La empresa debía asesorar a los “interrogadores” de la agencia en la aplicación de “técnicas de interrogatorio reforzado” para “inducir” información de detenidos en diversas cárceles extraterritoriales o clandestinas tanto en Guantánamo como en Irak, Afganistán y países europeos del ex campo socialista. Lo reveló la semana pasada el informe difundido por el Senado estadounidense tras años de investigaciones sobre los métodos utilizados por la agencia (véase contratapa de Jorge Bañales en el último número de Brecha).
El documento indica también que un millón de dólares fueron gastados en brindar cobertura y protección legal a los psicólogos. La cobertura “profesional” ya la tenían, de parte de la American Psychologist Association, Apa, la única organización de psicólogos de Estados Unidos que autoriza la participación de sus miembros en “actividades de defensa nacional”.
“Participar en roles consultivos en procesos de interrogación y recolección de información para propósitos relacionados con la seguridad nacional es consistente con el Código de Ética de la Apa”, se puede leer en un “Informe sobre ética profesional y seguridad nacional” elaborado por un equipo especial de la asociación.
En la investigación del Senado los dos psicólogos asesores son nombrados por sus seudónimos, “Dunbar” y “Swigert”, pero se sabe que se llaman James Mitchell y Bruce-Jessen y que dirigen la firma Mitchell. Jessen y asociados. Pues bien, Dunbar y Swigert elaboraron un “programa” tan fuerte que uno de los directores de interrogatorios de la Cia dijo que se les había ido la mano y renunció. Fue después de las torturas a las que fue sometido Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado del ataque a un buque de guerra estadounidense. Nashiri había ya pasado por el submarino, privaciones de sueño, encierros en “cajas” no más grandes que un sarcófago, plantones a repetición y otros suplicios, pero los psicólogos pensaban que podía aguantar más y se le podía “inducir” a que revelara más informaciones.
A Mitchell y a Jessen fueron a buscarlos por estos días varios periodistas para que comentaran algo sobre el informe del Senado. Jessen ni abrió la boca. Mitchell dijo que no se arrepentía de nada, que había obrado por un bien superior y largó una frasecita enigmática: “Hice lo mejor que pude”.
Ya en 2007 se había ventilado la presencia de psicólogos en los interrogatorios militares en las cárceles clandestinas yanquis. Decenas de sus pares lo habían denunciado en una carta abierta. No hay nada nuevo en esto que se difunde ahora, lo nuevo está en que se lo reconozca desde el Estado y a partir de un informe tan documentado como el que elaboró el Senado, dijo el ex agente de la Cia devenido en comentarista político Ray McGovern. “Casi que desde que se creó, desde los años cincuenta, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, la agencia es una escuela de torturadores”, y los métodos que usa, compendiados en instructivos calcados de los manuales de la Gestapo, la policía secreta nazi, abarcan el recurso a “especialistas” exteriores, como médicos o psicólogos, comentó.
En 1992, cuenta McGovern, el entonces secretario de Defensa Dick Cheney –que sería vicepresidente de George W Bush precisamente en la época comprendida en el documento del Senado y que la semana pasada calificó a ese informe de “mentiroso” y “lleno de mierda”– ordenó destruir una serie de manuales de la Cia. Decía Cheney que habían sido concebidos para adiestrar a militares latinoamericanos en la “guerra interna contra el terrorismo” y que tenían algunos contenidos que, de saberse, podían “afectar la imagen de Estados Unidos y dañar su prestigio”…