Ruben Sánchez lleva casi 40 años viviendo en Puerto Arazatí, una playa de barrancas y aguas claras, en las costas de San José, sobre el Río de la Plata. Hace 26 formó una familia a la que sustenta, principalmente, con su actividad de pescador artesanal.
Su vecino es Industrias Forestales Arazatí SA, una poderosa empresa comandada por el ingeniero Alberto Voulminot, que inició acciones judiciales reclamando el desalojo de los pescadores.
Es discutible que donde está la familia Sánchez sean terrenos de la empresa. Lo cierto es que argumentando razones de seguridad (por la posibilidad de incendios), Voulminot cerró la bajada a la playa con una tranquera, cortó la calle con zanjas que no permiten el pasaje de vehículos, y puso guardia armada en el lugar.
Hidrografía informó al –en aquel entonces edil socialista del FA– productor agropecuario y entusiasta usuario de la playa desde sus años mozos, Antonio Castro, que los terrenos al sur de la ruta eran fiscales. A la ruta la desaparecieron, primero porque la Intendencia no hizo el mantenimiento más allá de la entrada al establecimiento industrial, y después permitiendo que Voulminot le pusiera tranquera y milico jubilado, armado y prepotente, para cortar el paso.
Sánchez ayuda, a quienes concurren al lugar, a bajar los botes por la barranca y hace de atento anfitrión. Quizá el lector recuerde cuando volcó una embarcación en la zona y se ahogó una familia de cinco personas. Prefectura solicitó ayuda, para la búsqueda, al siempre solidario pescador, que fue quien encontró los cuerpos.
Con los votos de ediles blancos y frenteamplistas la Junta Departamental de San José aprobó una moción en la que reclama, al intendente José Luis Falero, expropiar el área de Puerto Arazatí y adoptar medidas cautelares para evitar nuevos juicios de desalojo contra los pescadores artesanales de la zona. La resolución se toma luego de considerar el caso de la familia Sánchez. Ayer trascendió que el desalojo se estaba efectuando temprano en la tarde.