tropel de la Guardia Republicana cargó contra los manifestantes que concentraban afuera en apoyo a la medida. Saldo conocido: denuncias penales contra los policías por maltratos en las detenciones, discrepancias en la interna de la Institución Nacional de Derechos Humanos, suspicacias de la central de trabajadores, sorpresa de algunos ante la decisión política del gobierno de encargar a la unidad de elite de la Policía la expulsión de los liceales y una generación marcada por la brutalidad policial. Y claro, una conferencia de prensa ministerial que insistió en tapar con un poderoso manto de verdad oficial todo cuanto había sucedido. Frutilla de la torta: ante declaraciones de Ghirardo (quien entonces era uno de los patrocinantes de las denuncias de los manifestantes) respecto de la actuación policial, el ministerio optó por denunciarlo por difamación.
La Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom) es una de las agencias gubernamentales más refinadas en su papel de difusión de las peripecias oficiales, destacándose por su denodada empresa de erigirse como guardián cerril de la administración de Eduardo Bonomi y sus políticas al frente de la Policía nacional. Lo saben bien los periodistas. Desde su cuartel general en el edificio de Mercedes y Julio Herrera y Obes, fabrica campañas sin parangón en el espectro de la administración central que incluye producción de noticias, filtración en el acceso de la prensa a declaraciones de los jerarcas, publicación de editoriales sin firma a propósito de la coyuntura política, y hasta un canal por Internet (estudio incluido) donde empleados que fungen de periodistas ponen a gusto a las autoridades.
Así funciona el frente propagandístico de una cartera que incluso ha pretendido liar a la Universidad de la República, por ejemplo, en su cruzada por legitimar los datos estadísticos respecto de la criminalidad en el país; “trabajar juntos para tener un cúmulo de conocimientos científicos que no puedan ser cuestionados ni siquiera políticamente”, en palabras del subsecretario Jorge Vázquez. Un símil en pañales del orwelliano supremo Ministerio de la Verdad.
Pues no la tienen difícil. Sobre todo con la asistencia descentralizada de un grupo de medios que insisten en ejercer un periodismo entre comillas. Claramente, en este caso, el diario La República y la revista Caras y Caretas. Aunque, huelga decirlo: generalmente la plantilla de colaboradores es mayor. Eficaces y desinteresados colaboradores, al mejor estilo del inefable quincenario El cambio.uy, de reciente aparición en los quioscos; “un medio comprometido con la continuidad de los cambios en Uruguay”. Vaya que sí.
“Con el pedido de disculpas se cierra un triste capítulo en el que se dijeron muchas afirmaciones falsas como las que merecieron esta denuncia y la retractación del denunciado.” Fue la frase con la cual la troica (Unicom, Caras y Caretas y La República) coronó el artículo. (Aunque sin emular la frase final, Telemundo también difundió la noticia con las mismas omisiones y el mismo tono, recogiendo obedientemente la semilla plantada por la unidad ministerial.) No obstante, tanto la afirmación como el resto no resisten la mínima lectura del acta de la justicia, en la que jamás se utiliza la palabra “disculpa”. Ghirardo aclaró que no tuvo intención de difamar ni injuriar a la Policía sino de llevar adelante la defensa de sus clientes. La abogada del ministerio aceptó la aclaración. Y el caso se cerró.
Pero hubo un párrafo del acta que se eligió pasar por alto. Y es la posición de la Fiscalía –quizás lo más sustancioso del proceso–: “El Ministerio Público entiende, como lo manifestó ya desde un principio, que las instituciones públicas, en este caso el Ministerio del Interior, no serían pasibles de ser atacadas por difamación. Más allá de eso estamos de acuerdo con la clausura de este proceso”. Conclusión: resulta que, según los denunciantes, las instituciones del Estado serían depositarias de algo como el “honor” o la “moral”, cualidades que habrían sido ultrajadas públicamente por el díscolo abogado. Un argumento que, desde el punto de vista de la Fiscalía, no es de recibo, pues no es posible contemplar un delito de difamación contra un organismo del Estado cual si fuera un ciudadano sujeto de derechos. Sin embargo, fue en virtud de esa entelequia que Ghirardo fue empujado a los tribunales por iniciativa del Poder Ejecutivo y señalado públicamente por el tridente mediático.
Habrá que recordar que el “triste capítulo” del Codicen al que se refiere el artículo, también incluye la infiltración de policías en las marchas estudiantiles, la utilización de un arma expresamente prohibida por la ley por parte de un oficial (de alto rango) de la Guardia Republicana, las detenciones callejeras arbitrarias sin orden de la justicia y las declaraciones de miembros del Poder Judicial –en su momento recabadas por Brecha– afirmando explícitamente que la Policía actuó con ánimos corporativos protegiéndose de las acusaciones y conduciendo la tarea de investigación. Por no hablar de los apremios contra los manifestantes durante las detenciones.
Habrá que aspirar, por otra parte, a que el hecho de abandonar el ejercicio del periodismo para convertirse en un boletín del gobierno nacional se convierta en un objeto de reprobación más atendible. Y esperar –pobres de nosotros– que los atentados contra los periodistas se puedan medir con la misma vara condenatoria que los atentados contra el periodismo.
Por lo demás, no se trata de Ghirardo. Sus gritos, sus cánticos de hincha, su lapidación pública a lo Irma Leites, el flash de su smartphone contra los escudos del Grupo de Reserva Táctica. No se trata ya de lo que sucedió o no en el Codicen aquella noche. Ni siquiera de las denuncias concretas de los manifestantes contra la Policía, que aún siguen su curso. Aunque a casi nadie le importe, en tiempos de “inseguridad pública”, el capítulo se cierra realmente con otro paso adelante de los insistentes influjos de autonomía de la “institución policial”; cobijada por sus mandos políticos, tolerada por el Poder Judicial y difundida por los medios de propaganda del gobierno.
Comuníquese, publíquese y archívese.
