El 26 de abril pasado la jueza Ana de Salterain dispuso el procesamiento con prisión de un hombre que la noche del 19 había herido de muerte a un policía. El 7 la jueza María Andrea Caamaño envió a la cárcel al responsable de haber asesinado, el 30 de marzo, a un traficante. El 6 de marzo la magistrada Silvia Staricco decretó prisión contra una muchacha que el último día de febrero había estrangulado a su propia madre. El 20 de febrero su colega Annabel Gatto de Souza remitió a prisión a un adolescente y a un joven que habían asesinado, el 16, a la pareja del primero. El 9 el doctor Humberto Álvarez hizo lo propio con un albañil que, el 5, había matado a su mujer de un macetazo. El 1 de febrero el juez Gustavo Iribarren decretó la prisión del policía que diera muerte a su esposa con la Glock de reglamento durante la noche del 30 de enero. El doctor Tabaré Erramuspe decidió el 19 de enero mandar a la cárcel a un hombre que la madrugada del 10 había arrojado un artefacto pirotécnico por la ventana de una vivienda causando un incendio que le costó la vida a una mujer que dormía en el lugar y lesiones al resto de los presentes.
De dos a nueve días. Eso es lo que vienen tardando los jueces para definir procesamientos en casos de presuntos homicidios en lo que va del año. Entre los expedientes publicados este año en la página del Poder Judicial, hay sólo dos causas en que la distancia en el tiempo entre muerte y procesamiento superó los nueve días: la de María Claudia García de Gelman y la de una mujer que habría abandonado a su hijo recién nacido.
Por eso puede decirse que es anómala la demora que se está viendo en el caso de los cuatro trabajadores muertos a raíz del incendio del depósito de la importadora Trick Ltda (también mencionada como Meteoro) ocurrido el 25 de octubre pasado cerca de Toledo. Ya pasaron más de seis meses. La indagatoria terminó el 1 de marzo, divulgó La Diaria el 2, pero la fiscal Silvia Méndez todavía no ha formulado su acusación.
“Sentimos y recordamos como nuestra esa barbarie en la que cuatro familias quedaron huérfanas de padre, de hermano, de hijo, por la negligencia de los patrones”, afirmó el representante del Sunca Fabián Maerro en su discurso del Primero de Mayo en la ciudad de San José. “El 25 de octubre de 2016 se produce el accidente laboral más trágico del año en la ciudad de Toledo, en la empresa Meteoro, donde fallecen cuatro compañeros que trabajan en pésimas condiciones de seguridad”, recordó. “Según el informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hacían tareas prohibidas”, agregó el dirigente y a continuación enumeró: “Manipulaban pólvora sin ninguna capacitación; no tenían habilitación de bomberos; las puertas de salida que tenían que ser batientes eran corredizas; la ropa no era la adecuada por la (electricidad) estática que producía; la puerta de emergencia estaba trancada con reja y candado, siendo ésta una trampa mortal para los cuatro trabajadores”. “Desde este acto exigimos a la fiscalía –que tiene el expediente hace ya cuatro semanas– que se expida y que se haga justicia, que pague él o los responsables de los asesinatos”, demandó.
No sólo perturba la lentitud del trámite ante los informes coincidentes acerca de las “pésimas condiciones de seguridad” tanto de los inspectores del Ministerio de Trabajo como de los técnicos del Cuerpo de Bomberos. Perturban también actitudes de la empresa que parecen dirigidas a obstaculizar la acción de la justicia. Cuatro días después de la deflagración los colegas de El País divulgaron que el secretario de la firma había ofrecido dinero a los familiares de las víctimas a cambio de silencio. El 16 de diciembre este semanario informó que en la investigación del accidente realizada por la Inspección General de Trabajo se consignaba que la doctora Gabriela Kozloviz, representante legal de la empresa, había tratado de impedir que los inspectores dialogaran a solas con los trabajadores y, al no conseguirlo, se dio maña para generar “un clima de tensión” que –en palabras de los inspectores– “alteró el flujo normal de las actuaciones”. Luego apareció un trabajador de la empresa con la “sensacional revelación” de que los muchachos muertos solían jugar a tirarse chasquibums lo que habría apuntado a dirigir sobre ellos la responsabilidad de lo sucedido, pero dicho testimonio ha sido cuestionado formalmente por la defensa de las víctimas que documentó que el testigo no sólo vive en las instalaciones de la empresa, sino que le debe dinero lo que lo convertiría en un deponente “sospechoso”. “El juego no se probó”, declaró a Brecha el doctor Óscar López Goldaracena, patrocinante de la familia de uno de los fallecidos, “es una conjetura que agravia la memoria de las víctimas”.
Eran Adrían Yanibelli, de 27 años, Víctor Cándido, de la misma edad, Johon Rodríguez de 21 y Damián Fajián, de 20.
Al cierre de esta edición la fiscal Silvia Méndez, con quien este semanario procura comunicarse desde el martes, todavía no ha explicado qué está esperando.
